He aceptado con agrado la invitación del director de La Portada de Extremadura para participar en este número conmemorativo de su primer aniversario, como ya hice en su lanzamiento. La ocasión me brinda la oportunidad de reflexionar sobre una cuestión que considero esencial: el papel de la universidad y su relación con los medios de comunicación en una sociedad cada vez más compleja.
No soy periodista. Mi aproximación responde a una perspectiva académica que, desde hace más de tres décadas, intento trasladar al debate público mediante tribunas de prensa que frecuentemente publico en medios regionales y nacionales, con el propósito de acercar el conocimiento universitario a los ciudadanos mediante un lenguaje accesible, aportando datos y argumentos tendentes a formar opiniones propias, menos condicionadas por la inmediatez o por los beneficios particulares.
Lógicamente, lo hago siempre desde la Geografía y la Sociología. Como geógrafo, cuando participo en los medios, analizo las tendencias de fondo y suelo recordar que detrás de cada decisión institucional existe siempre una dimensión territorial que condiciona el desarrollo, la cohesión y las oportunidades de los ciudadanos. Desde la perspectiva sociológica me centro en aspectos como a quiénes benefician, qué valores refleja y cómo afectan a las relaciones entre personas o grupos.
La combinación de ambos enfoques ayuda a interpretar el territorio como una construcción social y la sociedad como un escenario condicionado por un entorno geográfico.
Hemos pasado de vivir en un ciclo de cambios a un cambio de ciclo, y ello es porque nunca habíamos dispuesto de información masiva y al toque. Un teléfono móvil, por barato que sea, permite conocer al instante lo que ocurre en cualquier lugar del planeta.
Sin embargo, esa extraordinaria accesibilidad no se ha traducido necesariamente en un mejor juicio de los fenómenos. Las noticias se amontonan casi a la misma velocidad que envejecen, las redes sociales amplifican opiniones, rumores o, incluso, bulos, y los problemas asoman desprovistos del contexto necesario para interpretar sus causas y consecuencias.
A ello se suma la irrupción de la inteligencia artificial, una herramienta extraordinaria para acceder, ordenar y sintetizar información. Pero cuando no existe una base sólida de conocimiento y criterio, acelera la confusión. Ningún algoritmo puede sustituir la comprensión profunda de los procesos históricos, económicos, sociales o territoriales que explican las interrelaciones existentes. Las nuevas tecnologías pueden ofrecer respuestas, pero sólo si la ciudadanía está formada para hacer las preguntas correctas. Y en este punto parece que los indicadores no son favorables, de acuerdo con el informe PISA.
Y una sociedad que no percibe lo que sucede a su alrededor no podrá vislumbrar el rumbo hacia el que la encaminan. Lo estamos viendo con determinadas políticas supranacionales que, pese a sus loables objetivos, imponen restricciones a nuestras economías y condicionan su capacidad de adaptación, mientras otras potencias priorizan sus intereses productivos y geoestratégicos. Como advertía Jacinto Benavente, sólo los náufragos no eligen puerto.
En este contexto, los medios de comunicación han de asumir una función que trascienda la mera transmisión de noticias. Deben servir como un GPS colectivo capaz de orientar a los ciudadanos en un escenario cada vez más complejo. Como académico entiendo que informar no consiste únicamente en relatar acontecimientos, sino también en explicar por qué ocurren, quiénes intervienen, qué intereses confluyen y qué efectos pueden derivarse para la sociedad.
Desde los conflictos geopolíticos hasta los problemas cotidianos de nuestros municipios, todos los temas poseen unas coordenadas históricas y territoriales que conviene conocer. Las guerras, las crisis energéticas, los movimientos migratorios, las desigualdades regionales o las tensiones fronterizas (caso de Ceuta) y comerciales no surgen espontáneamente. Desde la perspectiva de Claude Raffestin, existen relaciones de poder, disputas por los recursos, decisiones políticas e intereses estratégicos que no se resumen en un titular.
Por ello necesitamos medios capaces de construir un mapa inteligible de la realidad, conectando las distintas escalas, desde lo local hasta lo global y viceversa. Lo que se decide en Bruselas, Washington o Pekín termina influyendo en el precio de la energía, los coches, la competitividad de una explotación agraria extremeña o las oportunidades de empleo de una comarca. Sin embargo, gran parte de la información se presenta fragmentada, como si todos los eventos fueran piezas aisladas de un rompecabezas que pocos intentan recomponer.
Esta función orientadora exige independencia editorial, pluralismo y rigor. No se trata de una neutralidad entendida como equidistancia entre hechos contrastados y falsedades. Los medios no deben convertirse en instrumentos de gobiernos, partidos o grupos de presión, pero tampoco pueden renunciar a distinguir entre información verificada y discursos construidos a modo de mantras con objetivos opacos.
