Un pacto político por la Sanidad en Portugal

El crucero MV Hondius infecto de Hantavirus ya atracó en el puerto de Rotterdam. Al fin. Sólo a quienes los curas nos enviaban por las calles en horario lectivo con aquella hucha petitoria del Domund para recolectar limosnas -recuerdan, el chinito amarillo, el negrito y el cobrizo- sabíamos que el navío tendría que fondear en España para atender a tan caprichosos turistas occidentales. Todos, menos el Presidente nacionalista canario Clavijo, claro. Él y quienes pronosticaran el caos, la llegada del Apocalipsis, mirándose al espejo. Todo terminó bien, como suelen pasar las crisis en países serios como España, apreciados en el resto del mundo por la Sanidad, que les asegura el turismo, y una Salud Pública ordenada. El pasado año, los españoles recibimos a 96´8 millones de turistas, un 3’2% más que en 2024, que gastaron 134.712 millones de euros, un aumento del 6’8%, con un promedio de 1.514€ por viajero, en su mayoría provenientes de Francia, del Reino Unido y Alemania. Los dos años que sufrimos el confinamiento por el virus COVID-19, las visitas se redujeron a 18’8 millones de turistas (18.787 millones de €) en 2020 y 31’2 millones en 2021 (34.903 millones de € de ingresos). 

Las emisoras portuguesas abrían cada boletín con la evolución del desembarco de pasajeros y el miedo en el tono de voz ¡A ver si vamos a meternos en el pozo otra vez! Y aún estaba enfilando la feliz resolución, esta semana abrió con una nueva amenaza: La Organización Mundial de la Salud confirmaba un brote de ébola en el Congo y Uganda, para el que no existe una vacuna contra la cepa Bundigbuyo ni tratamientos contrastados. El Director de la OMS, Tedros Adharom, quien obligó al gobierno español a cumplir la legalidad internacional y aceptar al MV Hondivus en puerto ante las carencias de Cabo Verde, elevó la alerta de 5 de mayo a “emergencia de salud pública” el pasado domingo, 17. El balance hasta ayer se cifra en 136 fallecimientos y 543 sospechas de contagio. El ébola se mantiene como una enfermedad grave y mortal, a menudo. Se transmite por contacto directo de los fluidos corporales y al tacto de materiales o del cadáver de un infectado. El miércoles rebajó la tensión y precisó que el riesgo a nivel mundial sigue bajo: “Constituye una emergencia de salud pública -afirmó- pero no una emergencia pandemia”.  

El pasado 18 de mayo, el Presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, intervino en la 79º Asamblea Mundial de la OMS donde reclamó un impulso definitivo al Tratado de Pandemia con el objetivo de “reforzar la salud global que -según él- debe apoyarse en la inversión hacia las capacidades de respuesta y el acceso a las vacunas; la reforma de la una financiación mundial más justa porque ahora 3.400 millones de humanos destinan más dinero a pagar intereses de deuda a a la salud; y democratizar la gobernanza de la salud global” para que se conozca la realidad de los países del sur si deseamos realmente construir una seguridad sanitaria global y reducir episodios como estos últimos para países como España, Italia o Suecia, que lideran hoy la longevidad en Europa, por encima de los 84 años de esperanza de vida. En los últimos dos años, la financiación internacional destinada a la salud global se ha reducido un 30% y el sarampión, una enfermedad que creíamos controlada, vuelve a expandirse y la reducción de la mortalidad infantil se estanca por primera vez en veinte años. Algo que no sólo vigilará el sur subdesarrollado, sino también infecciones como la del virus Shigella, que se transmite por relaciones homosexuales o bisexuales, y que ha pasado en Europa y EE.UU. a 2.300 casos desde unas severas diarreas a llevarse la vida de pacientes inmunodeprimidos a partir de la gastroenteritis. 

Tanto España como Portugal están sufriendo las últimas semanas varias huelgas del sector sanitario. En España, con una incidencia del 16%, los sindicatos médicos reclaman un Estatuto propio -al margen del consensuado con los sindicatos de otros trabajadores- una jornada laboral de 35 horas y voluntariedad para las guardias, o el aumento de las mismas al 175% como piden en Madrid, una remuneración por cada jornada complementaria, un complemento por la pérdida de la paga extra de 2010 y coeficientes reductores de peligrosidad y riesgos laborales para una jubilación anticipada de un colectivo que comienza a cotizar entre los 25 y los 30 años de edad. Así llevan ya cuatro semanas, jaleados por algunas CC.AA, porque va contra una normativa del ministerio que antes fue, y mañana puede volver a ser, de ese color político. 

En Portugal, la Federación Nacional dos Médicos, acusa al gobierno del conservador Luis Montenegro de “incentivarles a hacer más horas de su horario, promoviendo el agotamiento del origen legal en el empleo como médico, a través de trabajos suplementarios como el banco de horas” -según la coordinadora de Oporto, Joana Bordalo e Sá. Han secundado la huelga de la Función Pública en octubre del pasado año y han anunciado su apoyo a la Huelga General que ha convocado la CGTP (Confederação Geral de Trabalhadores de Portugal) para el próximo 3 de junio contra el paquete de reformas laborales, agravando así la delicada situación política del Sistema Nacional de Salud que dirige la ministra Ana Paula Martins y sufrió el pasado 4 y 5 de mayo el paro de los enfermeros. Demandan también una jornada laboral de 35 h. semanales, 25 días de vacaciones y cinco más si las tuvieran que disfrutar fuera de la época alta, y la integración de los médicos interinos en la carrera profesional.  

