La Unión Europea atraviesa una etapa histórica sin precedentes caracterizada por una pérdida relativa de centralidad económica, industrial y geopolítica en el sistema mundial. No se trata de un colapso ni de una decadencia inmediata, pero sí de un proceso acumulativo de debilitamiento comparativo frente a nuevos polos de poder económico, tecnológico y demográfico.
En el primer cuarto del siglo XXI que acabamos de transitar el espacio europeo ha pasado de representar uno de los grandes motores del crecimeinto mundial a ocupar una posición decadente en sectores estratégicos donde tradicionalmente había ejercido liderazgo. La automoción, la siderurgia, la química industrial y otros sectores punteros muestran síntomas evidentes de erosión competitiva frente a Estados Unidos y, especialmente, frente a China. Así, la UE se encuentra ahora en torno al 20% del PIB industrial en tanto que China alcanza el 35%, emergiendo una divergencia de patrones de desarrollo muy perjudicial para los europeos.
Uno de los factores explicativos reside en la porpia orientación normativa y regulatoria adoptada por las instituciones europeas desde comienzos del siglo XXI, intensificada tras la aprobación de la Agenda 2030 de Naciones Unidas (2015) y del Comisión Europea “Pacto Verde Europeo” (2019). Ambos marcos responden a objetivos legítimos asociados a la sostenibilidad ambiental, la descarbonización y la mitigación del cambio climático, bajo el supuesto ideológico de “salvar el planeta”. Sin embargo, la transición ecológica europea se ha desarrollado en un contexto internacional profundamente asimétrico y oscilante que la ha conducido de forma errática hasta perderse en su propio laberinto.
Y mientras Europa imponía crecientes exigencias ambientales, energéticas y regulatorias a su aparato productivo, otras grandes potencias mantuvieron esquemas más flexibles, subsidiados o directamente orientados a la expansión industrial convencional.
El resultado ha sido un incremento sustancial de los costes de producción en sectores intensivos en energía. El sistema europeo de comercio de emisiones, el encarecimiento del carbono, la presión fiscal verde y determinadas decisiones aceleradas sobre cierre de centrales nucleares (caso de Alemania y parece que la sigue España en ese dislate con el cierre de Almaraz) han reducido la competitividad energética de la industria europea. La guerra de Ucrania y la ruptura parcial del vínculo energético con Rusia no han hecho otra cosa que amplificar un problema estructural previo: la UE carece hoy de autonomía energética suficiente para sostener una industria de alto consumo eléctrico en igualdad de condiciones respecto a Estados Unidos (beneficiado por sus ingentes recursos de gas y una energía más barata) o en relación con China, donde el Estado mantiene una fuerte capacidad de intervención y subvención industrial.
El caso del país asiático es flagrante y hasta extravagante, abre dos minas de carbón cada mes para suministrar energía a sus fábricas de vehículos eléctricos que después nos venden con “huella de carbono 0”, lo que está hundiendo el sector automovilístico europeo (cabe recordar que España es el segundo productor de coches y noveno del mundo).
Paradójicamente, incluso países avanzados en renovables, como España, comienzan a mostrar tensiones financieras derivadas de la propia transición energética. La elevada penetración renovable, unida a la volatilidad de precios eléctricos y a los problemas de rentabilidad de nuevas instalaciones solares y eólicas, está generando incertidumbres inversoras que pueden llevar a la ruina de algunas empresas. La transición ecológica no depende únicamente de instalar capacidad renovable, sino de garantizar redes, almacenamiento, respaldo de ciclo combinado o nuclear (preferiblemente), financiación y seguridad del suministro. La economía real continúa dependiendo masivamente de combustibles fósiles en transporte, industria pesada, logística y polos químicos.
Simultáneamente, el sector agrario europeo se enfrenta a un escenario de creciente contradicción estructural, con manifestaciones constantes por parte de los afectados. La Política Agraria Común (PAC) y las nuevas exigencias ambientales derivadas de estrategias como la “de la granja a la mesa” o el nuevo Reglamento de Restauración de la Naturaleza (2024) que se ha unido a las exigencias de la Red Natura 2000 (ZEPA y LIC) han endurecido los requisitos de producción, uso de fertilizantes, fitosanitarios, bienestar animal y conservación ambiental. Estas medidas responden a objetivos ecológicos de imposición tan rápida y anárquica que generan una fuerte tensión competitiva mientras los mercados europeos permanecen abiertos a importaciones procedentes de terceros países (Mercosur, Marruecos, etc.) que no aplican estándares equivalentes ni ambientales ni sanitarios. El agricultor europeo, donde españoles y franceses son mayoritarios, compite así en un mercado global desregulado/desequilibrado desde una posición normativa más costosa y restrictiva que le empobrece paulatinamente.
