El número de ancianos internados en los hospitales portugueses, a pesar de tener el alta clínica, sigue aumentando cada mes. Las respuestas que pueden ofrecer desde la Seguridad Social siguen limitadas desde la pasada pandemia por el virus SARSCovid-19. Según el diario Público, continúan casos extremos como algunos pacientes que llevan esperando cuatro años a que les transfieran a algún Hogar o Residencia de Mayores: muchos mueren a la espera de una plaza o alguna baja. A finales de octubre del pasado año, aún estaban ingresados en los hospitales 832 portugueses de los 2175 que colapsaron el sistema en 2021, justo después del confinamiento. Los distritos de Lisboa, Setúbal y Oporto continúan como los más castigados. En algunos hospitales de la Gran Lisboa metropolitana, se acumulan situaciones dramáticas: algunos ancianos llevan internados desde 2023, o han sobrepasado mil seiscientos días de espera: “¿Qué hacemos con los viejos, que no tienen donde ir?” -se preguntan allí.
Los llamados “Internamientos Sociales” se han agravado durante los últimos dos años, después de un descenso tímido: 1678 en 2022; 1488 ancianos en 2023; apenas 923 en 2024, un descenso del 38%, que llegaría a finales de ese año a registrar sólo 697 admisiones, según datos que ha facilitado la Dirección Ejecutiva del Sistema Nacional de Salud. Sin embargo, en enero el SNS reconocía que casi 2800 pacientes estaban internados en los hospitales públicos, aguardando una respuesta social o algún hueco en una residencia de cuidados continuados, una cifra que en febrero la radio pública Antena 1 ya elevaba por encima de los tres mil ciudadanos. El elevado precio de los alquileres alrededor de las grandes ciudades, y en concreto en Lisboa, la vigésimosexta ciudad más cara del mundo por delante de Cascáis (33) con un precio medio de tres mil euros el metro cuadrado, disparó el número de ancianos que se resguardan en los hospitales como si fueran viejas Casas Pías de Beneficencia. Han puesto contra el espejo a una sociedad igual de católica y familiar como la española, y tan descarnada con los jubilados sin rentas suficientes -solos, viudos, sin hijos que les cobijen- como faltos de una red publica o concertada que les pueda atender como el esfuerzo de sus vidas sacrificadas en épocas de carestía se merece.
El Gobierno socialdemócrata de Luis Montenegro va a pagar 1.876,30 € por cada cama intermedia a aquellos sectores sociales (empresas o entidades sin ánimo de lucro) que acojan a alguno de estos "internados sociales” con alta clínica que no tienen donde ir, según anunció el pasado 22 de enero el Ministerio de Trabalho, Solidaridade e Segurnaça Social (MTSSS) en un comunicado. Evalúa en un 10% superior el coste medio de una plaza en Hogar de Ancianos, la oferta de concierto para aligerar peso al sistema hospitalario público luso que está dilatando en más de seis meses las citas para intervenciones quirúrgicas que precisan de ingreso. Se trata de un parche, 400 camas en un plazo de tres meses, para que cualquier entidad contrate con el Instituto de la Seguridad Social (ISS), aunque mantienen límite de 20 pacientes por edificio, o entidad intermedia autónoma y en un periodo transitorio de 6 meses: “Debe privilegiarse siempre -dice el Ministerio- el regreso de la persona a su domicilio con los apoyos suficientes y cuando no sea viable por motivos de su dependencia, insuficiencia o inexistencia de un soporte familiar o social, se debe optar por el acogimiento como respuesta social adecuada”. Y es ahí, cuando el deseo se convierte en humo porque son innumerables quienes ya jamás podrán regresar a su vieja vivienda de alquiler ni tienen, o quieren, familia alguna que quiera ocupar el papel que dejan al Estado.
No hubo posibilidad técnica de que ejecutaran lo que estaba previsto en el Plan de Recuperación y Resilencia de Portugal, financiado por los fondos europeos Next Generation para tal efecto; esto ayudó también al aumento en un 20% del número de ancianos con alta hospitalaria sin sitio donde pasar sus últimos años, que ha elevado el número de camas ocupadas por casos sociales del 5% en 2017 al 12%; es decir, de 655 a más de 2300 plazas, calificado por el Partido Comunista (PCP) como “una gran quiebra de las políticas públicas”. En julio del pasado año, el Parlamento luso rechazó con los votos en contra del PSD, PS, IL y CDS-PP la posibilidad de crear una Red de Cuidados Continuados e Integrados en Portugal, que atendería a unos diez mil pacientes que esperan una plaza en las residencias o una atención estable en en sus domicilios, un problema que se agrava cada año con el envejecimiento activo de las sociedades occidentales: Desde 2019 hasta este último año 2025 en que quebró tímidamente la tendencia en Portugal, como en España, han fallecido más personas que nacieron.
En España hay 381.514 plazas en residencias para la Tercera Edad, el 75% de titularidad privada y sólo un 25% pública
En España, según el último Censo de Centros Residenciales de Servicios Sociales registrado en 2022, elaborado por IMSERSO, disponíamos de 6.851 residencias: 5.188 (75’9%) se destinaban a mayores; 1.455 (21’3%) para discapacitados de diversos grados ;y el resto, de ocupación mixta. Un total de 381.514 plazas en residencias para la Tercera Edad, casi cincuenta mil de ellas compatibles con la accesibilidad y los cuidados que precisa un discapacitado, el 75% de titularidad privada y sólo un 25% pública. En Portugal, a esa incapacidad técnica de incluir un plan de contingencia en los Next Generation, le añaden la subida descomunal del alquiler en ciudades de moda como Lisboa y la inexistencia de una red privada sólida y extendida en el territorio con quien poder convenir plazas concertadas a precios asumibles por el Estado, que depende de los municipios. No extraña, por tanto, que sólo en una década poco más de dos millones de portugueses hayan optado por seguros -individuales o de grupo- privados y elevar hasta los cuatro millones que abandonaron el SNS por las dificultades en el acceso a determinadas consultas y especialidades, aumentando en un 12’08% la producción de seguros, según datos aportados por el diario Expresso el pasado 26 de diciembre de 2025 de las empresas Generali Tanquilidade, Luz Saúde, Ageas, Fidelidade Multicare y Gabriel Bernardino a la Autoridad para la Supervisión de Seguros y Fondos de Pensiones de Portugal.
“¿Qué hacemos con los viejos”? -se interrogan las sociedades urbanas. Quienes pueden pagar los servicios privados, o aquel país que goza de una red mixta entre el sector publico y el concertado, puede presentar aún un Estado del Bienestar resilente, que protege mal que bien a sus ciudadanos… Y el día que esto colapse, como está ocurriendo en Lisboa desde 2021, y sea conveniente rendirse ante el interés de las empresas de hacerse con los ahorros de toda una vida o una hipoteca inversa ¿Nadie ha pensado que los viejos -y los menos- comenzarán a preguntarse, qué hacemos con el Estado?
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