Algo no encaja en el debate sobre el agua en el sur de Europa. Mientras el denominado “contexto de cambio climático” se repite de forma casi automática en Bruselas como argumento para limitar la expansión de nuevas áreas regables, apenas se contrasta si los datos reales de cada territorio respaldan esas premisas. Esta disociación entre marcos generales y realidades locales no es menor: afecta directamente a proyectos estratégicos como el de Tierra de Barros, donde se discute no sólo sobre el uso del agua, sino sobre el futuro de una de las áreas más vertebradoras del mundo rural extremeño.
El plan de regadíos para la citada comarca pretende transformar apenas 15.000 hectáreas, con un reducídisimo consumo medio anual de unos 45 hm3 (1,4% del embalse de La Serena) y este caso ilustra hasta qué punto criterios abstractos pueden imponerse sin una adecuada verificación empírica. Y eso es lo que pretendo clarificar en este artículo de opinión.
El cambio climático es una evidencia a lo largo de la historia geológica, desde los orígenes del planeta el clima se encuentra en permanente evolución, con temperaturas medias 10º C más elevadas que las actuales durante la mayor parte de los últimos 200 millones de años alternándose etapas cálidas con glaciaciones, como demuestran los estudios científicos paleoclimáticos en todo el orbe.
No obstante, la Unión Europea hace un uso impropio aplicándolo al regadío dentro de una vaguedad como “contexto de cambio climático”, para asignar restricciones al uso agrícola del agua y a la expansión de nuevos cultivos.
Ahora bien, cabe aclarar, con base en las series históricas de precipitación de AEMET, que Extremadura presenta un aumento apreciable de las precipitaciones durante el siglo XXI respecto a las últimas décadas de finales del siglo XX. De hecho, en numerosos observatorios regionales los acumulados pluviométricos entre 2000 y 2023 resultan algo superiores a los registrados entre 1980 y 2000. Por lo que carece de sentido la afirmación de la Unión Europea para el futuro, puesto que lleva 30 años repitiendo el mismo escenario catastrófico y, sin embargo, los embalses españoles y extremeños acumulan récord de recursos hídricos, contra todas las previsiones anunciadas de forma reiterada.
Ciertamente que se sigue observando una fuerte irregularidad interanual, característica inherente al clima mediterráneo continentalizado. Pero conviene subrayar que esta variabilidad climática no equivale necesariamente a disminución tendencial de los recursos hídricos. La alternancia entre años secos y húmedos forma parte de la propia dinámica histórica de la Península Ibérica y no constituye, por sí misma, ninguna prueba de deterioro o merma hidrológica como han venido manifestando erróneamente algunos sectores y ciertos medios de comunicación se han empeñado en resaltar.
Así, con estos mantras repetidos hasta la saciedad, una parte significativa de la opinión pública parece haber confundido episodios coyunturales de sequía con procesos permanentes de desertificación y aridificación climática. Sin embargo, ambos fenómenos responden a escalas y dinámicas diferentes. La existencia de periodos secos, por cierto, cada vez menos intensos y de menor duración temporal, no implica automáticamente una tendencia irreversible hacia la reducción de recursos disponibles, singularmente en territorios con un alto nivel de regulación hidráulica como ocurre en la cuenca del Guadiana, que es la de referencia para el regadío ibérico desde que en 1952 se puso en marcha el Plan Badajoz, uno de los mayores proyectos de transformación territorial, modernización y cohesión socioeconómica desarrollados en la España contemporánea.
El análisis de los índices SPEI (Standardized Precipitation-Evapotranspiration Index) a 12 y 24 meses refuerza esta interpretación. Las grandes sequías registradas en Extremadura entre 1980 y 1995 (particularmente las de 1980 a 1983, 1990 a 1995) alcanzaron una duración y severidad superiores a los episodios observados en el siglo XXI. Aunque en años recientes continúan existiendo, como es normal, eventos secos notables, éstos han mostrado generalmente una menor persistencia temporal y una recuperación hídrica más rápida.
Esta circunstancia resulta notoria porque buena parte del argumentario prohibitivo actual se fundamenta en la idea equivocada de un empeoramiento continuo y acumulativo de las sequías en el sur peninsular. Contrariamente, los datos disponibles para Extremadura introducen una realidad bastante más compleja y diferenciada de la que suelen mencionar determinadas perspectivas generalistas, que son imprecisas por su propia configuración metodológica y no se ajustan a los datos oficiales de la AEMET.
Todo cuanto apuntamos se puede comprobar en el comportamiento reciente de los embalses de la cuenca del Guadiana. Los datos del Ministerio para la Transición Ecológica muestran que entre 2024 y 2026 el almacenamiento ha alcanzado porcentajes superiores a casi todas las medias históricas registradas. Por ende, más allá de las oscilaciones propias de cada campaña hidrológica, no sólo no se aprecia un colapso estructural del sistema hídrico, como vaticinaban, ni una pérdida progresiva de capacidad de resiliencia sino todo lo contrario.
