La anunciada dimisión de Ricardo Cabezas, después de que la Audiencia Provincial de Badajoz haya aclarado el alcance de las inhabilitaciones, es algo más que otra consecuencia del caso David Sánchez. Puede ser también la señal de que el PSOE extremeño ha entendido finalmente que, a veces, negar durante demasiado tiempo un problema termina convirtiéndose en parte del problema.
Cabezas dejará sus cargos en el Ayuntamiento y la Diputación de Badajoz. Francisco Martos hará lo mismo con la Alcaldía de Castuera. Antes quedaron por el camino Miguel Ángel Gallardo y las concejalas Juana Cinta Calderón y Cristina Núñez. La sentencia no es firme y todos conservan, naturalmente, su derecho a recurrir. Pero políticamente las consecuencias ya son enormes.
Porque este caso se ha llevado por delante mucho más que unos cuantos cargos públicos.
Ha atravesado al PSOE de Extremadura durante uno de los periodos más delicados de su historia, ha condicionado el liderazgo de Miguel Ángel Gallardo y ha acompañado el desplome electoral de un partido que durante décadas fue el gran bastión político de la comunidad.
El PSOE pasó de 28 diputados y casi el 40 % de los votos en 2023 a solo 18 escaños y el 25,7 % en diciembre de 2025. Perdió más de 100.000 votos y obtuvo el peor resultado autonómico de su historia. Gallardo dimitió como secretario general al día siguiente.
Hubo un error añadido: durante demasiado tiempo se defendió que, en realidad, no había caso
Sería excesivo atribuir semejante derrumbe únicamente al caso David Sánchez. Los electores votan por muchas razones y la actualidad nacional también está presente. Pero tampoco sería razonable negar el desgaste político que provocó un procedimiento que persiguió a Gallardo durante meses y que terminó ocupando una parte sustancial de la conversación pública alrededor del candidato socialista.
Y hubo un error añadido: durante demasiado tiempo se defendió que, en realidad, no había caso.
Se cuestionó la investigación, se habló de intencionalidad política y el propio Gallardo llegó a sostener que la jueza lo había «perseguido» y que la instrucción había sido, al menos, «muy irregular».
Después llegó el juicio. Y después, una sentencia condenatoria.
Puede ser revocada. Puede ser modificada. Para eso están los recursos y nadie debería anticipar cuál será su desenlace. Pero la realidad política de hoy es la que es, y el PSOE que dirige Álvaro Sánchez Cotrina parece haber decidido no repetir la estrategia anterior.
Cotrina acepta las renuncias de Cabezas y Martos y, al mismo tiempo, defiende que continúen recurriendo hasta agotar su derecho de defensa. No existe contradicción alguna entre ambas cosas.
Esperar a una resolución firme habría supuesto mantener al partido atrapado durante meses en la misma discusión: quién debe dimitir, quién puede continuar, qué cargo puede conservar cada condenado y hasta dónde alcanza exactamente cada inhabilitación.
Y un PSOE situado en su mínimo histórico difícilmente puede permitirse que esa siga siendo su principal conversación.
La cuestión ya no es defender lo indefendible ni declararse culpable de aquello que todavía puede revisar otro tribunal. Es comprender que existe una responsabilidad política distinta de la judicial y que la reconstrucción exige primero cerrar aquello que impide avanzar.
Porque el daño verdaderamente profundo de este caso no está solamente en las dimisiones que deja detrás. Está en lo que ocurrió mientras el PSOE discutía si existía o no existía un caso: perdió diez diputados, más de cien mil votos y a su secretario general.
Todo eso le ocurrió a un partido que no hace tanto gobernaba Extremadura casi como una prolongación natural de su propia historia.
Ahora parte de mucho más abajo.
Y quizá por eso la nueva dirección haya comprendido que ya no tiene margen para convertir cada revés judicial en una batalla política ni para refugiarse en la explicación de que la responsabilidad siempre está en otro sitio.
Los recursos dirán algún día cuál es el desenlace judicial definitivo.
Pero la reconstrucción política no puede esperar a esa sentencia.
Porque para el PSOE extremeño la cuestión ya no es demostrar que tenía razón sobre el pasado. Es conseguir que los extremeños vuelvan a considerarlo una opción para el futuro.
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