Este viernes, Funciones Públicas (FNSTFPS), Trabajadores de la Administración Local, Regional, Empresas Públicas y Concesionarias (STAL) y Trabajadores del municipio de Lisboa (STML), tres estructuras del sindicato comunista CGTP han vuelto a paralizar la Administración portuguesa. Centros de Salud, como en Elvas, dejaron de prestar servicios y en Lisboa el paro alcanzó al 60% del servicio público. Los sindicatos desafían al Gobierno de Luis Montenegro para que aumente el salario de los empleados públicos entre el 6’5% y el 15%, unos 150€ de media, y así afrontar la inflación y la subida desmesurada de hipotecas y el alquiler, en concreto en el área metropolitana de Lisboa.
A diferencia de España, en Portugal las pensiones no aumentan según el IPC. Sólo, quienes ganen menos de 1074€ mensuales. La huelga llega después de que el Euribor agave en 92€ al mes un préstamos medio de 150.000. en un país con la mayor subida de los precios en Europa de las viviendas durante el segundo trimestre de este año: un 4´7% en la Unión Europea y el 4% en la zona Euro. La subida del alquiler pasa ya de 10€ por metro cuadrado por primera vez en seis años, que la duplica. La mayor de ella en Sines, un 29’1% donde la renta media de alquiler llega a 15€ el metro cuadrado, sólo superado por Lisboa (17’43€, con zonas de 22 a 25€), Cascáis (16’83) y Oeiras (15´75€), según el Instituto Nacional de Estadística de Portugal. Más de la mitad de las hipotecas ya pasa por intermediarios y el 20% de los jóvenes portugueses viven en casas saturadas, con una media de 29 años de edad para la emancipación familiar.
En este contexto, el Gobierno conservador de Luis Montenegro (la Aliança Democrática de PSD-PP-CDS) aprobó esta semana gracias a la abstención de la ultraderecha Chega (cuyo líder André Ventura fue concejal del PSD en Loures, municipio del área metropolitana lisboeta) una reforma legislativa del Alquiler que rebaja de tres a dos meses la capacidad del arrendador de suprimir el contrato caso de retraso, o si se produjeran tres veces al año durante más de ocho días. Elimina el tope del 2% de aumento en los nuevos contratos - eso pedía Junts per Catalunya al gobierno español y obliga a depositar una fianza de tres meses, en vez de dos. Para contratos anteriores a 1990, sí mantiene las salvaguardas para el alquilado vulnerable (más de 65 años o con una dependencia mayor del 60%) pero el propietario ya no tiene que esperar tres años a la primera renovación automática, se reduce a uno. Y reduce de cinco a tres años el aviso a que desaloje la vivienda hasta para los casos con mayor protección. La propuesta, que aún tiene que ratificar la Asamblea de la República, simplifica mecanismos de desahucio y para la recuperación de rentas adeudadas. En definitiva, protege al propietario, sin que se discrimine al pequeño e individual, de las empresas tenedoras o de inversión: subir sin límites el precio del alquiler o la fianza en los nuevos contratos, desahucio a los dos meses de impago y adecuación de las rentas antiguas al nuevo régimen. Sólo concede al arrendatario aumentar el derecho de preferencia del alquiler a la venta si el contrato se firma por tres años, o más, aumentando uno respecto a la actualidad.
El sindicato comunista paralizó el viernes colegios, institutos, universidades, servicios de la Seguridad Social, del registro y notariado, justicia y recogida de residuos durante 24 horas. En una zona como la Gran Lisboa, donde una de cada cuatro personas se plantea trasladarse a una ciudad más pequeña, el carburante llega a 2’43€/ litro, el Estado o municipio tampoco consideró la subvención del transporte regional, o de distrito, de autobuses como ocurre en Extremadura, y ha limitado la subvención al Passe Verde ferroviario para trayectos de cercanías que en muchas ocasiones exige igualmente el uso del vehículo para llegar a un apeadero. De ahí, el éxito de las huelgas últimamente en Portugal y la caída demoscópica de la coalición de gobierno, tres puntos por debajo del Partido Socialista y Chega, empatados al 27´5%. El anuncio del gobierno francés del conservador Sébastien Lecornu de que congelará las pensiones y sueldo de los funcionarios, junto a nuevos recortes por importe de 43.000 millones de € ha devuelto a los jóvenes a las calles de París, sembrando el caos con 600 detenidos y 400 liceos cerrados, y ha apelado a los 350.000 trabajadores lusos para secundar una movilización previa a cualquier algarada violenta, incluido técnicos y carreras superiores.