Ello explica parte del creciente malestar agrario observado en numerosos países miembros, especialmente, tras las rigideces impuestas en la legislación en el último lustro. El problema no es exclusivamente económico, sino también territorial y sociodemográfico: el campo europeo pierde población, envejece y no tiene relevo generacional al tiempo que soporta una creciente presión burocrática. La soberanía alimentaria europea, históricamente garantizada por la modernización agraria del siglo XX, comienza a mostrar vulnerabilidades en un contexto geopolítico cada vez más inestable.
A esta dimensión económica y productiva se añade una transformación poblacional de enorme alcance. La Unión Europea representa actualmente alrededor del 5 por ciento de los habitantes del planeta, porcentaje que continuará disminuyendo durante las próximas décadas según proyecciones nacionales y de Eurostat, independientemene de los saldos migratorios positivos. Europa envejece a marchas forzadas y presenta tasas de fecundidad persistentemente muy inferiores al reemplazo generacional (menos de la mitad en España). Este fenómeno tiene profundas consecuencias sobre el mercado laboral, el sistema de pensiones (quebrado, hasta el punto que nuestro país ha cogido dinero de los fondos europeos destinados a la dinamización empresarial), la innovación y la capacidad de crecimiento económico.
La inmigración aparece parcialmente como mecanismo compensador, pero sus resultados son heterogéneos. Una parte significativa de los flujos migratorios no responde necesariamente a perfiles altamente cualificados, mientras que los procesos de integración cultural y laboral presentan dificultades variables según países y contextos urbanos. El debate migratorio europeo se sitúa así entre necesidades objetivas de mano de obra, problemas de cohesión social y tensiones identitarias derivadas de modelos multiculturales y religiosos de difícil encaje en las coordenadas políticas, morales y de libertad occidentales.
Desde una perspectiva territorial, Europa también presenta ciertas desventajas estructurales frente a los nuevos espacios globales de acumulación. El sistema urbano europeo ha sido históricamente equilibrado, policéntrico y basado en redes de ciudades medias y pequeñas altamente cohesionadas. Ese modelo favoreció durante siglos calidad de vida, proximidad geográfica y cohesión regional. Sin embargo, en la economía contemporánea dominada por grandes nodos financieros, tecnológicos y logísticos, las megalópolis globales adquieren creciente protagonismo.
Ciudades-región como Shanghái, Shenzhen, Nueva York o Singapur funcionan prácticamente como ciudades-Estado conectadas a redes globales de innovación, capital y producción. Europa posee grandes ciudades competitivas (París, Londres, Fráncfort o Ámsterdam), pero su estructura territorial sigue fragmentada política y fiscalmente, dificultando economías de escala comparables a las de los gigantes orientales o estadounidenses.
En el plano geopolítico, la situación europea resulta igualmente compleja. La autonomía estratégica proclamada por las instituciones comunitarias continúa siendo limitada. La dependencia militar respecto a Estados Unidos permanece elevada a través de la OTAN (en fase cuestionamiento, especialmente la posición española), mientras que la relación económica con China oscila entre cooperación comercial, dependencia tecnológica y rivalidad estratégica. El sistema internacional evoluciona hacia una estructura crecientemente multipolar donde Washington y Pekín consolidan áreas de influencia propias en competencia abierta por recursos, tecnologías críticas, inteligencia artificial, tierras raras y control logístico (caso de los estrechos de Ormuz o isla de Taiwán).
La Unión Europea corre el riesgo de convertirse en un espacio regulador más que productor; en una gran potencia normativa, pero no industrial o tecnológica
Por consiguiente, la Unión Europea corre el riesgo de convertirse en un espacio regulador más que productor; en una gran potencia normativa, pero no industrial o tecnológica. La “innovación” europea consiste en haber desarrollado algunos de los estándares ambientales, sociales y regulatorios más avanzados del planeta precisamente en el momento histórico en que el centro de gravedad económico mundial se desplaza hacia regiones menos condicionadas por esos paradigmas.
No obstante, conviene evitar interpretaciones simplistas o deterministas. La Unión Europea continúa siendo una de las mayores economías del mundo, liderando algunas ramas del comercio internacional, investigación científica, calidad institucional, infraestructuras y estado del bienestar. Mantiene todavía universidades, empresas y capacidades tecnológicas de primer nivel. El problema no es la desaparición de Europa, sino el riesgo de una pérdida gradual de capacidad estratégica si no logra compatibilizar protección ambiental, competitividad industrial, seguridad energética, equidad social y cohesión territorial.
La cuestión central del siglo XXI probablemente no será elegir entre crecimiento económico o transición ecológica, sino de articular ambas dimensiones sin continuar con los procesos de desindustrialización, dependencia exterior, fractura social y empobrecimiento generalizado, salido del museo normativo. La Unión Europea no corre el riesgo de extinción, pero sí de convertirse en un actor secundario, como señaló el Informe Draghi, en un mundo que ya no se rige por sus reglas ni por sus tiempos. Siendo así que Bruselas se halla precisamente en esa tesitura con la que, hasta ahora, no ha sabido o no quiere lidiar por cuestiones más ideológicas que lógicas, mientras evidencia su irrelevancia en el ámbito mundial.
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