Biometano: Una apuesta energética limpia que no despega pese a su gran potencial

Iba a ser la gran solución. La ‘cuadratura de la economía circular’: potenciales fuentes contaminantes (basuras, restos agrícolas y ganaderos, lodos de depuración, etcétera) pasarían a generar un combustible limpio con las mismas aplicaciones que el gas natural, pero generado aquí, y cuyo único ‘residuo’ sería, además, un eficaz fertilizante natural. 

Desperdicios convertidos en empleo rural y soberanía energética. ¿Qué más se puede pedir? Pues que se pase del dicho al hecho, y parece que no es tan sencillo como se pintaba. 

Empecemos por el principio. El biometano es un gas renovable prácticamente idéntico al gas natural. Se obtiene a partir del biogás, una mezcla de metano y CO2 que se genera cuando microorganismos descomponen materia orgánica en ausencia de oxígeno (digestión anaerobia). Una vez producido el biogás, se le retira el CO2 y otras impurezas hasta obtener un gas casi puro en metano: eso es el biometano. 

A diferencia de otras renovables, no requiere inventar infraestructura nueva. Según el informe Outlook for Biogas and Biomethane, de la Agencia Internacional de la Energía (IEA), el biometano es un sustituto directo del gas natural que no necesita modificaciones sustanciales en infraestructuras existentes como gasoductos, turbinas o calderas. Puede inyectarse en la red de gas, almacenarse y usarse como combustible de transporte o emplearse en procesos industriales que son difíciles de electrificar. 

Las materias primas son residuos orgánicos: estiércol y purines ganaderos, restos agrícolas, lodos de depuradora, fracción orgánica de la basura urbana, residuos de la industria agroalimentaria, biomasa forestal o los llamados cultivos intermedios (los que se siembran entre dos cosechas principales). 

El proceso deja, además, un subproducto llamado digestato, un eficaz fertilizante orgánico que puede sustituir parte de los abonos minerales. 

España, en la élite (en teoría) 

Según el Estudio de la capacidad de producción de biometano en España, elaborado por Sedigas (la patronal del sector gasista) junto con PwC y la consultora Biovic, España cuenta con un potencial total accesible de 163 TWh al año, una cifra que situaría al país entre los tres de la Unión Europea con mayor capacidad de desarrollo de este gas renovable. 

Esto supone cubrir alrededor del 45% de la demanda nacional de gas natural y, según los cálculos de la patronal, su desarrollo habría supuesto un ahorro de hasta 4.000 millones de euros en la factura energética de los consumidores. 

El reparto por comunidades no es homogéneo. Castilla y León lidera el ranking con 37,78 TWh, el 23,2% del total nacional. Le siguen Andalucía, con 23,62 TWh (14,5%), y Castilla-La Mancha, con 20,37 TWh (12,5%); entre las tres acaparan la mitad del potencial del país. Extremadura aparece en quinta posición, con 12,78 TWh al año, el 7,8% del total nacional, según el desglose de Sedigas. 

Pero el desarrollo real va muy por detrás. El propio informe de la patronal reconoce que el apoyo de las administraciones españolas ha sido prácticamente inexistente a lo largo de los años, y aunque se han dado los primeros pasos con la Hoja de Ruta del Biogás, persisten barreras administrativas, regulatorias, económicas y fiscales. 

La comparación europea es elocuente: según datos de Sedigas y Fachverband Biogas (Asociación Alemana de Biogás), en diciembre de 2025 Alemania contaba con 290 instalaciones de biometano frente a las apenas 24 de España (0 en Extremadura), a pesar del potencial que se le atribuye al país. 

El informe de la IEA, que ha hecho el análisis geoespacial más completo hasta la fecha sobre el sector a nivel mundial, sitúa el contexto: a escala global se estima que sería técnicamente viable producir cerca de un billón de metros cúbicos equivalentes de gas natural al año a partir de residuos orgánicos sostenibles, una cuarta parte de la demanda mundial actual, aunque menos del 5% de ese potencial está hoy aprovechado, y la Unión Europea es la región que mejor lo explota, en torno al 40%. 

Más que kilovatios 

El atractivo del biometano tiene, además, otras derivadas. El informe de la IEA insiste en que sus beneficios indirectos son tan relevantes como la producción de gas. Como ya se ha indicado, gestiona residuos que de otro modo generarían emisiones o terminarían en vertederos, genera un subproducto fertilizante que reduce la dependencia de abonos sintéticos y crea empleo estable en zonas rurales, ya que la mayor parte de los costes de producción se quedan en la economía local. 

También aporta seguridad de suministro: al ser un recurso producido cerca de donde se consume, refuerza la autonomía energética y, al poder almacenarse y activarse a demanda, sirve de respaldo a las renovables intermitentes como la eólica o la fotovoltaica. 

