El Gobierno prevé llevar este martes al Consejo de Ministros el real decreto ley de vivienda, en un momento en que las negociaciones con sus socios parlamentarios siguen abiertas y con varias formaciones, entre ellas Sumar, advirtiendo de que el texto aún no cuenta con un respaldo cerrado. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, dirigido por la socialista Isabel Rodríguez, mantiene su intención de aprobarlo tras el desahucio en Madrid de la anciana de 87 años Maricarmen, un caso que ha provocado una acampada del Sindicato de Inquilinas en la Puerta del Sol como medida de presión.
El Ejecutivo ha adelantado que el decreto incluirá medidas urgentes para defender el derecho a la vivienda, entre ellas la protección frente a los desahucios y la estabilización de los contratos de alquiler. Vivienda trabaja con los grupos parlamentarios en un paquete de diez ámbitos de actuación cuya concreción sigue en negociación. Entre las propuestas que se han puesto sobre la mesa figuran la regulación del alquiler de temporada, la aplicación del IVA a los pisos turísticos, bonificaciones fiscales para inquilinos y propietarios que rebajen rentas, ayudas para la compra de primera vivienda y el blindaje del parque estatal de vivienda.
Las discrepancias dentro de la coalición
Sumar ha advertido de que el acuerdo sobre el texto sigue muy lejos. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha defendido que el decreto debe incluir “sí o sí” la prórroga de los alquileres, la protección frente a los desahucios, la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones, además de medidas contra el fraude de los pisos turísticos. También ha reclamado un tope a los precios del alquiler y actuaciones sobre los fondos de inversión.
Las ministras de Sanidad y de Juventud e Infancia, Mónica García y Sira Rego, han coincidido en que aún no existe un acuerdo cerrado y han avisado de que no validarán un texto que no esté “a la altura”. Según fuentes del socio minoritario, Sumar insiste además en incorporar la expropiación del piso de Maricarmen en el decreto ley, aunque admite que podría acabarse excluyendo para aprobarse en una norma posterior.
Otro de los puntos de fricción es la duración de la prórroga de los contratos de alquiler que vencen este año. Sumar defiende una extensión automática de dos años, mientras que el PSOE, según fuentes del socio minoritario, apuesta por limitarla a uno. Esas mismas fuentes sostienen que los socialistas tampoco quieren regular el alquiler de habitaciones en el decreto. En paralelo, Junts reclama bonificaciones fiscales para los caseros, una medida que Vivienda prevé incluir y que Sumar considera ineficaz, aunque se muestra abierta a aceptarla por la aritmética parlamentaria.
Presión de la izquierda y del resto de socios
Fuera de la coalición, ERC, Bildu, Podemos, Compromís y BNG también han presionado al PSOE para que el decreto sea más exigente. Compromís ha dicho que está “lejos” de apoyarlo y ha pedido la prórroga automática de los contratos, la regulación de los alquileres de temporada y habitaciones, la eliminación de bonificaciones a propietarios y la prohibición de que los fondos de inversión compren vivienda. ERC, en cambio, ha mostrado predisposición a respaldarlo y asegura que sus principales propuestas están “ampliamente recogidas”, entre ellas la suspensión de los desahucios y la prórroga extraordinaria de los alquileres durante dos años.
El PNV ha señalado que, “por ahora”, está “bastante de acuerdo” con lo planteado por el Gobierno y ha pedido alejarse de “posturas maximalistas”. Entre otras medidas, defiende limitar la actuación de los fondos de inversión, regular los alquileres de temporada y aumentar la oferta de vivienda protegida. Junts, por su parte, ha reclamado un “común denominador” en materia de vivienda y su presidente en el Parlament, Josep Rull, ha apostado por abrir un “paréntesis” en la relación complicada entre su formación y el PSOE para alcanzar acuerdos en este ámbito.
Mientras continúan las conversaciones, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido desde Barcelona “privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico” y ha pedido a las comunidades autónomas aplicar la Ley de Vivienda para aumentar la oferta asequible. El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha avanzado que el Gobierno estudia medidas en el ámbito de la oferta y de la regulación, y el ministro de Hacienda, Arcadi España, ha apelado a los grupos a negociar hasta el último momento. En la oposición, Alberto Núñez Feijóo ha acusado al Ejecutivo de “fracasar” en política de vivienda, mientras Vox ha vinculado la crisis habitacional al aumento de población y a la falta de construcción de vivienda.
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