En la Sierra de San Pedro hay una mina. Dentro había 48 cuerpos. Vecinos de pueblos cercanos, fusilados durante la Guerra Civil y la dictadura, enterrados sin nombre visible durante décadas mientras sus familias sabían aproximadamente dónde estaban pero no podían hacer nada. Hace unos años los sacaron, los identificaron, los devolvieron a los suyos.
Eso no es política. Es una obligación.
Y sin embargo, en España, defender que eso se haga correctamente y con recursos públicos te coloca automáticamente en un bando. La Ley de Memoria Histórica se ha convertido en una señal de tribu: quien la defiende es de izquierdas, quien la critica es de derechas, y quien intenta pensar en ella sin pertenecer a ninguno de los dos equipos se queda sin sitio en la conversación.
El problema es que esa clasificación no resiste el menor análisis.
Identificar a los muertos y devolverlos a sus familias no es un acto ideológico. Es un acto de orden. De cierre. De respeto elemental a los hechos. Son exactamente el tipo de cosas que un conservador debería defender sin que le temblara la voz: que los registros estén completos, que los muertos tengan nombre, que las familias tengan una tumba donde llorar. No hay nada en eso que contradiga ningún valor conservador genuino. Al contrario.
Lo que ocurre es que en España la memoria histórica ha sido gestionada durante años como arma política. La izquierda la ha usado para marcar territorio y la derecha ha respondido convirtiéndola en símbolo del enemigo. El resultado es que un instrumento que debería ser de todos, como lo son los registros civiles o los archivos judiciales, se ha partido en dos y cada mitad ha quedado inutilizable para la otra.
Esa es la trampa. Y conviene nombrarla porque perjudica sobre todo a las familias que siguen esperando. Cada vez que el debate se convierte en una batalla de banderas, los 48 cuerpos de la Sierra de San Pedro y los que siguen sin nombre en otras fosas de Extremadura quedan un poco más lejos de sus familias. No por falta de voluntad técnica. Por falta de voluntad política de los que podrían apoyarlo y no lo hacen porque les han convencido de que eso es cosa de los otros.
Burke, el padre del conservadurismo moderno, defendía que una sociedad sana es la que mantiene un pacto entre los muertos, los vivos y los que están por nacer. Ignorar a los primeros no es conservador. Es amputación.
Se puede ser de derechas y exigir que se abran las fosas. Se puede ser de derechas y creer que una democracia no se construye sobre muertos sin nombre. Lo que no se puede es seguir fingiendo que devolver a alguien su abuelo es un acto subversivo.
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