Los cabecillas del Movimento Armilar Lusitano (MAL) compartían entre ellos la llamada “lista de los indeseables”, cuarenta políticos y más de ochenta personalidades, de izquierda y centro-izquierda en su mayoría, además de vigilar a todas aquellas personas e instituciones cuyas actividades fueran consideradas por esta milicia neonazi como “una amenaza directa a los intereses nacionales”, según se desprende de la acusación del ministerio fiscal que hizo público el semanario Expresso el pasado sábado. Entre ellas, el M.A.L ejecutó tareas de vigilancia a la residencia del Primer Ministro, Luis Montenegro, en Lisboa.
Según este informe, uno de los líderes llegó a ser jefe de la Policía de Seguridad Pública (PSP), en comisión de servicio en la Policía Municipal de la capital, con acceso a información interna y a los dispositivos de seguridad para el Presidente del Gobierno. Cuatro de los once investigados se encuentran ya en prisión preventiva desde junio del pasado año y las autoridades ya identificaron a otros sospechosos, tanto dentro como fuera de Portugal. La agencia Lusa contrastó el número de investigados según la decisión del Tribunal de Relação de Lisboa el pasado 22 de abril. Seis de los encausados continuarían en prisión provisional acusados de pertenencia a un grupo terrorista, con penas posibles de prisión entre ocho y quince años. Y el Tribunal reconocía que se habían identificado numerosos individuos que motivaron diligencias como intervenir teléfonos, vigilancias de redes sociales y centenares de ficheros digitales analizados por el ministerio público: cuatro computadores, nueve móviles y 21 discos de información con ocho mil gigabites de información, que abarcan las redes de cooperación internacional del MAL, grupos radicales y terroristas con quienes mantenían contacto online, manual para fabricar armas impresas en 3D… En definitiva, un examen pericial que está descubriendo una estructura con organización delicada y peligrosa, de gran complejidad y sin precedentes históricos en el país luso.
El Ministerio fiscal calificó “esta pluralidad de personas que actúan concertadamente y de modo prolongado” como un grupo semejante a quienes actúan a nivel internacional dentro de los movimientos nacionalistas y extremistas, unidos por la propaganda anti-inmigración, discursos que incitan al odio y la violencia contra refugiados e inmigrantes, y que comenzó a defender las mismas teorías negacionistas en 2022, con motivo del inicio de la guerra en Ucrania y las mismas consecuencias económicas que provocó la invasión rusa. El jefe policial, hasta su detención en servicio como Policía Municipal en Lisboa, se erigió como el encargado del reclutamiento, y les seleccionaban según la constitución física, la profesión, aptitud militar y conocimientos en el manejo de armas, un paso más allá de los grupos “skinheads” que nació en algunos gimnasios, al calor de la afición por las artes marciales, como había ocurrido en la historia contemporánea con los Portuguese Hammerskins o el ya referido en esta sección, Grupo 1143, el año del Tratado de Zamora que dio pie al origen del Reino luso. Habían protagonizado algunos ataques. Llegaron a apuñalar a miembros de la asociación SOS Racismo y a militantes del PSR (Partido Socialista Revolucionario) a principios de esta década. Sin embargo -pese a convivir con grupos de violencia organizada, algunos de ellos vinculados hasta 2003 con los jóvenes adeptos del Sporting de Portugal de la Juventude Leonina (Juve Leo), liderados por Mario Machado, que solían desplegar una pancarta blanca con el lema “Sporting SSempre” y exhibían cruces celtas, esvásticas y tatuajes neonazis- un objetivo de “Matar al Presidente” eleva la tormenta a una seria tempestad.
Mário Rui Valente Machado sólo tenía 15 años cuando se unió por primera vez al grupo skinhead Frente de Defesa Nacional la noche Día de la Raza, del 10 al 11 de junio de 1995. Machado y su novia participaron en los graves ataques contra personas de raza negra en Bairro Alto y Chiado, donde murió el luso-caboverdiano Alcindo Monteiro. Fue condenado a dos años y expulsado de la Fuerza Aérea. En 2007 le ampliaron la condena siete meses por posesión ilegal de armas y en 2009 con cuatro años y diez meses más por amenazar a la fiscal Candida Vilar. A partir de 2020 este grupo ganó visibilidad, frente a la izquierda, defendiendo la identidad nacional frente a la inmigración. El 25 de abril del año pasado, festividad nacional, una concentración no autorizada de la extrema derecha hirió a dos agentes de policía y Mario fue uno de los tres detenidos. En mayo de 2025 volvió a ingresar en prisión por incitar al odio en las redes sociales contra la líder del Movimento Alternativa Socialista (MAS), Renata Cambra. Y desde entonces, la Unidad Nacional Contraterrorismo (UNCT) de la Policía Judicial anunció que trescientos efectivos policiales habían detenido a 37 sospechosos con antecedentes penales y vínculos con grupos internacionales en el marco de la operación “Irmandade”, imputando a quince de ellos, dos policías y un sargento del Aire entre los encarcelados, desmantelando así el grupo 1143.