Este aspecto es esencial porque el enconamiento sobre los temas hídricos en España suele desarrollarse con frecuencia desde una percepción más emocional, magnificada por la publicación constante de imágenes relativas a presas vacías, que pluviométrica. El cuadro recurrente de “escasez permanente” no siempre coincide con la realidad de determinadas cuencas, como las extremeñas, donde las infraestructuras de regulación permiten amortiguar con relativa eficacia la oscilante pluviometría mediterránea garantizando estabilidad productiva, arraigo poblacional y continuidad económica en amplias áreas rurales del interior peninsular.
La propia historia hidráulica española demuestra que buena parte del desarrollo territorial del país ha descansado precisamente sobre el potencial de almacenar y redistribuir el líquido elemento en un contexto climático espacialmente también irregular. No puede entenderse la sinapsis económica y demográfica de amplias regiones mediterráneas e interiores de España, como el área de influencia de la cuenca del Guadiana, sin la función estratégica desempeñada históricamente por las infraestructuras (presas, canales, acequias, caminos, etc.) y el regadío.
De hecho, la variabilidad en la distribución de las lluvias no constituye una anomalía reciente, sino una constante tradicional en la piel de toro ibérica, como se refleja en los embalses romanos (Proserpina y Cornalvo) y en los archivos parroquiales desde el medievo hasta finales del siglo XIX (en los que se recogen por escrito todos los fenómenos adversos de sequías e inundaciones que tanto daño causaban a vidas y haciendas), cuando se colocan observatorios meteorológicos por toda España y se pueden elaborar estadísticas.
En consecuencia, aplicar de forma automática criterios limitantes derivados de modelos climáticos centro-europeos (que tampoco se cumplen en esas zonas) conducen a diagnósticos sin correlación alguna con la realidad física del territorio ibérico, al ser herramientas insuficientes por sí solas para evaluar proyectos concretos sin incorporar una validación empírica regional. Por ejemplo, ¿cómo vamos a comparar el comportamiento de los ríos Danubio y Rin con los del Guadiana y Guadalquivir si sus regímenes de caudal son tan dispares?
La cuenca del Guadiana presenta, al menos hasta el momento, una evolución climática más favorable que la sugerida por todos los planteamientos generales aplicados al conjunto del sur de Europa. Contrariamente a las proyecciones se observa un aumento sostenido de las precipitaciones, con sequías más cortas y menos severas, lo que se plasma en un aumento de las cantidades hídricas almacenadas en sus grandes embalses (registros de récord el 1 de junio de 2026 como se observa en el cuadro final).
En consecuencia, la discusión sobre el regadío de Tierra de Barros debería abordarse desde parámetros técnicos y territoriales concretos: disponibilidad efectiva de recursos, eficiencia del sistema de riego, balances hídricos reales, impacto económico, innovación y sostenibilidad productiva. Sustituir ese análisis riguroso y empírico por referencias genéricas al “contexto de cambio climático”, tal y como viene haciendo la Unión Europea, introduce el riesgo de imponer prohibiciones directas desvinculadas de la evidencia observada y de promover decisiones carentes de suficiente fundamento científico y territorial.
Además, conviene recordar que el regadío tiene también un ámbito territorial al que se asocia una estructura demográfica y socioeconómica. En regiones del interior afectadas por procesos de envejecimiento, pérdida de población y limitada industrialización, la modernización del campo continúa siendo uno de los principales instrumentos de fijación demográfica, generación de valor añadido y desarrollo económico donde la agricultura sigue actuando como uno de los últimos factores estructurantes del paisaje, el empleo y la articulación espacial.
En este sentido, el caso de Tierra de Barros trasciende el mero enfoque técnico sobre la cuestión regable. Representa también una reflexión más amplia sobre el modelo territorial europeo y sobre las políticas comunitarias para adaptarse a la diversidad físico-natural y económica de los múltiples encuadres en una geografía sin isotropía continental y tan heterogénea en tipologías climáticas. El argumento de fondo es si Europa será capaz de modular sus estrategias ambientales conforme a las realidades regionales concretas o si continuará aplicando categorías homogéneas sobre territorios climática e hidrológicamente tan variados como disímiles.
Queda meridianamente claro que cuando la planificación se separa de los datos reales y las evidencias empíricas locales para subordina exclusivamente a escalas abstractas de alcance general (europeo), se acaba sustituyendo el análisis científico regional por una burocratización ideológica de la gestión ambiental.
Con todo lo argüido en este texto de manera irrefutable, concluimos que por justicia histórica, rigor científico y reto demográfico: el regadío de la Tierra de Barros no es un capricho frente al clima, sino una necesidad y el derecho legítimo de una tierra feraz a labrar su propio futuro con el agua que sus embalses demuestran albergar.
Cuadro ilustrativo del agua almacenada en estas fechas, considerando que los embalses del Guadiana llevan desde mediados de abril soltando agua para regar cerca de 180.000 hectáreas:
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