Vuelve la Prestación Social Sustitutoria a Portugal

Este viernes, el gobierno conservador portugués llevó al Parlamento para su debate el proyecto de ley que pretende aprobar la Prestación Social Única, que beneficiaría al menos a 125.000 personas, aprobada en primera instancia el pasado 29 de mayo por el Consejo de Ministros. Tiene como objetivo principal la simplificación de los trámites burocráticos para acceder a las diferentes ayudas sociales, armonizando trece prestaciones del sistema de solidaridad, a excepción de los complementos para los ancianos pero incluyendo el Rendimiento Social de Inserción que atiende aquellas situaciones de severa pobreza y exclusión social con una prestación de 247’56€ al mes para personas que jamás contribuyeron a la Seguridad Social, pensiones sociales no contributivas y el subsidio social de desempleo para quienes ya agotaron el derecho a un subsidio, los conocidos en España como parados de larga duración.

El complemento para mayores de 66 años se mantiene fuera de esta unificación, previsto para este año tras la subida de 40€ en 670’67 euros al mes para catorce pagas, así como la ayuda conocida como Abono de Familia, vigente para compensar y garantizar la carga del menor en algunas familias y cuyo primer escalón ha fijado la prestación en 190’98€ mensuales por hijo, que se añade a otros subsidios. El gobierno de Luis Montenegro asumió esta medida heredada del anterior ejecutivo socialista de Antonio Costa, quien la presentó a la Unión Europea como una de las reformas que preveía el Plan de Recuperación y Resistencia portugués (PRR) capaz de que la Hacienda lusa ahorrara 500 millones de euros al año, atendiendo a las recomendaciones de la OCDE que instaba a remodelar un sistema disperso y confuso de entre diez y quince modelos de atención social distintos en uno, y que ha cifrada su entrada en vigor para el mes de agosto.

Sin embargo, el Ejecutivo de Montenegro gobierna sin mayoría absoluta y la segunda fuerza en la bancada parlamentaria recayó en Chega, la formación nacionalista y populista que comparte con Vox el ideario y el voto en Bruselas, después de las elecciones legislativas del pasado año. Este hecho ha agravado el diseño de esta nueva Prestación Social Única (PSU) fijada para 2026 en 537’13 € mensuales, tras el aumento del 2’8% por la inflación: por un lado, obligando a cualquier beneficiario a desarrollar un “trabajo social” que -según la Secretaria de Estado de la Seguridad Social, Filipa Lima- “discrimina positivamente a aquellos que quieran trabajar, impidiendo que las familias pierdan apoyos sociales cuando un dependiente adulto comienza a trabajar” pero que en la práctica supone que cualquier perceptor, aunque aluda la minusvalía física o mental, o estar tratándose de una dolencia oncológica entre 18 a 25 años, tendría que realizar esas tareas de voluntariado si quiere percibir la PSU.

Según la propuesta original, la PSU agregaría ese Rendimiento Social de Inserción a los seis subsidios de paternidad (el de maternidad inicial, por riesgo clínico durante el embarazo, el de adopción, interrupción del embarazo, otros riesgos específicos, por necesidad de traslado la una unidad hospitalaria localizada fuera del lugar de residencia de la embarazada…) la del régimen especial de protección en la invalidez, complemento extraordinario de solidaridad, la pensión de viudedad, la de orfandad y el subsidio social de desempleo. Para seguir cobrando cualquiera de estas ayudas, será obligatorio la disponibilidad del solicitante, o de su agregado en edad activa que no se encuentre trabajando, a prestar “actividades de solidaridad social” hasta un máximo de quince horas a la semana, lo que levantado una ventisca de críticas entre las asociaciones y partidos políticos que acusan al gabinete de Montenegro de reforzar la exclusión de personas pobres y vulnerables, mientras que al Gobierno le aprietan las prisas ante Bruselas, que dejaría de abonar 620 millones de euros caso de incumplir este compromiso fijado ante la Comisión Europea en el PRR luso.

Con la intención de alcanzar el apoyo parlamentario de la ultraderecha de Chega, la ministra de Trabajo, Solidaridad y Seguridad Social, María del Rosario Palma Ramalho, y que esta reforma sea aprobada en los próximos diez días como una especialidad de urgencia, sin necesidad de una votación, afirmó ayer que “tenemos en este momento 159 millones de euros de pagos indebidos en el sistema de prestaciones sociales, algunos de ellos motivo de fraude” y que “con los datos que tenemos hoy, sabemos que cerca del 40% de los extranjeros recurren al Sistema Nacional de Salud sin protocolo de cooperación alguno, ni seguro que cubra el coste sanitario”. La ministra, sabedora de que necesitaría la conformidad del populista André Ventura, ha llegado más allá y ha propuesto que si Chega aceptase la separación del régimen contributivo del no contributivo, el Gobierno puede considerar el plazo de cinco años para que un extranjero tenga acceso a la Prestación Social Única o a las excluidas en esta reforma.

