Una vez más la singularidad catalana. ¿Tendrá clonado también Puigdemont el teléfono de Sánchez y sus tres ministros?

El decreto de centros de datos exime a la gigafactoría de Tarragona de las exigencias que impone al resto de España

En 2022 supimos que el teléfono del presidente del Gobierno había sido infectado con Pegasus, igual que los de varios de sus ministros. Nunca se aclaró del todo quién lo hizo ni qué se llevó. Desde entonces, cada vez que el Gobierno toma una decisión que no se explica por el interés general, muchos españoles nos hacemos la misma pregunta incómoda. Esta semana he vuelto a hacérmela.

Trabajo en el sector eléctrico desde 1995. He visto moratorias, el déficit de tarifa, el recorte retroactivo a las renovables y subastas diseñadas con los pies. Nunca había leído nada como la nueva versión del real decreto de centros de datos que el Gobierno ha enviado al Consejo de Estado.

A cualquier centro de datos de España le exige lo siguiente. El 80% de su consumo debe cubrirse con renovable nueva, y otro 80% debe casar hora a hora con generación de esa misma hora. Si no lo consigue, pagará recargos de hasta el 500% sobre sus peajes y podrá perder los permisos de acceso y conexión a la red. Si necesita un periodo transitorio, deberá aceptar que Red Eléctrica lo desconecte de forma prioritaria y sin compensación alguna.

En el mismo texto aparecen dos puertas de salida. La primera es un artículo que permite al Gobierno excluir de la norma a los centros de datos cuyo titular sea una entidad del sector público estatal con condición de operador crítico, o que estén adscritos a ella. La segunda es la disposición transitoria segunda, que exime de todas las obligaciones a los centros de iniciativas europeas de soberanía digital convocadas antes del decreto y a los presentados por el Gobierno de España a esas convocatorias. Ambas puertas conducen al mismo sitio: la gigafactoría de inteligencia artificial de Móra la Nova, en Tarragona. Son unos 5.000 millones de euros y, como ha publicado Expansión, una baza política de primer orden para el PSC, ERC y Junts.

Conviene saber quién es el dueño. El Estado tendrá el 47,99% a través de la SETT, la Generalitat un 1%, y Telefónica, ACS y Banco Santander un 15,67% cada uno. Es decir, tres de las mayores empresas del país quedarán exentas de una norma que sí se aplicará a sus competidores en el mismo mercado. Bruselas tendría motivos para preguntar si una exención selectiva de esta naturaleza es compatible con las reglas europeas de ayudas de Estado.

Dicho sin rodeos, el Gobierno aprueba una norma que presenta como imprescindible para el planeta y exime de cumplirla a su propio proyecto. Es difícil encontrar una confesión más clara de que la norma es incumplible.

La regla que se impone al resto no resiste un análisis técnico. Un centro de datos consume prácticamente lo mismo a las tres de la tarde de agosto que a las tres de la madrugada de enero, y el sol no funciona así. Cubrir el 80% de cada hora obliga a dimensionar parques solares, eólicos y baterías para el peor día de invierno, y a desperdiciar lo que sobre el resto del año. EY lo ha calculado: para 3,5 GW de centros de datos en 2030 harían falta 49,8 GW de renovables y almacenamiento, catorce megavatios por cada megavatio de carga. Los vertidos del sistema aumentarían un 16%, y la energía costaría 133 €/MWh, frente a los 55 que marca el mercado de futuros. España ya desperdicia renovable a precio cero en las horas centrales del día. El consumidor que mejor lo arreglaría es una carga grande y estable que absorba ese excedente, y el decreto castiga precisamente a ese consumidor.

Los peajes de acceso remuneran las redes y los cargos financian costes del sistema. No son multas. Si un recargo del 500% es una sanción, debe llamarse así y tener la cobertura legal que la Constitución exige. Retirar el acceso a red por no alcanzar un porcentaje horario de renovable convierte un derecho técnico en una espada de Damocles. Ningún banco va a financiar mil millones contra un permiso que puede caducar por el viento que sople en enero.

La desconexión gratuita roza lo grotesco. España pagó durante años a su gran industria por ser interrumpible, porque ese servicio tiene valor. Ahora se exige gratis a instalaciones obligadas por contrato a una disponibilidad continua. Además, cortar la alimentación de un centro de datos no lo apaga: arranca sus grupos electrógenos de gasóleo. La desconexión «verde» consiste, en la práctica, en quemar diésel.

Un promotor que quiera invertir en Extremadura o en Aragón tendrá que construir catorce megavatios renovables por cada megavatio de cómputo, pagar recargos de hasta el 500% y aceptar que lo desconecten cuando convenga. Un proyecto en Tarragona, participado por el Estado y por tres empresas del Ibex, no. A eso, en este país, ya lo llamamos singularidad.

El procedimiento está a la altura del contenido. Las excepciones y el régimen de desconexión no se sometieron a audiencia pública, y la CNMC no pudo pronunciarse sobre ellos. El texto se ha enviado al Consejo de Estado por la vía de urgencia, con las Cortes disueltas, para aprobarlo antes de las elecciones del 29 de noviembre. Una norma que condicionará inversiones a veinte años se está cerrando en plena precampaña.

El Gobierno tiene un problema real y conviene reconocerlo. Se han concedido más de 12 GW de acceso a centros de datos, mientras su propia Estrategia de IA calcula una necesidad de entre 3,5 y 4 GW en 2030. Hay acaparamiento especulativo de capacidad, y existen herramientas conocidas para combatirlo: hitos de ejecución con caducidad automática, avales proporcionales, liberación de la capacidad no usada y concursos de acceso por nudo. Son reglas iguales para todos, sin excepciones por códigos postales.

El coste será enorme. Spain DC calcula que había hasta 67.000 millones de euros de inversión comprometida entre 2026 y 2030, y que hasta el 90% podría acabar en Portugal o en Francia. Quien conozca la Raya sabe que Portugal está a una hora de Badajoz y que allí basta con reportar indicadores. Si esa demanda no se conecta, además, el sistema dejará de ingresar entre 118 y 642 millones al año en peajes, y una parte acabará en la factura de hogares y pymes.

España tiene la electricidad renovable más barata de Europa, y es probablemente la única ventaja industrial clara que tenemos esta década. Este decreto la convierte en la más cara para todos menos para uno. Lo razonable sería que el Consejo de Estado lo devuelva a audiencia y a la CNMC, y que lo apruebe, si acaso, un Gobierno con legislatura por delante. Mientras tanto, seguiremos haciéndonos la pregunta del título.