El Primer Ministro portugués, Luis Montenegro, parece estar en caída libre. El pasado 8 de septiembre salvó una moción de censura gracias a la abstención de la izquierda y esta semana un nuevo sondeo, el tercero consecutivo, sitúa a la coalición de gobierno PSD-CDS-PP en el tercer lugar, por detrás de un Partido Socialista en reconstrucción y de la ultraderecha Chega. Si hace dos años, la opinión pública le debilitaba por su asesoría privada de que había ocultado al parlamento y por la construcción de una vivienda en Espinho, la situación de ahogo económico que sufre la población lusa en esta legislatura se convierte en lastre suficiente para ello.
El salario mínimo en Portugal se ha fijado en menos de mil euros, 1.073 en doce pagas, lejos de los 1.424’5 en España para ese cómputo. La pensión media es de 669, frente a la de 1.173 solo en Extremadura. Entre esos dos millones de pensionistas lusos la diferencia se amortigua por los miles de emigrantes retornados que disponen de pensiones privadas complementarias. Equivale a la pensión media extremeña cifrada en 2007. Y frente a ello, la inflación en Lisboa llegó al 3’3% el pasado mes de agosto, un punto menos que en España -eso, sí- y manteniendo el IVA máximo al 23%, dos puntos más que en Madrid.
A este pequeño cuadro comparativo a grandes trazos, sin llegar a explicar alguna particularidad del sistema fiscal que admite desgravarte algunos consumos si eres contribuyente, o los bonos alimenticios que aumentan el SMI a niveles superiores, Portugal comparte con España que las capitales (en especial el área metropolitana de Lisboa y el Algarve) se han convertido en sedes elegidas por pensionistas europeos, y ahora también de Oriente, Brasil, China o India, que están encareciendo el acceso a la vivienda, en propiedad o alquiler, situando a Lisboa o Cascáis entre las treinta ciudades más caras del mundo, a la cesta de la compra o a la renovación del parque automovilístico. Y por abajo, la creciente llegada de la inmigración que precisa el turismo o la construcción para mantener niveles de crecimiento económico similares a España este año, colapsa y deteriora la sanidad pública, empujando a las clases medias urbanas a suscribir una póliza privada de asistencia, que llega ya al 40% de la población.
Este caldo de cultivo está cociendo a la nomenclatura parlamentaria de la República portuguesa hasta el punto que, a diferencia de España, la ultraderecha populista ha renunciado a participar en el Gobierno, para convertirse en un látigo más doloroso para Montenegro que el propio PS o la otra izquierda, en declive, para presentarse como alternativa de futuro. Hasta 2005, diputados y altos cargos del gobierno, o del Banco de Portugal, pudieron acogerse a pensiones vitalicias que les reportan el 80% del sueldo máximo que obtuvieron en al menos doce años de servicio al país. Y ese cambalache entre socialistas y socialdemócratas, que supuso que el mismo Aníbal Cavaco Silva -ex Primer Ministro y Presidente de la República del PSD- renunciara al sueldo de ex Presidente para vivir de una doble pensión que le reporta 10,.042€ al mes, está minando al régimen del 25 de abril. Según un estudio de Diario de Noticias, de los 4.500 altos pensionistas que ganan en total 285 millones de euros al mes, 20 millones de euros de éstos están pagados por el Estado a esta élite, que alguien denominó casta.
André Ventura trabaja un discurso antisistema que se asemeja al que blandió Podemos en 2012 cuando Montoro suprimió las pagas extras de los funcionarios para pagar el rescate de la banca española, apelando a un patriotismo que estiraba el discurso de Rodríguez Zapatero al reducir un 5% las nóminas y congelar las pensiones tres años antes. En Extremadura, hay funcionarios que aún no cobran la totalidad de las pagas extras desde hace diez años. Y cualquier representante de la esfera política, al incorporarse a una nueva legislatura cobra sus emolumentos completos. Y eso está generando una sorda desafección, que está aflorando estas semanas con las peticiones de homologación salarial o apelando en Madrid a los tribunales para que este recorte eterno pare y se revierta de alguna manera.
