El autónomo que enferma no se da de baja. No porque sea más fuerte, sino porque no puede permitírselo. Cada día cerrado es un día sin ingresos, un cliente que no espera, una factura que vence igual. La baja, para él, es un lujo que no existe.
A tres calles, en la administración, el mismo catarro justifica dos semanas de reposo. Y desde hace poco, el trabajador ya no tiene que explicar al empleador cuánto durará su ausencia ni por qué. La intimidad médica es un derecho legítimo. Pero mezclada con la ausencia de control, se convierte en algo distinto.
El problema no es quien está de baja porque lo necesita. El problema es que existe quien no lo necesita y lo usa, y que ese uso tiene consecuencias reales sobre otros. Hay plazas que llevan años cubiertas en cascada: quien sustituye a quien está de baja se da de baja, y quien le sustituye a él también. Hay quien acepta un empleo público y en semanas está de baja indefinida. No son leyendas urbanas de barra de bar: son realidades que cualquiera que haya trabajado en o con la administración conoce de primera mano.
Decirlo en voz alta incomoda porque el discurso dominante convierte cualquier cuestionamiento en ataque al trabajador. Feijóo lo dijo esta semana y le llovieron los palos antes de terminar la frase. Pero la pregunta que nadie hace es la que importa: ¿a quién perjudica el abuso? No al empresario abstracto ni al Estado como concepto. Perjudica al compañero que carga con el trabajo, al ciudadano que no encuentra atención, y sobre todo a quien de verdad está enfermo y necesita que el sistema funcione cuando lo necesite.
Se puede estar de baja y no estar enfermo. Y se puede decirlo sin ser de derechas, sin atacar la sanidad pública y sin ignorar que el agotamiento real existe. Basta con no confundir un derecho con una coartada.
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