Extremadura envejece. Y no poco. La mayoría de sus municipios tienen ya más vecinos y vecinas mayores de 65 años que menores de 16. Tan solo tres pueblos de los 388 rompen esa tendencia: Talayuela, Saucedilla y Collado de la Vera.
El envejecimiento no es exactamente despoblación, pero en Extremadura funciona como una de sus señales más preocupantes: cuando hay más mayores que niños, el problema ya no es solo cuánta gente vive en nuestra tierra, sino qué futuro demográfico le espera a nuestra tierra. Y, peor aún, qué futuro le espera al mundo rural.
La despoblación y el envejecimiento forman un círculo vicioso: cuando los jóvenes se marchan del mundo rural, el pueblo se queda sin nacimientos y la edad media sube sin freno. Al no haber relevo generacional, los servicios cierran y la economía se para, provocando que el lugar sea cada vez menos atractivo y se vaya apagando poco a poco.
El dato no es solo demográfico. Es político. Y también fiscal.
La gran manifestación de la Revuelta de la España Vaciada tuvo lugar el 31 de marzo de 2019 en Madrid. Llevamos años hablando de despoblación con grandes palabras, planes estratégicos, diagnósticos repetidos y fotografías institucionales. Pero, mientras tanto, muchos pueblos siguen perdiendo población, servicios, empleo y futuro. La conclusión empieza a ser evidente: las políticas actuales no están cambiando los datos; como mucho, cambian la percepción de la realidad, pero no la realidad de los datos.
Y si no cambian la realidad, no deberían servir. Simplemente, son medidas insuficientes o inadecuadas.
La despoblación se combate con acciones, haciendo que vivir, trabajar, emprender y criar en un pueblo tenga ventajas reales
La despoblación se combate con acciones, haciendo que vivir, trabajar, emprender y criar en un pueblo tenga ventajas reales. Y eso exige tocar el marco fiscal con valentía. Será el marco fiscal el que transforme las emociones. Porque cuando las condiciones económicas y laborales mejoran, las personas empiezan a ilusionarse, a recuperar la esperanza, a confiar, a arriesgar, a emprender, a proyectar futuro, a crear y a innovar a sentir pertenencia a una localidad que sostiene a sus habitantes.
Más allá de subvenciones simbólicas o proyectos revitalizadores, la verdadera tracción del cambio reside en una reforma fiscal estructural. Resulta imperativo implementar una fiscalidad adaptada a la identidad rural; un modelo que asuma que, ante condiciones de desigualdad territorial, la equidad fiscal solo se alcanza tratando de forma distinta a quienes viven realidades diferentes.
Extremadura necesita medidas contundentes: rebajas elevadas en el IRPF para quienes vivan en municipios en riesgo demográfico, bonificaciones potentes para empresas que se instalen y generen empleo estable, incentivos fiscales para autónomos rurales, deducciones por nacimiento y crianza vinculadas al territorio, ventajas para rehabilitar vivienda vacía y beneficios para quienes alquilen o vendan casas a familias que quieran quedarse.
También hace falta una fiscalidad que premie el arraigo. Que ayude a quien decide vivir en un pueblo, abrir un negocio, contratar, cuidar, criar o mantener actividad económica donde el mercado, por sí solo, no llega.
Sin empleo ni servicios no hay futuro; sin incentivos fiscales no habrá inversión ni retorno. No se puede exigir a los habitantes del mundo rural que resistan como la orquesta del Titanic en un barco que se hunde lentamente.
El caso de Talayuela y Saucedilla demuestra que, cuando hay población joven, el pueblo respira. Allí, la presencia de familias migrantes ha contribuido a sostener la natalidad y a mantener la vida comunitaria. Pero no podemos dejar el futuro demográfico de Extremadura únicamente en manos de dinámicas espontáneas relacionadas con el mercado laboral. Hace falta política pública. Y hace falta una fiscalidad diseñada para repoblar, no solo para recaudar.
Seguir tratando fiscalmente igual a territorios profundamente desiguales es una forma de abandono.
Durante años se ha pedido a los pueblos que resistan. Que aguanten. Que esperen. Que confíen en el próximo plan, en la próxima convocatoria, en el próximo anuncio. Pero la gente no organiza su vida en torno a promesas. La organiza en torno a certezas: trabajo, vivienda, escuela, sanidad, cuidados, conectividad y estabilidad económica.
Por eso el debate debe ser más claro: si queremos que haya familias en los pueblos, vivir en ellos debe compensar. Si queremos empresas en el medio rural, invertir allí debe compensar. Si queremos autónomos, contratar allí debe compensar. Si queremos jóvenes, quedarse debe compensar.
Y eso se consigue con decisiones fiscales ambiciosas, medibles y sostenidas en el tiempo.
La despoblación no es una fatalidad. Es el resultado de décadas de centralización de oportunidades. Por eso no se resolverá con gestos pequeños. Se resolverá redistribuyendo ventajas, recursos e incentivos hacia los territorios que más los necesitan.
Extremadura no necesita más retórica rural ni sentimentalismo sobre el emprendimiento en los pueblos. Necesita una política fiscal de choque. La gente tiene iniciativa, pero no es masoquista: no se puede pedir que emprenda donde todo cuesta más esfuerzo, hay menos servicios y el riesgo siempre recae sobre los mismos.
Porque, sin una reforma fiscal valiente, la despoblación seguirá siendo exactamente lo que ha sido hasta ahora: un problema muy diagnosticado, muy lamentado y muy poco combatido. Y, lo que es peor, empezaríamos a hacernos preguntas incómodas:
¿Quién gana cuando los pueblos se vacían? O, lo que es lo mismo, ¿quién perdería si los pueblos se empezasen a llenar?
¿Las grandes ciudades y sus economías?
¿Las grandes ciudades y sus bolsas de votos?
¿El mercado inmobiliario urbano?
¿Las grandes empresas frente al pequeño comercio?
¿Quienes gestionan y sacrifican el territorio vacío como recurso?
¿La política cómoda?
¿La Administración centralizada?
La despoblación también tiene una lectura política: allí donde se concentra la población, se concentran los votos; y allí donde se concentran los votos, suelen concentrarse el poder y sus prioridades. Por eso el mundo rural no solo pierde vecinos y vecinas. Pierde poder y capacidad de condicionar la agenda pública.
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