Las protestas contra las plantas de biogás se extienden por Extremadura. En Plasencia, más de 700 personas participaron el pasado 23 de octubre en una concentración contra estas instalaciones. En Vegas Altas, vecinos de varias localidades han protagonizado movilizaciones contra otro proyecto. En Badajoz acaba de constituirse una plataforma ciudadana. Oliva de Plasencia y Miajadas figuran también entre los municipios donde estas iniciativas han encontrado oposición.
Los colectivos vecinales hablan de 35 plantas en tramitación. Unidas por Extremadura eleva a 36 los proyectos previstos en la comunidad. Son cifras que reflejan la dimensión del debate, aunque los recuentos varían según los proyectos y las fases administrativas que se incluyan.
El interés empresarial tiene una explicación. Extremadura cuenta con una importante actividad agrícola y ganadera que genera grandes cantidades de residuos orgánicos. Estiércoles, purines, restos vegetales y alperujo, procedente de la industria del aceite, pueden convertirse en materia prima para producir biogás y biometano.
De los residuos al negocio energético
El proceso consiste en descomponer materia orgánica en depósitos cerrados y sin oxígeno. Así se obtiene biogás, que puede utilizarse para producir electricidad y calor o depurarse para conseguir biometano. Este último puede inyectarse en la red gasista y comercializarse como energía renovable. El proceso genera también digestato, cuyo aprovechamiento agrícola depende de que cumpla los requisitos establecidos.
La tecnología permite valorizar residuos y reducir el uso de combustibles fósiles. Para las empresas, Extremadura ofrece materia prima y posibilidades de inversión en un sector en expansión. La producción de gas renovable se ha convertido así en una nueva oportunidad económica vinculada a la transición energética.
Pero las dimensiones de algunos proyectos han abierto otra discusión. Las plataformas quieren saber de dónde procederán los residuos, qué cantidad llegará desde otros territorios y cómo se gestionarán los materiales resultantes. También cuestionan el tráfico de camiones que necesitarán estas instalaciones.
Los pueblos, en contra de las macroplantas
Las plataformas vecinales insisten en que no rechazan necesariamente el aprovechamiento de residuos, sino el modelo de grandes instalaciones que se pretende implantar en algunos municipios.
En Plasencia, la planta proyectada prevé tratar unas 140.000 toneladas anuales. La plataforma contraria asegura haber presentado más de 2.500 alegaciones y reclama una moratoria hasta que exista una planificación regional. Su portavoz, Begoña Serrano, ha explicado que su oposición se dirige a las dimensiones de la instalación, no a la producción de biometano en sí misma. El colectivo defiende que las plantas deben guardar relación con los residuos disponibles en su entorno.
En Vegas Altas, las protestas se centran en otro proyecto que contempla el tratamiento de 212.000 toneladas anuales. El Ayuntamiento de Don Benito ha solicitado a la Junta que revise el procedimiento de evaluación ambiental. Los vecinos cuestionan los posibles efectos sobre el entorno, el tráfico y la gestión de los residuos.
Los olores, las emisiones, los posibles vertidos y la protección de los acuíferos aparecen entre las principales preocupaciones. También el impacto sobre actividades como la agricultura y el turismo rural. Las plataformas reclaman estudios rigurosos y garantías antes de que las instalaciones reciban autorización.
La Junta defiende la evaluación de los proyectos
La Junta de Extremadura mantiene una posición distinta. El Ejecutivo autonómico defiende el aprovechamiento de los recursos naturales y la llegada de inversiones vinculadas a la economía circular. Considera que cada iniciativa debe examinarse de forma individual y someterse a los controles ambientales y administrativos correspondientes.
La consejera de Industria, Energía y Territorio, Mercedes Morán, defendió esta postura el pasado 22 de octubre en la Asamblea de Extremadura. «Ni barra libre para los promotores ni prohibiciones por prejuicios. Garantía, evaluación y decisiones motivadas», afirmó.
La Junta sostiene que no concede autorizaciones de forma automática y que los expedientes deben cumplir las exigencias técnicas, ambientales y jurídicas. La Administración también defiende el derecho de Extremadura a aprovechar sus recursos y atraer inversiones estratégicas.
Un debate abierto
Las posiciones están claras. Las plataformas reclaman una moratoria y un plan regional que determine dónde pueden instalarse estas plantas, qué dimensiones deben tener y qué residuos pueden utilizar. La Junta apuesta por estudiar cada expediente y no cerrar la puerta a una actividad que considera una oportunidad económica y energética.
Quedan preguntas por responder: cuántos empleos estables generarán las instalaciones, qué beneficios dejarán en los municipios, de dónde vendrán los residuos y qué garantías tendrán los vecinos ante posibles incidencias.
Extremadura reúne condiciones para desarrollar esta industria. Las empresas han encontrado en sus recursos agrícolas y ganaderos una oportunidad de negocio. La Administración defiende su potencial para la economía y la transición energética.
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