Extremadura entra en una de esas semanas que marcan época. Lejos de los focos, sin filtraciones interesadas y con más mensajes cruzados que fotos oficiales, Partido Popular y Vox apuran las horas para cerrar —o al menos encarrilar— un acuerdo que podría sostener el gobierno autonómico durante los próximos cuatro años. El reloj corre: este martes, 20 de enero, se constituye la Asamblea de Extremadura y, para entonces, ambas formaciones saben que llegar sin una hoja de ruta común sería una señal de debilidad política y de incertidumbre institucional.
Las conversaciones existen. Son reales. Y se producen en un clima de máxima prudencia como señalan las fuentes consultadas. No hay comunicados triunfalistas ni escenificaciones públicas. Lo que hay son reuniones discretas, llamadas telefónicas y un objetivo compartido: evitar que Extremadura quede atrapada en un bloqueo político que nadie quiere explicar después a los ciudadanos y traiga consigo una nueva convocatoria electoral.
Sobre la mesa, tres grandes consignas: un acuerdo global de legislatura que abarque Ejecutivo y Parlamento regional; un pacto programático con medidas claras que ambos puedan defender sin rubor; y un compromiso firme para sacar adelante los presupuestos año tras año. No se trata solo de investir a María Guardiola, sino de garantizar que la Junta y la Asamblea caminen en la misma dirección durante toda la legislatura.
Del apoyo externo al gobierno compartido
El contexto es nuevo. Vox ya no quiere ser un socio que se limite a facilitar investiduras. Quiere gobernar. Así lo ha dejado claro su presidente nacional, Santiago Abascal, y su portavoz también nacional, José Antonio Fúster. Ambos insisten en que entrar en el Ejecutivo es la única forma de asegurar que sus políticas se implementen en ámbitos clave: campo, inmigración, educación e industria.
El salto cualitativo no es menor. No es lo mismo negociar una abstención que repartir poder real. Y ahí aparece una de las grandes dificultades: el PP tiene que integrar a un socio con una agenda propia muy marcada, y Vox tiene que asumir que formar parte de un gobierno implica ceder, modular y transaccionar. En este escenario, el candidato de Vox, Óscar Fernández, se ha convertido en el eje de la negociación. Todo apunta a que sería vicepresidente de la Junta si el acuerdo llega a buen puerto aunque no hay nada cerrado al respecto. Junto a él, la secretaria general adjunta del partido, Montserrat Lluís, respalda el proceso desde la dirección nacional. Por parte del PP, la negociación es cien por cien extremeña: María Guardiola y el secretario general del partido, Abel Bautista, llevan el timón.
La sombra de la desconfianza
Pero hay algo que sobrevuela todo el proceso: la desconfianza. Vox teme que, si no entra en el Gobierno, el PP no cumpla lo pactado. Lo dicen sin rodeos. “Nos han engañado otras veces”, ha llegado a afirmar Abascal. Y esa percepción explica por qué ahora exigen cargos ejecutivos: "no por el sillón, sino por la capacidad de controlar que las políticas acordadas se ejecuten", dicen.
En el PP, el discurso es distinto. Guardiola insiste en que lo importante no son los puestos, sino la hoja de ruta. Habla de estabilidad, de crecimiento, de pensar solo en Extremadura. Reivindica autonomía frente a Madrid y pide lo mismo a Vox. Pero al mismo tiempo, deja claro que hay líneas que no se pueden cruzar: algunas de las más de 200 medidas que Vox puso sobre la mesa en la negociación presupuestaria chocan —según el PP— con la legalidad vigente.
Así que el equilibrio es delicado: ceder sin romperse. Avanzar sin desdibujarse.
La presión del calendario
Todo se acelera ahora. Mañana domingo y el lunes son claves para cerrar un pacto in extremis. Si el martes la Asamblea se constituye sin acuerdo, el PP se quedará con tres de los seis puestos de la Mesa por su mayoría: la presidencia, la vicepresidencia 1ª y una secretaría. El PSOE, por su parte, obtendría otros dos puestos: la vicepresidencia 2ª y una secretaría. Y Vox solo obtendría una secretaría (la 3ª) siempre y cuando el PSOE no pactara con Unidas por Extremadura darle parte de sus votos y que ese puesto fuera para la formación de izquierdas. En este hipotético caso Vox quedaría fuera del órgano de control del Parlamento, un mensaje político que denotaría falta de experiencia y motivación. Con un acuerdo cerrado PP+Vox de antemano sumarían 40 escaños (29 del PP y 11 de Vox), lo que se traduce en cuatro puestos a repartir entre ambas formaciones dejando otros dos para el PSOE.
Por tanto, nadie quiere llegar al martes sin algo cerrado, aunque sea un esqueleto de pacto. Porque el coste de no hacerlo no sería solo institucional: sería narrativo. ¿Cómo se explica a los extremeños que, con los números sobre la mesa, no se haya sido capaz de construir una mayoría? ¿Para qué se convocaron elecciones anticipadas?
Un pacto que va más allá de dos partidos
Lo que está en juego no es solo un acuerdo entre PP y Vox. Es la forma en que Extremadura encara los próximos cuatro años. Presupuestos, leyes, inversiones, políticas públicas… todo depende de que haya una base sólida. Y eso exige algo más que afinidad ideológica: exige confianza mutua y sentido de región.
Guardiola ha dicho que “Extremadura no puede parar”. Vox afirma que no está dispuesto a que se frustre el cambio político que votaron sus electores. Ambos discursos, en el fondo, hablan de responsabilidad. Pero mezclar ambos partidos, con amplias diferencias a pesar de una ideología compartida, hace difícil la mezcla, máxime si se tiene en cuenta que se han estado pegando y lanzando pullas hasta hace cuatro días.
Extremadura asiste estos días a una negociación que no se juega en titulares ruidosos, sino en salas pequeñas y conversaciones privadas. PP y Vox saben que no basta con entenderse: tienen que convencerse. De que este acuerdo no es un apaño para salir del paso, sino un proyecto de legislatura.
Ambas formaciones están, en la práctica, obligadas a llegar a un acuerdo: sin un pacto, la gobernabilidad de la región se complicaría y habría que convocar nuevos comicios, escenario que no quieren ni desean ninguno de los dos. Por eso, lo más presumible es que antes del martes se cierren las bases de un acuerdo que permita iniciar la legislatura con estabilidad y continuidad, definiendo así el rumbo político de Extremadura para los próximos cuatro años.
Añadir La Portada de Extremadura como fuente preferida de Google de forma gratuita.
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.