Mari Carmen Abascal salió en camilla de la casa en la que había vivido desde 1956.
Tenía 87 años. Acababan de desahuciarla.
España volvió a mirarse en el espejo y esta vez le dio vergüenza lo que vio.
La indignación sacó a miles de personas a la calle y terminó anoche en una acampada en la Puerta del Sol.
No cuesta entender por qué.
En ciudades como Madrid, encontrar una vivienda y conservarla se ha convertido para muchos en una angustia cotidiana.
El desahucio de Mari Carmen puso rostro a ese hartazgo.
Su contrato era de renta antigua y estaba sujeto a las disposiciones transitorias de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994.
La propiedad logró el desahucio después de dos subrogaciones: primero a su madre y después a ella.
La ley llevaba ahí más de treinta años.
Durante ese tiempo han gobernado unos y otros.
También quienes hoy se presentan como los primeros escandalizados.
Si la norma podía desembocar en una escena como esta, ha faltado voluntad política para corregirla.
Rasgarse ahora las vestiduras no devuelve a Mari Carmen a su casa.
Después llegó el conocido cruce de responsabilidades. Que si la competencia es estatal, que si corresponde a la comunidad autónoma, que si el ayuntamiento ofreció una alternativa. Las competencias importan, desde luego. Pero ninguna discusión competencial evitó que una mujer de 87 años saliera de su hogar en camilla.
Las competencias importan, desde luego. Pero ninguna discusión competencial evitó que una mujer de 87 años saliera de su hogar en camilla
En Extremadura la presión sobre la vivienda no alcanza los extremos de Madrid.
En los municipios pequeños, además, la cercanía de los servicios sociales puede permitir detectar antes una situación de vulnerabilidad.
Puede. No siempre ocurre. Nuestra región tampoco está al margen de los desahucios.
En 2024 se practicaron aquí 200 lanzamientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos.
El dato del Consejo General del Poder Judicial abarca distintos tipos de inmuebles, no solo viviendas habituales.
Pero basta para recordar que detrás de las estadísticas extremeñas también hay situaciones que requieren atención antes de llegar al juzgado.
Ahora el Ejecutivo quiere llevar un nuevo decreto de vivienda al Consejo de Ministros del martes 29 de septiembre.
Antes necesita acercar las posiciones de Sumar, Junts y Podemos y reunir los votos para convalidarlo en el Congreso.
Las diferencias son reales; buscar una salida entre ellas es precisamente el trabajo de la política.
Si el acuerdo llega y protege a quienes hoy pueden acabar como Mari Carmen, su caso habrá servido al menos para algo.
Entonces sí podremos decir que aquella camilla marcó un antes y un después.
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