Llegados a este punto aparece una responsabilidad que en las universidades no conviene eludir. Nuestra misión, como profesores, no concluye cuando una investigación se publica en una revista especializada de alto impacto, esas que nos garantizan el prestigio científico y los complementos salariales a través de los sexenios de producción, ni cuando sus resultados se exponen en un congreso para confrontar postulados. Todo ello es imprescindible para el avance del conocimiento, pero me pregunto si es suficiente cuando estamos sostenidos en gran medida con recursos públicos. La universidad cumple plenamente su función social cuando el conocimiento que genera ayuda a interpretar la situación, contrasta discursos dominantes y contribuye a mejorar las decisiones colectivas.
Jürgen Habermas subrayó la importancia de una esfera pública basada en la discusión racional y crítica. Por su parte, Edward Said defendió la independencia del intelectual frente al poder y las ortodoxias dominantes. El compromiso universitario con la sociedad no puede reducirse a diagnosticar factores desde la distancia académica. La investigación conlleva también una responsabilidad cívica: advertir riesgos, cuestionar políticas ineficaces (sean del gobierno que sean) y proponer alternativas fundamentadas. La verdadera independencia intelectual no consiste en mantenerse al margen, sino en conservar la libertad de criterio incluso cuando sus conclusiones sean incómodas para el denominado “establishment”.
Resulta llamativa la escasa presencia de especialistas universitarios en debates tan relevantes como la vivienda, la inmigración, las pensiones, la despoblación, la energía o la variabilidad climática. Con frecuencia son cuestiones dominadas por los agentes políticos, empresariales, sindicaless y Ongs, con legitimidad, pero donde a menudo falta la aportación de investigadores capaces de incorporar datos, antecedentes, comparaciones y explicaciones alejadas de la lucha partidista. No para sustituir a nadie ni para arrogarse una verdad absoluta, sino para enriquecer la deliberación pública.
Esta responsabilidad adquiere especial relevancia en territorios como Extremadura. El envejecimiento demográfico, la pérdida de población rural, los déficits de accesibilidad, la diversificación productiva o el aprovechamiento de los recursos naturales requieren análisis sensibles a las diferencias territoriales.
No es lo mismo observar el vaciamiento poblacional de Extremadura desde Madrid o Bilbao que hacerlo desde zonas periféricas y envejecidas como Alcántara o Herrera del Duque; tampoco valorar una infraestructura por el volumen de inversión anunciado sin contemplar sus repercusiones sobre la conectividad, el empleo o el desarrollo regional.
La Universidad de Extremadura dispone de un importante patrimonio intelectual acumulado desde 1973. Ese conocimiento debería estar mucho más presente en los medios de comunicación, para interpretar tanto los asuntos regionales como sus interacciones con los ámbitos nacionales e internacionales. Precisamente ahí radica el valor de una universidad conocedora de su territorio y comprometida con él.
Por ello, ahora que estamos en tiempo de elecciones rectorales, los candidatos deberían incorporar a sus programas medidas para estimular y reconocer una mayor participación pública de los investigadores. Si la universidad de Extremadura no se inserta en el tejido productivo y no actúa como motor de movilidad social y espacio de pensamiento crítico para contribuir a los grandes retos colectivos que como región tenemos pendientes, diría que su papel está autolimitado y sus recursos humanos sobredimensionados y desaprovechados.
No obstante, muchos colegas prefieren la comodidad de la torre de marfil académica a exponerse a las controversias del debate público. Pero los ciudadanos que financian buena parte de nuestras actividades y salarios tienen derecho a beneficiarse del conocimiento que producimos, no sólo mediante títulos, patentes o artículos científicos, sino también mediante explicaciones que les permitan discernir mejor el mundo y la región en la que viven.
Los medios de comunicación deben ofrecer las coordenadas y el mapa; la universidad, aportar el conocimiento necesario para descifrarlos. Ambas instituciones pueden estar en simbiosis para afrontar los desafíos colectivos.
Evidentemente, informar no es solamente describir lo que ocurre, sino ayudar a comprender por qué sucede y cuáles pueden ser sus impactos. Una sociedad bien orientada no es aquella a la que se le dice qué debe pensar, sino la que dispone de las garantías informativas para saber dónde está, por qué ha llegado hasta allí y hacia dónde puede dirigirse para cambiar de rumbo en determinados casos. Y es precisamente en esa tarea donde la universidad encuentra una de sus responsabilidades más señeras y reconocidas. ¡En ello andamos!
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