En el plano climático, su potencial de mitigación es notable cuando se produce a partir de residuos ganaderos: evita que el metano —un gas de efecto invernadero unas treinta veces más potente que el CO2 en términos de potencial de calentamiento global en un horizonte de 100 años— se libere de forma incontrolada durante el almacenamiento de purines o estiércol. 

Según los cálculos de Sedigas para España, el desarrollo completo del potencial nacional evitaría la emisión de 8,3 millones de toneladas de metano que de otra manera se liberarían por la descomposición natural de esos residuos. 

Matizando: condicionantes que no se deben ignorar 

Pero el optimismo de los informes sectoriales no debe ocultar las advertencias de quienes estudian el biogás desde la ingeniería ambiental. Xavier Flotats, profesor emérito de la Universidad Politécnica de Cataluña, resume así el problema de fondo en la publicación especializada Retema: "Tenemos potencial para producir biometano, pero hay incertidumbres y no todo puede basarse en grandes cifras teóricas". 

Flotats sostiene que buena parte de las estimaciones de potencial dependen de variables inciertas (disponibilidad futura de cultivos intermedios, modernización de las granjas, evolución del sistema alimentario, entre otras) y reclama trabajar con "escenarios progresivos y realistas" en lugar de discursos basados en cifras agregadas. 

El balance ambiental, además, no es automático. Según el propio informe de la IEA, la evidencia disponible sugiere que las plantas de biogás emiten, en promedio, metano equivalente a entre el 2% y el 5% de su producción, debido a fugas durante el almacenamiento del digestato, la recepción del residuo o el propio proceso de purificación del gas. 

Si esas fugas no se controlan, el beneficio climático se reduce o, incluso, desaparece. Flotats es tajante: "No puedes querer hacer biogás una vez las deyecciones han estado almacenadas cuatro meses", porque para entonces buena parte del metano ya se ha liberado. 

Económicamente, el biometano tampoco compite hoy de forma natural con el gas fósil. Según la IEA, producir biometano cuesta de media unos 18 dólares por gigajulio, cinco veces más que el coste medio de producir gas natural. 

Esa brecha de costes explica también la resistencia de parte de la industria española a las obligaciones de consumo que planea el Gobierno. Así, la Alianza para la Competitividad de la Industria Española ya ha mostrado su temor a que la regulación les obligue a que el biometano suponga el 6% de su consumo de gas, lo que significaría, según esta organización, una fuerte pérdida de competitividad de la industria española. 

El rechazo social, la guinda del pastel 

El choque entre el potencial y la realidad se evidencia aún más cuando llega el momento de construir una planta concreta. Flotats introduce un matiz que rara vez aparece en el debate público: "Hay proyectos que merecen rechazo social y proyectos que merecen ser defendidos". No todo rechazo es irracional, sostiene, porque buena parte de la desconfianza viene de experiencias previas con instalaciones mal diseñadas: "Cuando hay referencias de mal diseño o instalaciones hechas sin tener en cuenta mínimos de seguridad y control ambiental, eso tiene consecuencias". 

Los motivos de rechazo son variados. Por un lado, el tráfico de camiones con residuos, el olor y el temor a la contaminación de acuíferos por filtración de digestato. Por otro, el experto apunta a un problema de fondo: muchos proyectos son foráneos, promovidos por grandes inversores ajenos a las necesidades locales, sin que los propios ganaderos o agricultores participen del proyecto desde el inicio. "No tiene sentido transportar purines decenas de kilómetros simplemente porque allí existe conexión a la red de gas", advierte, en referencia a proyectos que priorizan la cercanía a infraestructura gasista sobre la lógica territorial del residuo. 

Esa dinámica se observa con claridad en Extremadura. En Plasencia, la empresa Norbiogás Biometano IV tramita desde hace meses una planta para tratar 139.120 toneladas anuales de residuos (purines, restos de almazara y de industria agroalimentaria). 

El proyecto ha topado con el rechazo frontal del Ayuntamiento, que sostiene que el PGM (Plan General Municipal) no permite la instalación, y de la oposición. Además, la proximidad de las elecciones municipales lo complica todo aún más. 

La Junta de Extremadura, por su parte, ha defendido la tramitación frente a lo que calificó de "vetos ideológicos", argumentando que "este Gobierno no está actuando con perjuicios ideológicos, sino para aplicar la ley" y que cada proyecto se analiza "con máximo rigor técnico, ambiental y jurídico". 

Y el caso de Plasencia es solo un ejemplo entre los más de 200 proyectos en distinto grado de tramitación que existen hoy en España, según cifras de Sedigas, y resume bien la tensión entre la necesidad de impulsar el sector y la exigencia local de garantías. 

Cómo atenuar el rechazo 

Las recetas que plantean tanto los expertos como el propio sector pasan por varios frentes complementarios. El primero es la participación local desde el origen: proyectos en los que ganaderos, agricultores o industrias agroalimentarias de la zona son parte del proyecto, y no solo proveedores de materia prima para un inversor externo. 

