Varios presidentes autonómicos del PP han cargado contra Pedro Sánchez por, a su juicio, trasladar a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos la responsabilidad sobre el problema de la vivienda tras ocho años de Gobierno sin soluciones. En sus intervenciones, varios dirigentes también han sostenido que la acampada impulsada por el sindicato de Inquilinas en la Puerta del Sol debería haberse trasladado al Palacio de la Moncloa.
Las críticas se han producido en Madrid, a la llegada de los dirigentes autonómicos a la Junta Directiva Nacional del PP, presidida por Alberto Núñez Feijóo. El debate coincide, además, con el inicio de negociaciones del Gobierno con los grupos parlamentarios sobre un nuevo decreto ley en materia de vivienda, que prevé llevar este martes al Consejo de Ministros y que, según un borrador, prohibiría los desahucios de personas vulnerables hasta 2028, endurecería las condiciones para el alquiler temporal y contempla bonificaciones fiscales para propietarios e inquilinos.
Críticas de los presidentes autonómicos del PP
El murciano Fernando López Miras acusó al Ejecutivo de “diluir” su responsabilidad entre las autonomías. “Es muy típico de la política de Pedro Sánchez y del Gobierno de España, el 'yo invito y tú pagas'”, afirmó. También sostuvo que el presidente “exime de todas las responsabilidades intentando poner la pelota en el tejado de las comunidades autónomas” y agregó: “La responsabilidad es del Gobierno de España y es quien tiene que poner una solución encima de la mesa”.
López Miras defendió que el problema de la vivienda lo ha provocado “estrictamente” el Gobierno central y recordó que, antes de la llegada de Sánchez a La Moncloa, era el problema número 16 para los españoles, mientras que ahora es, según dijo, el principal. En la misma línea, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, afirmó que la cuestión de la vivienda ha pasado a ser “un problema del Gobierno de España” al trascender a las comunidades autónomas, y retó a Sumar a salir del Ejecutivo si no hay acuerdo sobre el decreto ley que el Consejo de Ministros estudiará este martes.
La presidenta de Extremadura, María Guardiola, calificó la vivienda como un problema “muy grave” que requiere “altura de miras, consenso y soluciones estables en el tiempo”. También pidió a Sánchez que convoque elecciones generales tras asegurar que un Gobierno “que se dice progresista” no ha hecho “absolutamente nada” en estos ocho años. Guardiola mencionó además que hay “25.000 desahucios al año, la mayoría de ellos en Cataluña”.
Colaboración público-privada y críticas a las propuestas del Gobierno
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, sostuvo que Sánchez intentará “echar la culpa” a otras administraciones y que “hará como siempre” al trasladar la responsabilidad a ayuntamientos y comunidades. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, calificó de “sectarias” y “profundamente ideológicas” algunas de las propuestas que han circulado estos días, entre ellas la expropiación de viviendas, y habló de un “festival de ocurrencias” en Moncloa para responder a un problema que, según dijo, no se ha atajado en los ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez.
Ayuso también reprochó al Gobierno central y a la Delegación del Gobierno que no actuaran para evitar la acampada en Sol mientras “buscan culpables” entre administraciones que no tienen competencias en la materia. Desde Andalucía, Juanma Moreno defendió que el “grave problema” de la vivienda necesita “menos ideología y más gestión” y apostó por la colaboración público-privada como vía para abordarlo frente a decisiones unilaterales.
Moreno hizo estas declaraciones durante el acto de colocación de la primera piedra de la promoción de viviendas Lagoon Living Sevilla Este. Allí subrayó que la vivienda se ha situado entre los tres primeros problemas para los españoles y que no se resolverá con “una sola medida”, ni con la actuación aislada de una administración. En Santiago de Compostela, Alfonso Rueda defendió también una solución global que vaya más allá de evitar desahucios, con medidas para dar más seguridad a los propietarios e impulsar la construcción. Añadió que su Gobierno apuesta por un modelo de colaboración público-privada para levantar viviendas con precio social por un número no menor de 20.000.
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