Millón y medio sin médico asignado, el principal problema del país 

Entre huelgas, desencuentros, peticiones desmedidas -en algunos casos- falta de personal en las áreas más saturadas como Urgencias y la Unidad de Cuidados Intensivos y, por supuesto, atraso en las listas de espera para especialistas o cirugías -que Portugal eleva como media a los nueve meses- la realidad parece devorar ambos sistemas públicos de sanidad, sin duda el cimiento de cualquier aspiración para una Salud Global: Según el Observatorio dos Seguros da Saúde y el INE luso en 2004 el 37’8% de la población disponía de un seguro privado de Salud, cuatro de once millones de portugueses. Según la Associação Portuguesa de Hospitalação Privada abarca el 25% del sistema, aportando 1.945 millones de euros anuales al SNS entre cirugías, consultas, diagnósticos, atención de urgencia y partos. En el caso de España, según datos del Estudio de la Fundación IDIS para la XVI Edición del Observatorio del sector privado sanitario en mayo de este año, 12’8 millones de españoles disponen de un seguro privado, el 26% de la población si se incluye el mutualismo administrativo, creciendo cada año una media de doscientas mil personas y llegando en Madrid al 37´3%, en Catalunya al 31% y el 30’9% de Baleares. Según este estudio, se atribuyen una contribución del 32’2% al Sistema Nacional de Salud, un 42% sólo en la actividad hospitalaria, (440 hospitales) que en los centros de Salud Mental, con o sin internamiento, llega al 75% con 67 hospitales y en las residencias privadas el 70’1% con 3,094 según el censo de 2023. El sector sanitario privado, con o sin concierto, emplea a trescientas mil personas en España.  

Con este panorama, el reciente Presidente de la República portuguesa, António José Seguro, ha lanzado un Pacto Estratégico para a Saúde. El PAN lo interpreta con la intención de promover un consenso para reforzar la vigilancia epidemiológica, la promoción de hospitales, modelos alimenticios y ciudades más sostenibles, y un esfuerzo hacia la investigación ambiental y la zoonosis, que reconozca la profunda interdependencia entre la salud humana, animal y ambiental, cada día más resistente al efecto de unos antibióticos que acaban por entrar en la cadena alimentaria y en los residuos de la industria agropecuaria, en consonancia con la perspectiva One Health, que en el caso de la región extremeña conocemos por el combate contra la Fiebre del Nilo y el virus Crimea-Congo, o fiebre hemorrágica, sobre el ganado. Para Seguro, las personas deben ocupar el centro del Pacto y que ningún ciudadano se quede atrás en la prestación de cuidados, reforzando la proximidad; para ello, defiende un sistema universal y gratuito, que responda de forma integrada y sostenible, y sea capaz de anticiparse al largo plazo. 

Ha nombrado como coordinador al doctor Adalberto Campos Fernandes el pasado 24 de abril, médico especialista en Salud Pública, profesor en la Universidad Nova de Lisboa. A las cuestiones de vigilancia epidemiológica, las alteraciones climáticas y la salud ambiental, la península ibérica le añade el severo envejecimiento que pone en peligro la sostenibilidad de los sistemas de salud. Si en Alemania, la población mayor de 65 años llega al 22’4%, el escenario luso se encuentra ya en el 24’1% a la espera aun de que la generación baby boomer comience a jubilarse, aumentando el número de pacientes de enfermedades contemporáneas, el cáncer, la demencia o el deterioro cognitivo, más complejos y costosos. Más de un millón de pacientes aguardan ahora una consulta, cerca de trescientas mil una cirugía y un millón y medio aún continuan sin un médico asignado, lo que provocó que el gobierno contratara a centenares de médicos en régimen de prestación de servicios, conocidos como “tarefeiros. De momento, el PAN acogió la propuesta desde la defensa de la prevención y la ciencia; el Bloco de Esquerda reclama la refundación del Sistema Nacional de Salud y los comunistas del PCP acusan a los socialistas de haber iniciado el declive del sistema público con conciertos y cesiones hacia los grandes grupos empresariales que operan allí (CUF del Grupo Melo, Luz Saúde, Lusíadas e Trofa Saúde). Les espetan ahora blanquear esta posición política con un Pacto, denominado “de Régimen” para que defina la legislatura.  

Sea así -o no- la Sanidad se convierte en el principal problema para la sociedad lusa, por encima de los incendios. Tozé Seguro acierta en priorizar ahí el primer intento de consenso político que ya provocó un Consejo de Ministros extraordinario el pasado 7 de mayo para flexibilizar aún más la contratación de médicos -fundamentalmente para asegurar los servicios de urgencias- con una reestructuración del INEM como autoridad central del Sistema Integrado de Emergencia Médica. Y además, invita al consenso al integrar recursos públicos y privados en el sistema nacional porque el agua se les está escapando por entre los dedos de la mano… Y si el Estado ya no sirve para proteger a los súbditos, igual ya ni siquiera será necesaria hasta esa existencia. Y eso lo saben, tanto Antonio José Seguro como Luis Montenegro, que observan el ascenso de Chega, virgen en cualquier pasado gubernamental democrático.