El segundo es la transparencia y los controles ambientales reales: cierre hermético de los tanques de digestato, programas de detección y reparación de fugas de metano, y límites estrictos al radio de transporte del residuo, minimizando los desplazamientos de purines o estiércol. 

El tercer frente es regulatorio. Flotats apunta al futuro sello de excelencia ambiental y territorial que prepara el Ministerio para la Transición Ecológica, pensado para fijar criterios homogéneos sobre distancias mínimas a núcleos de población, gestión de nutrientes y procedencia de los residuos. 

Sedigas, por su parte, lleva tiempo reclamando una "Guía Única" estatal, en cuya elaboración participen los ayuntamientos, que homogeneice los 17 procedimientos de tramitación distintos que existen hoy, uno por comunidad autónoma, y que en muchos casos alargan los plazos de autorización hasta los siete años. 

Finalmente, el experto insiste en que la mejor defensa frente al rechazo social es que cada planta pueda demostrar, con datos verificables, que mejora los indicadores ambientales de su entorno: "Si una planta de biogás solamente enseña que va a producir tantos gigavatios al año, no está diciendo nada que pueda afectar positivamente a las personas que viven allí". 

Situación de partida de Extremadura 

Según el desglose de Sedigas, Extremadura podría albergar 164 plantas de biometano (94 de tipo agroindustrial, EDAR o residuos urbanos; 54 de cultivos intermedios y 16 de biomasa forestal residual), con una inversión potencial asociada de 3.224 millones de euros y la generación de unos 4.700 empleos directos e indirectos en su operación y mantenimiento. 

La realidad actual está muy lejos de esa cifra: a día de hoy el grueso de la actividad en la región se concentra en un puñado de proyectos en distintas fases de tramitación, sin que se haya consolidado todavía ninguna planta operativa. 

A escala nacional, el sector mantiene cierto dinamismo inversor: la sociedad KamBIO, participada por Valoriza y Kira Ventures, anunció en junio de 2026 una inversión de 400 millones de euros para desarrollar veinte plantas de biometano en varias comunidades, entre ellas Extremadura, aunque el grueso de proyectos concretos y con calendario público en la región sigue siendo limitado. 

Una última cuestión es ver qué tipo de residuo sería el que tendría mayores posibilidades para una futura red de plantas de biogás en la región. Aquí priman los criterios de disponibilidad, proximidad y coste logístico frente al potencial energético teórico de cada fuente. 

En este punto, Extremadura tiene una ventaja comparativa clara: es una de las grandes regiones ganaderas de España. Concentra una cabaña ovina que representa más de una cuarta parte del censo nacional y una notable presencia de porcino extensivo ligado a la dehesa, además de ganado bovino. Esa concentración genera, de forma constante y localizada, grandes volúmenes de purines y estiércol que hoy son, sobre todo, un problema ambiental: su almacenamiento prolongado en balsas abiertas libera metano y amoniaco a la atmósfera y supone un riesgo de contaminación de acuíferos por filtración de nitratos. 

Ahí es donde el biometano puede tener un encaje lógico, no solo como fuente energética sino como solución de retirada de un residuo contaminante: tratar los purines en una planta cercana a las explotaciones evita esa exposición prolongada de las deyecciones, captura el metano que de otro modo se escaparía sin control y devuelve un digestato que puede aplicarse como fertilizante en los mismos terrenos de origen, cerrando el ciclo sin necesidad de transportar el residuo a largas distancias. 

Es exactamente el criterio que defiende Flotats: minimizar el recorrido de un residuo con alto contenido de agua y baja densidad energética, situando la planta cerca de donde se genera el problema y no cerca de donde haya conexión a gasoducto. 

Junto a los purines, los datos de Sedigas confirman que en Extremadura el grueso del potencial recae también en la agricultura (con un peso considerable de los cultivos intermedios, que no compiten con la producción de alimentos porque se siembran entre dos cosechas) y, en menor medida, en la biomasa forestal residual de las dehesas y montes de la región. 

Esta última resulta más cara de aprovechar y, sin un sistema de gestión forestal activa que la movilice, su disponibilidad real es más incierta que la de los residuos ganaderos, que se generan cada día con independencia del precio del mercado energético. 

La combinación más viable a corto plazo, por tanto, pasa por la codigestión: mezclar purines y estiércol (ricos en nitrógeno, pero de bajo rendimiento por sí solo) con residuos agroalimentarios o cultivos intermedios, más ricos en carbono, para maximizar el rendimiento de metano por tonelada tratada. Es la misma lógica de "biogás bien hecho" (Biogas Done Right) que aplican países como Italia, y que en Extremadura tendría además un valor añadido evidente: convertir en negocio rentable (y en herramienta de descarbonización) la gestión de un residuo que hoy sigue resolviéndose de forma poco controlada.