“Esas personas no pueden seguir al servicio de Portugal y de las fuerzas de seguridad” -sentenció el nuevo ministro luso de Administración Interior, Luis Neves. Son comportamientos desviados, casos aislados debido a un fallo de control interno aunque hubiera muchos suspensos en el proceso de reclutamiento”. Así explicó la detención de 24 Policías de la Segurança Pública, entre ellos dos jefes, sospechosos de tortura y vejaciones en la Comisaría 22, la del distrito de Rato, Lisboa. “Dije en el parlamento que había firmado decenas de despachos de expulsión a agentes de las fuerzas de seguridad que estaban pendientes -afirmó Neves”. Desde que tomó posesión el 23 de febrero hasta el 20 de abril, el antiguo responsable de la Policía Judicial ha firmado ya la expulsión de once agentes: “Habrá más detenciones, más diligencias acerca de estas actitudes, que no son una práctica habitual en las fuerzas de seguridad” -dijo en el 18º Aniversario de las Unidades Especiales de la Policía (UEP) en Belas (Sintra) a primeros de este mes.
Las detenciones y órdenes de búsqueda comenzaron el pasado mes de julio, con dos agentes y continuaron en marzo con otras siete, asignados tanto a Rato como a la comisaría de Bairro Alto: “No creo que sea una práctica generalizada -aseguró Luis Neves. No tenemos indicios que haya ese tipo de comportamientos en otras comisarías”. Sin embargo, este mes el Ministerio Público ordenó la detención de quince policías más, enviando treinta órdenes de búsqueda a catorce domicilios y dieciséis entre las escuadras de la PSP, en el ámbito de las denuncias por tortura grave, violación abusos de poder y ofensas a la integridad física cualificadas por hechos ocurridos en Rato.
Catorce magistrados instruyen los procedimientos sancionadores, después que la misma PSP denunciara los hechos al descubrir varios vídeos difundidos por grupos de redes sociales entre agentes el 6 de marzo del pasado año. Uno de ellos está acusado de 29 delitos, incluido los de tortura y violación; otro agente, de siete crímenes. Entre los hechos contrastados, el desprecio a detenidos a quienes rociaron con gas pimienta, les obligaron a cantar “cumpleaños feliz” o a llorar en los calabozos de la comisaría, según testimonios de las víctimas y mensajes o vídeos captados en los teléfonos móviles de 70 agentes: puntapiés, bofetadas o puñetazos con guantes de boxeo como si el detenido fuese un saco de boxeo, escupitajos a detenidos y esposados por los pies… Hasta incrementaron la droga entre los bienes aprehendidos a dos inmigrantes, añadiendo pastillas de éxtasis a quien llevaba apenas cinco gramos de hachís, un joven gambiano interceptado en Cais de Sodré.
La mayoría de víctimas de torturas y violación pertenecían a grupos sociales vulnerables: toxicómanos, extranjeros o personas sin techo: “Tolerancia Cero frente a las alegaciones que se han realizado con respecto a los detenidos por tortura en la Comisaría de Rato -aseguró el Director Nacional de la PSP, Luis Carrilho y ex comisionado por las Naciones Unidas en África central, Haití y Timor-Este”. Además de la investigación judicial que inició la Procuradora General de la Región de Lisboa, Felismina Carvalho Franco, en el seno de la Policía de Seguridad Pública el Inspector General de Administración Interna (IGAI), Pedro Figueiredo, está instruyendo otra investigación interna de la que ya han trascendido a la opinión pública tanto nombres de algunos de los agentes detenidos (Guilherme L; Óscar B; Gonçalo R; David O; João M; Mario V.) que fueron interrogados, como que desde el mismo seno de la PSP alguien les avisó de que estaban siendo vigilados después de la denuncia presentada por la propia Policía en instancias judiciales. De los últimos quince que han sido detenido este mes, catorce de ellos son sospechosos de diecinueve delitos de tortura. El Ministerio Público decretó la prisión preventiva para cuatro de ellos, arresto domiciliario para otros tres y la suspensión de funciones para el resto, a partir del análisis de vídeos y mensajes en los teléfonos requisados. Desde 2021, estaba vigente el Plan de Manifestación de la Discriminación en las Fuerzas de Seguridad
24 policías han sido detenidos en Lisboa por orden del Ministerio Público
La detención de 24 policías, quince en los últimos días junto a un vigilante de seguridad civil, por comportamientos vejatorios contra, entre otros, inmigrantes en la ciudad de Lisboa, seguramente irregulares, está convulsionando una capital tan cosmopolita como Lisboa, destino de antiguos coloniales con la piel negra que llegan de Cabo Verde, Guiné, Bissau, Angola o Mozambique, en pleno debate para la aprobación de una nueva Ley de Nacionalidad que eleva la obligación de residir en el país a diez años para adquirir la condición legal de portugués. La pasada semana, el Tribunal Constitucional ha vuelto a rechazar que cometer un delito pueda ser motivo para expulsar un inmigrante o denegarle la nacionalidad porque discrimina y el Gobierno reconoce que debería retirarse de la Ley.
Este hecho lamentable -seguramente aislado como indicó el ministro de Administración Interna- ya influyen en el debate parlamentario, tanto para el endurecimiento en la adquisición del pasaporte, como para la propuesta lanzada este mes por el Gobierno de Luis Montenegro que implementará una especie de voluntariado en el programa Defender Portugal. Quiere invertir 4’5 millones de € para que dos mil jóvenes combinen un sueldo de 450€ mensuales con la manutención en cuarteles y la gratuidad en la obtención de los carnets de conducción, una resolución que contó con la abstención del PS y Chega, pero con el voto en contra de Livre, comunistas, Bloco de Esquerda. JPP y el PAN.
“Se produjeron fallos en el control interno, pese a hubo muchos suspensos en el proceso de reclutamiento”, repito -justificó el nuevo ministro, Luis Neves, para acceder a la Policía de Seguridad Pública. Ahora, hasta los mismos militares recelan de este programa para incentivar que los jóvenes se alisten. Lo han llegado a calificar como un ensayo de “escultismo”, como un cuerpo de Boys Scouts. Más de 50 de militares de la GNR fueron expulsados en los últimos cuatro años por comportamientos inadecuados, incluido la violencia doméstica y el escarnio, y un tercio de ellos suspendían los test psicológicos en el último curso de formación -según confirmó a la Agencia Lusa el comandante-geral de la Guardia Nacional Republicana, teniente coronel Rui Veloso- y fueron apartados antes de terminar el año de experiencia: “Entre 550 y 600 candidatos al año se apartan por pruebas suspendidas relacionadas con la personalidad”. Casos mediáticos que han llegado a la justicia también en este cuerpo militar, como la Operación Safra Justa, que ha supuesto la suspensión de funciones de diez agentes, acusados de participar de una red ilegal de auxilio a la inmigración ilegal en el Alentejo: “En la Guardia no existe el racismo -aseguró Rui Veloso al frente de 24 mil militares y ochocientos más en formación anualmente. Una situación esporádica no puede calificar a toda la GNR”. Este año, el teniente coronel se encuentra a la expectativa de que se reactive la Brigada de Tráfico: “Con cerca de 1.800 0 1.900 militares será posible” -afirmó a Expresso. La misma resolución aprobada esta semana demanda al Ejecutivo que se cree un programa de Salud Mental para las Fuerzas Armadas con el nombre “Mente Forte”. Encontró un apoyo mayoritario en la cámara legislativa, solo con la oposición del PCP: “No debe leerse como una debilidad de la condición militar -dijo en la tribuna la diputada Liliana Fidalgo- si no como un refuerzo”.
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