En España, desde 2019 (ampliación de contratos de cinco a siete años) hasta los dos decretos rechazados este mismo viernes de huelga portuguesa (recuperación de la protección de hogares vulnerables y prórroga extraordinaria de contratos con límite del 2% de subida), tanto PP-VOX como Junts per Catalunya han votado en contra de cualquier reforma o protección social en seis ocasiones. A nadie le debe sorprender -ni siquiera a quien dialogara con Junts- que la posición conservadora en Europa prima al propietario (individuo o empresa) y los rendimientos respecto a la persona o el derecho constitucional a tener una vivienda, que obliga a los poderes públicos por la ley, a los cristianos por la moral y a los laicos por la ética humanista. De hecho, cualquier “partido de notables”, que integra la Internacional Conservadora, parte de la defensa de derechos de los propietarios, hasta principios del siglo XX los únicos con derecho a voto en Europa. A este origen analizado por la Ciencia Política, la creación de la Interparlamentaria entre el Reino Unido y Francia sirvió aquellos años para combatir las Internacionales Socialistas. En el siglo XXI, la ultraderecha ha recuperado el odio y la criminalización del extranjero para ganar apoyos entre los obreros del país, desviar los motivos del malestar social respecto a la vivienda, la sanidad o la educación. Introduce un nuevo actor parlamentario como ya ocurrió tras la crisis de 1929, como Chega, Vox, Agrupación Nacional francesa, Movimiento Social italiano, que eleva la propuesta de mínimos con la que debatir en este parlamento, bajo la amenaza de expulsión al inmigrante y la acusación de “traidor a la patria” a quien de ello diverja en las redes sociales. La mayoría de estas formaciones, lideradas por antiguos militantes de la derecha moderada que segregaron una corriente luego convertida en partido político: Ventura, Vidal-Cuadras, Abascal, María San Gil…
Las abejas l la colmena de Alfama: ¡Stop Desahucios!
Cuando visito Lisboa, acostumbro a pasar la mañana del sábado entre Baixa y Alfama. Me gusta comer un Bitoque com Molho (bistec, patatas, huevo frito y ensalada) en O Satélite con unas cervezas por 20€, en el Largo de Graça, pegado a la farmacia de Almeida&Dias donde tengo el paracetalmol a tiro. Lleva ahí cincuenta años. Si llego desde el Jardim de Torel, compro pan en la panadería de la Travesía do Monte, y los periódicos en Havaneza Bandeira, a pocos metros de la sede distrital del Partido Comunista de Portugal (PCP). En 2014, alguien comenzó a empapelar el barrio con carteles como abejas de una colmena, negros y amarillos, como un huevo frito en el aceite de demasiado uso. Os Moradores da Graça comenzaron a denunciar que la enorme subida de alquileres e hipotecas les obligaba a abandonar Alfama. Luego se organizaron para oponerse a la rehabilitación del antiguo Convento de Graça y hoy cuartel (O Hospital dos Espanhóis) por la empresa Sana para reconvertirlo en hotel de lujo. Es el edificio que esconde el Mirador de Graça, a mi juicio desde donde puedes ver el atardecer más inmenso en Lisboa y al que acuden miles de turistas cada mes. O Bloco de Esquerdas, se adueñó del movimiento y ha hecho del derecho a la pertenencia al barrio del abuelo del expulsado una causa política. Reclaman que el Cuartel se rehabilite como Centro Cívico para la comunidad en vez de una concesión pública al turismo.
El combate tiene el límite territorial de Lisboa, una realidad cruel para el inquilino, similar a la de Madrid, Barcelona, Bilbao y ciudades de su esfera metropolitana. Si acaso, para más de cien mil personas o núcleos universitarios como Coimbra, Salamanca o Granada, pero que no alcanza a Évora, Elvas, o municipios turísticos del Algarve o la Costa del Sol, donde viven más propietarios con inmuebles en alquiler y renta fija, que jóvenes con necesidad de independizarse de ellos. Esa contradicción armó la trampa en la que cayeron las hermanas Mariana y Joana Mortágua para que el Bloque de Izquierdas, que apoyó en el Parlamento al gobierno socialista de António Costa, obtuviera el peor resultado electoral en 2025: Creer que todo Portugal vivía la misma realidad que Lisboa. Fabián Figueredo ostenta la única representación parlamentaria del Podemos luso.
Aquellas abejas que se organizaban alrededor del templete de música del Largo de Graça crearon el panal “Stop Desahucios”, picotazos al cruel sistema inmobiliario que estaba expulsando a los vecinos de siempre a cambio de extranjeros que llegaban buscando la Gold Visa, la nacionalidad portuguesa, o empresas foráneas que rehabilitan bloques para hoteles o apartamentos. Contra esta gente jamás se levantará ningún patriota, porque vienen con dinero. Mortágua, la hija del mítico Camilo que participó en el asalto al buque Santa María y el secuestro de un avión en 1961, logró aprobar una tasa a los propietarios inmobiliarios con más de medio millón de euros en inmuebles. En 2022, seis años después, O Bloco pasó de 19 diputados a cinco y en noviembre de 2025 Mariana dimitió.
Sin embargo, aquella simiente vuelve a brotar tras el desahucio de Mari Carmen en Madrid. El movimiento “No podemos seguir viviendo así” ha preparado movilizaciones el próximo 10 de octubre en Lisboa, Porto, Braga y Aveiro contra el “terrorismo inmobiliario” -según él. En la ciudad de Lisboa se ha constituido el Sindicato de Moradores de Lisboa, creado en junio por iniciativa de Habita! Y han estado en Madrid apoyando el campamento de la Plaza del Sol, según ha reconocido Teresa Mamede, miembro de esta organización de resistencia como el Sindicato de Inquilinas de Madrid, entidades de la European Action Coalition, la plataforma europea por la vivienda: “Es un modelo de lucha que tiene sentido, que puede tener resultados directos” -le afirmó a El Observador. La Cámara Municipal de Lisboa reconoció que están en trámite 2.800 solicitudes de vivienda social aunque se negó a cifrar el número de desahucios previstos, el último esta semana en el barrio del Condado, en Marvila, Lisboa.
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