La presentación de los Presupuestos Generales de Extremadura para 2026 era una necesidad política antes incluso que económica. Después de cuatro meses de negociaciones para dar forma al nuevo gobierno de coalición entre PP y Vox, la región no podía permitirse prolongar indefinidamente la incertidumbre de unas cuentas públicas que son, en definitiva, la hoja de ruta de cualquier ejecutivo. Un gobierno sin presupuestos es un gobierno sin dirección. Y Extremadura llevaba demasiado tiempo avanzando al ralentí.
Los cuatro meses empleados para cerrar el acuerdo de gobierno se justificaron precisamente en la necesidad de alcanzar algo más que una mayoría parlamentaria. PP y Vox defendieron que estaban negociando simultáneamente la acción de gobierno y el marco presupuestario que debía garantizar estabilidad durante toda la legislatura. El mensaje era sencillo: el retraso se compensaría con la certeza de disponer de presupuestos pactados durante los próximos cuatro años.
La buena noticia es que habrá presupuestos. La mala es que llegan tarde. Las cuentas no entrarán en vigor hasta el 31 de julio y apenas dos meses y medio después, antes del 15 de octubre, la Junta estará obligada por ley a presentar en la Asamblea el proyecto presupuestario de 2027. Pocas veces unos presupuestos habrán nacido con un horizonte temporal tan corto.
Estos son, esencialmente, unos presupuestos del Partido Popular. Pero no exclusivamente. Son también unos presupuestos obligados a reflejar las prioridades de Vox, el socio imprescindible para sostener la mayoría parlamentaria de María Guardiola. En una Asamblea donde ambos partidos suman 40 de los 65 escaños, la aprobación está garantizada. La cuestión no es si saldrán adelante, sino qué reflejan políticamente.
Y reflejan, entre otras cosas, la huella de Vox. La reducción de diez millones de euros en cooperación internacional o el recorte del 50 % de las subvenciones a sindicatos y patronal son algunas de las medidas más visibles. Decisiones que permiten al socio minoritario exhibir logros propios dentro del acuerdo de gobierno.
Gobernar en coalición implica compartir decisiones y asumir concesiones. María Guardiola conserva el volante, pero no conduce sola. Vox ocupa el asiento del copiloto y se esfuerza por recordarlo. No en vano, las dos consejerías que dirige gestionarán 1.297 millones de los 8.853 millones que conforman las cuentas regionales.
El traje lleva claramente la etiqueta del PP, pero incorpora algunos arreglos o remiendos exigidos por quien posee la llave de la mayoría
A partir de ahí, los presupuestos incorporan medidas de amplio alcance en sanidad, educación, servicios sociales, vivienda, natalidad, agricultura o desarrollo rural. Pero el debate político se centrará inevitablemente en aquellos aspectos que evidencian el peso de Vox en el diseño final de las cuentas.
Y quizá ahí reside la principal lectura política. No son unos presupuestos de Vox, pero tampoco pueden ser exclusivamente unos presupuestos del PP. Son el resultado de una convivencia obligada entre dos socios que necesitan entenderse para gobernar. El traje lleva claramente la etiqueta del PP, pero incorpora algunos arreglos o remiendos exigidos por quien posee la llave de la mayoría. El sastre y su socio.
Puede discutirse el contenido de determinadas partidas, pero al menos Extremadura tendrá presupuestos. Eso evita la prórroga permanente y la improvisación. Ahora queda por comprobar si los cuatro meses empleados en negociar gobierno y cuentas públicas servirán para garantizar la estabilidad prometida o si, por el contrario, acabarán siendo recordados simplemente como el tiempo que la región estuvo esperando para volver a ponerse en marcha.
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