La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, ha rechazado los planes del Gobierno central para aprobar de forma inminente el Real Decreto que regula los centros de datos y ha advertido de que esa decisión podría comprometer el futuro de la comunidad autónoma y de España. Manzano, que también es consejera de Hacienda y Administración Pública, hizo estas declaraciones en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, al ser preguntada por este asunto.
La portavoz autonómica aseguró que el decreto ya ha sido objeto de críticas por parte del Ejecutivo regional porque, según dijo, “sin duda afecta de manera directa” al desarrollo de proyectos “tan importantes” previstos en Extremadura. A su juicio, las reglas están “marcadas y muy bien definidas legalmente para todos” y, en una etapa en la que las Cortes Generales están disueltas, debe prevalecer el “máximo respeto institucional” y constitucional, además del ordenamiento jurídico que “todos hemos jurado o prometido cumplir”.
Manzano sostuvo además que este tipo de decisiones “al final exceden de cuáles son las competencias que tiene que llevar a cabo un Gobierno que se encuentra en funciones”. En ese contexto, reclamó que se deje decidir a la ciudadanía: “Dejemos que hablen los españoles y que decidan cuál es el futuro que quieren para su país”, afirmó, antes de insistir en que no se adopten medidas que, en su opinión, puedan “comprometer el futuro de toda una nación” y también “el futuro de una región”.
Reclamación de respeto institucional
La portavoz del Gobierno extremeño pidió que se tenga presente el interés general al adoptar decisiones que, según defendió, tienen “una incidencia negativa en el futuro” de la economía regional. También llamó a que todos sean “conscientes” de qué se puede hacer y qué no cuando un Ejecutivo está en funciones y se ha dado la palabra a los ciudadanos.
En paralelo, Manzano se refirió al pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre la suspensión cautelar de la conocida como Ley de nietos. En ese punto, abogó por mantener la “máxima lealtad institucional” y reclamó respeto a esa decisión judicial.
La portavoz extremeña vinculó esa petición de respeto institucional con la convocatoria electoral y pidió que extremeños y españoles acudan el 29 de noviembre a las urnas para decir qué gobierno quieren. Según explicó, el proceso debe desarrollarse “con las mayores garantías jurídicas y legales existentes”.
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