Denunciar al vecino

Por otro lado, la unificación del sistema de ayudas sociales asociadas a la obligación de prestar servicios a la comunidad -que ha despertado la crítica de los sindicatos y el Partido Socialista al considerar que se ocupan puestos de trabajo que debían estar remunerados- lleva aparejada la puesta en marcha de un canal de denuncias, que las fuerzas progresistas han calificado como “una nueva PIDE (la temida Policía salazarista)” para que un pobre denuncie a otro porque así se asegura un rival menos para poder disfrutar de la misma prestación. Según la ministra Palma Ramalho, “el tiempo medio de los beneficiarios del Rendimiento Social de Inserción (RSI) -que se pretende integrar en esta única prestación, la ayuda para un parado de larga duración- se acerca a los cinco años y tres meses, lo que evidencia una subsidio-dependencia y personas que no consiguen salir de este ciclo: De los noventa mil beneficiarios de este Rendimiento Social, sólo el 8% llegan a tener ingresos propios o regresan al mercado de trabajo”, especificó a la CNN.

Durante el debate, la izquierda se mantuvo unánime, la propuesta del Gobierno es cruel porque preconcibe la culpabilidad o el fraude en el perceptor: “El Gobierno cree que las personas son pobres porque quieren -acusó Isabel Mendes Lopes, de Livre- y donde basta disponer de unos pequeños ahorros o un viejo coche para no tener derecho a las ayudas. Además -añadió- las personas con dolencias o discapacidades que rechacen ese voluntariado obligado igualmente pierden el apoyo social y coloca vecinos contra vecinos creando el canal de denuncias”. Según esta formación política, de los once millones de portugueses, más de un millón y medio de ellos se encuentran en riesgo de pobreza. Sólo en los hospitales lusos, esta semana el mismo director ejecutivo del Sistema Nacional de Salud (SNS) reconocía que los internados en hospitales públicos con el alta médica han llegado ya a los 3.500 a finales de mayo y que será imposible resolver este problema a corto plazo.

El proyecto de ley para disponer de una Prestación Social Única exime al Estado de obligación alguna del Estado para los más pobres, así como garantizarles atención médica, acompañarles en procesos de salud mental o disponer de una plaza en las guarderías públicas para sus hijos. La opinión pública lusa comienza a preguntarse si el gobierno conservador de Luis Montenegro no es que necesite de apoyos parlamentarios para sacar adelante su programa de reformas, sino que es Chega quien está marcando el tiempo y las prioridades al ejecutivo. A cambio de cualquier apoyo, después de la huelga general del pasado 3 de junio que paralizó la función pública y el sistema de transportes, André Ventura estaría dispuesto a considerar la aprobación de esta PSU a cambio de que el Gobierno acepte en la reforma de las leyes laborales -otra ley a debate político- bajar la edad obligatoria para gozar de la jubilación y reponer dos días festivos más al calendario laboral.

Mientras los conservadores del PSD afirman que quienes dispongan de un coche, una motocicleta o una cuenta bancaria por encima de 16.114 euros, quedarían fuera de cualquier prestación -en especial para quienes hoy reciben la ayuda para la inserción social, la pensión de viudedad y el subsidio de desempleo, ligando por primera vez la recepción de la ayuda al patrimonio mobiliario e inmobiliario que posean- Chega intenta pescar votos obreros con medidas populistas a favor del trabajador. En el último sondeo electoral publicado por el Instituto de Ciências Sociais (ICS) el 29 de mayo, el Partido Socialista alcanzaría el 31% de la intención de voto, superando por primera vez a Alianza Democrática, la coalición del gobierno que preside Luis Montenegro, que obtendría un 27%, Chega baja al 20% de simpatía e Iniciativa Liberal al 3%. Por encima de cualquier lectura en una coyuntura concreta, que Chega se mantenga como cualquier posibilidad en el futuro si el partido de Aníbal Cavaco Silva, de Durão Barroso y Passos Coelho quieren seguir gobernando en Lisboa te abre un escenario pernicioso para la derecha democrática lusa, cada día mas dependiente del apoyo parlamentario radical… Y sin que les pregunten cuantos euros acumulan en el banco, si tienen moto o acabaron de estrenar un coche nuevo… Tudo pago!!!