Además, Luis Montenegro ha optado por una estrategia, sino miedosa después de la intervención que sufrió Portugal de sus cuentas hasta 2020 para devolver los préstamos a la Troika europea y financiera, al menos tan conservadora que la población apenas notó intervención alguna para que esta carestía post Covid se aligere: El litro de diésel está en 2´20€ frente a 1’88 en España; la bombona de butano de 12´5 kg en Lisboa a 39’2 y en Badajoz a 18’84€, que está invitando a las familias vecinas a venir el fin de semana a aprovisionar la despensa y el depósito del coche en España, y por tanto de la recaudación de impuestos a la Hacienda española. Durante meses, las bancadas de la oposición, editoriales y columnistas han criticado esta estrategia de mantener el nivel de deuda pública con escaso gasto público mientras que en España, Francia e Italia habían optado por inyectar al mercado parte de la liquidez que aportaba el Next Generation para diseñar algún escudo social que luchara contra la pobreza energética, un ingreso mínimo vital, bonos sociales al transporte o subvencionar el combustible… Y que el aumento del consumo, del empleo y de la actividad económica engordaran las arcas del Estado hasta para ir abandonando el FLA (Fondo de Liquidez Económica) entre las CC.AA. o para aportarles ingresos históricos en las entregas a cuenta que hacen posible la convivencia interinstitucional hasta durante dos años sin presupuestos, ni en la Comunidad Autónoma ni en el Gobierno de España.
“Gobernar es elegir” -afirmó el Presidente luso, mientras las familias se escapan a España para llenar el depósito
A Montenegro le estaban exigiendo un plan de choque y el pasado jueves, antes de que debutara el equipo de Torres Vedras en competiciones europeas, el Presidente del Gobierno compareció con alta solemnidad y corbata verde botella para anunciar cuatro medidas extraordinarias al país: Un suplemento a las pensiones que van de 200 a 100€ para quien cobre menos de 1611’39€ que se abonará en diciembre para dos millones de jubilados; (ii) Un descenso del 0’3% al 0’5% en las retenciones al rendimiento del trabajo que -según sus palabras- supone devolver los 400 millones que ha obtenido el Estado con la subida del precio del gasóleo; (iii) Subvencionar el transporte de cercanías en Lisboa y Oporto a través de un bono de 20€ para viajes ilimitados interurbanos en tren, el Pase Ferroviario Verde; (iv) y una subvención de 10 cts / litro de combustible que puede llegar a los 23 cts. para el transportista o el gasóleo agrario en lo que va de año.
“Gobernar es elegir y esta es nuestra elección -afirmó Montenegro, expresando su respeto a las soluciones aprobadas por sus colegas español, francés e italiano. No cuenten conmigo para una reedición de la tragedia de 2009” -dijo, olvidando que entonces tanto España como Portugal, y Grecia e Irlanda afrontaron sin la red de protección que hoy aporta Europa una crisis económica sin igual. Según el diario Observador y el semanario Expresso, un portugués soltero, con una paga media de 1500€ brutos al mes, ahorra 65€ al año -para el primero- o 4´7€ al mes -para la publicación liberal. Por ello, Montenegro insistió varias veces: “El Estado gana cero euros con la subida del precio de los combustibles y quien afirme lo contrario, está faltando a la verdad”.
El precio de la gasolina obligará a todos los Gobiernos a aprobar o prorrogar la continuidad de las ayudas, en España a dos semanas del vencimiento y hay entidades que pronostican una inflación próxima al 5% para final del año. Comienzan las voces a reclamar una revisión de los porcentajes de subida previstos en los convenios colectivos. En el caso de Extremadura que se extienda por ley ese nuevo concepto retributivo de “homologación salarial” con otras regiones que sólo se está cobrando hasta ahora en Educación y tendrán que extender al resto de empleados públicos para no crear desigualdad, puerta a la judicialización que les enfrente a los trabajadores, como ocurrió hace unos años por otra cuantía.
En España, la deuda de las Administraciones Públicas ha bajado por primera vez desde 2020 del 100% aunque llega ya a 1’7 billones de euros, en un periodo donde las economías occidentales han perdido el miedo a la deuda, empezando por los EE.UU. Nadie se arriesga a torturar otra vez a la población, menos aún con la amenaza de formaciones radicales al sistema tradicional de la representación parlamentaria que necesitan del voto obrero para romper la barrera histórica. Y esa es la realidad a la que se enfrenta cada Estado, cada región, cada municipio… Y gobernar es elegir -sin duda- aunque con las variables encima de la mesa, que luego de nada vale lamentarse.
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