Demasiada crispación en el debate político
Varios periodistas se han apresurado a desvincular “estos movimientos bastante peligrosos” de la crispación parlamentaria que se vive en la Asamblea de la República. Chega le sopla el cogote a la coalición conservadora Aliança Democrática (AD) compuesta por los centristas PSD, el PP y el CDS. Un día antes de la publicación de estas informaciones, el partido ultraderechista que lidera el abogado André Ventura, votaba con las fuerzas de izquierda y Livre para tumbar el proyecto de reforma laboral que persigue el gabinete de Luis Montenegro. Chega puso como condición que le ampliaran dos días de licencia a los trabajadores y rebajaran la edad legal de jubilación a los 65 años, y terminó aquella sesión del jueves 18 de junio levantando el puño derecho y mirando al líder sindical de la CGTP comunista, Tiago Oliveira, quien lloraba en la tribuna del parlamento al comprobar que la reforma liberal se atascó, después de protagonizar en solitario la huelga general el pasado 3 de junio que paralizó los transportes en el país.
De hecho, ayer se materializaba el acuerdo entre el PSD y el Partido Socialista para desbloquear la Prestación Social Única, que iba a pactar Luis Montenegro con Chega. A cambio, el Gobierno retirará el canal de denuncias y limitará el Trabajo Social obligado (quince horas a la semana) a quienes tras un año se encuentren sin trabajo después de cobrar esa pensión. Cualquier persona podrá beneficiarse de la PSU a partir del primer año de estancia en el país, aunque no hubiera cotizado aún y han logrado anteponer las condiciones de pobreza severa a la procedencia de la persona, una definición muy lejana a las primeras intenciones entre la derecha conservadora (91 escaños) y la radical (60 diputados) de 230. Sería el gobierno socialista de Antonio Costa quien presentó esta reunificación de trece medidas sociales en una Prestación a la Comisión Europea en su Plan de Resilencia y Reforma (PRR) después de la epidemia del COVID-19- En el seno de los socialistas se congratulan de haber parado las duras intenciones iniciales y ahorrar al país 600 millones de € año con la reducción del número de diversas ayudas: “Un acuerdo que satisficiera las dos dimensiones -afirmaba el parlamentario Eurico Brilhante Dias: Cumplir con el PRR y disponer de una PSU equilibrada, moderada y que no estigmatizara a los pobres y a la pobreza”.
La directora del UNCT, Manuela Santos, no descartó la implicación en el Movimento Armilar Lusitano (M.A.L.) de “elementos de las fuerzas de seguridad y de las fuerzas armadas”. Fundado en 2018,, estaba monotorizado por la Policía Judiciaria desde el año 2021. Precipitaron la detención de algunos miembros, quienes estaban valorando asaltar la Asamblea de la República. Varias informaciones acusaron sin pruebas al ex-asesor de Chega, Manuel Matías, padre de la diputada, Rita Matías, de formar parte de la lista de apoyo del MAL, al mismo tiempo que en las redes sociales algunos dirigentes locales apoyaron públicamente al Grupo 1143 y al líder Mário Machado, entonces encarcelado en Alcochete. El M.A.L. se define como “un grupo de lusitanos que enaltece Portugal y a los portugueses patriotas”. En 2019, se identificaron a algunos de sus simpatizantes entre los “Chalecos Amarillos” que salieron a la calle para protestar contra el coste de la vida y la invasión de productos foráneos.
La Policía Judiciaria, cuyo último director, Luis Neves, ocupa hoy la cartera de Administración Interna en el gobierno de Luis Montenegro, se limita a afirmar que “en estrecha colaboración con las divisiones de las Fuerzas Armadas, su Estado Mayor y la Guardia Nacional Republicana, sigue atentamente este fenómeno, especialmente en redes sociales y otras formas de comunicación”, mientras alguna firma periodística los define como “un movimiento de camisas pardas” que no puede ocultar sus conexiones con Chega. La Operación Desarme 3D llevó a cabo quince órdenes de registro y la detención de seis personas, incautando varias armas de fuego y pegatinas con el lema “Reconquista”, el pasado martes, 16 de junio. Esta vez, el objetivo ya no son portugueses africanos, actores o mujeres de izquierda… El objetivo parece que se elevaba hasta el jefe del Ejecutivo, Luis Montenegro, palabras mayores. Ese mismo sábado de madrugada que Expresso publicó el reportaje, su principal crítico en el seno del PSD, Pedro Santana Lopes anunció, para sorpresa de todos, que volvía a las filas del partido para apoyar el ataque que sufría el Gobierno de Aliança Democrática desde la extrema derecha. Una vez más -y pese a la crudeza de la afirmación- lo que no mata, engorda.
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