En el desarrollo de infraestructura, el cuello de botella ha ido cambiando de sitio durante las últimas décadas. Primero fue el permiso. Después, el punto de conexión. Luego, el dinero. Hoy es otro, y es el único que no se resuelve con una firma, un aval o un expediente: la persona que tiene que entender lo que se construye.
Sobre ese cuello de botella se escribe casi siempre en clave de cantidad: que faltarán médicos, que faltarán ingenieros, que no hay relevo generacional. Los números existen y son serios, pero apuntan al problema equivocado. El relevo va a llegar. Las plazas se cubrirán, los títulos se expedirán y los colegios profesionales seguirán dando de alta gente todos los años. La pregunta que de verdad importa, y que casi nadie formula, es otra: con qué nivel real va a ejercer esa promoción. No cuántos habrá en la consulta o en la sala eléctrica, sino qué van a ser capaces de resolver cuando estén dentro.
El informe PISA que la OCDE publicó el 8 de septiembre debería leerse, en este país, como un informe de riesgo profesional. Los alumnos españoles de quince y dieciséis años obtuvieron 451 puntos en lectura, 457 en matemáticas y 477 en ciencias: los peores resultados de toda la serie española, que arranca en el año 2000. Veintitrés puntos menos que en 2022 en lectura y unos cuarenta y cinco menos que en 2015. Como veinte puntos equivalen aproximadamente a un curso académico según la propia OCDE, la distancia con Japón (538, 503 y 525) o con Estonia (527, 499 y 508) es de entre dos cursos y medio y tres. Un tercio de la secundaria.
Pero el dato decisivo no es la media. Es este: solo el 4% de los estudiantes españoles alcanza los niveles 5 o 6 en matemáticas, los que miden precisamente la capacidad de modelizar, abstraer y resolver problemas que no son de libro. Y uno de cada tres no llega al nivel básico en lectura y matemáticas. El primer dato dice que la cantera de la que saldrán los mejores ingenieros y los mejores diagnosticadores se ha estrechado dramáticamente. El segundo, que a mucha gente le va a costar leer con provecho un manual de operación. Ninguno de los dos habla de escasez: hablan de competencia.
El divorcio entre el título y el nivel
Lo más inquietante es que ese deterioro no aparece en los expedientes. Mientras PISA cae, las calificaciones suben. La nota media de acceso a la universidad pasó de 8,75 sobre 14 en 2015-2016 a superar el 10 pocos años después, y en la última convocatoria de la EBAU aprobó el 96,84% de los presentados, récord de la serie. Los propios rectores, desde la CRUE, han reconocido que el modelo actual flexibiliza en exceso y eleva de forma ficticia las notas de corte. Conviene ser honesto: hay estudios —el de EsadeEcPol es el más citado— que atribuyen parte de esa subida a mayor competencia entre alumnos y a cambios de formato, no solo a manga ancha. El debate técnico sigue abierto. Lo que no admite debate es la aritmética elemental: no se pueden perder veintitrés puntos de comprensión lectora y ganar punto y medio de nota media sin que una de las dos cifras esté mintiendo.
Y ese es el mecanismo exacto del problema. Un sistema que oculta el déficit en lugar de señalarlo impide corregirlo. El alumno que arrastra un hueco desde tercero de la ESO promociona, titula, entra en la universidad con buena nota, ocupa una plaza de Ingeniería o de Medicina y descubre en primero que el hueco sigue ahí. No es teoría: las matriculaciones en Ingeniería han caído en torno a un 33% en dos décadas y la tasa real de abandono se mantiene cerca del 50%. Medio aula que se va. No se va porque no quiera: se va porque llegó sin herramientas y nadie se lo dijo a tiempo.
Quienes sobreviven y alcanzan el mercado laboral encuentran el mismo espejo. El informe de Desajuste de Talento 2026 de ManpowerGroup sitúa en el 78% las empresas tecnológicas españolas que no logran cubrir sus vacantes, cinco puntos por encima de la media global. Pero lo revelador es dónde localizan las carencias en España: profesionalidad y ética de trabajo (48%), comunicación y trabajo en equipo (45%) y pensamiento crítico (40%). No es que no encuentren currículos. Es que no encuentran criterio. Con más de 120.000 vacantes tecnológicas sin cubrir, un paro cercano al 10% y un desempleo juvenil en torno al 26%, lo que hay no es un problema de oferta de personas: es un problema de lo que esas personas pueden hacer.
La portería vacía
En su último análisis sobre estos resultados, Marc Vidal formula el diagnóstico con una imagen exacta. La crisis, sostiene, no la ha provocado la tecnología en sí, sino la «portería vacía» que ha dejado la desidia institucional: al no regular nunca para qué entraba la tecnología en el aula, las autoridades dejaron ese espacio libre y lo ocupó la industria de la economía de la atención, cuyo negocio es la distracción, no el pensamiento. El resultado que describe no es analfabetismo, sino dependencia cognitiva: una generación que no sabe verificar una información ni hacer un cálculo elemental sin ayuda. Y cifra en unos dos cursos escolares la capacidad lectora y analítica perdida en una década, que es exactamente lo que sale de aplicar la propia regla de la OCDE a los cuarenta y cinco puntos que España ha cedido en lectura desde 2015.
Lo más sólido de su tesis es lo que no es: no es un lamento contra las pantallas ni contra la pandemia, que sirven de coartada cómoda porque son fenómenos globales que a nadie exigen responsabilidad. Es una acusación de falta de liderazgo y de diseño intencionado. La prueba la aporta él mismo con Suecia, que hizo lo contrario. Tras verificar que sus alumnos con más exposición a dispositivos rendían peor —su puntuación en PIRLS de comprensión lectora cayó de 555 a 544 puntos entre 2016 y 2021—, el Gobierno sueco suspendió formalmente su estrategia digital obligatoria, invirtió cientos de millones en libros de texto en papel y bibliotecas escolares, restringió los dispositivos en las primeras etapas y, desde este curso 2026-2027, hace de los centros obligatorios espacios sin móvil durante toda la jornada. Su ministra de Educación lo justificó con una frase que debería estar enmarcada en algún despacho de aquí: sin cambio de rumbo, Suecia se arriesgaba a criar «una generación de analfabetos funcionales». Se puede discutir la medida; no se puede discutir que es una decisión. Aquí no se ha tomado ninguna.
La consecuencia que apunta Vidal va más allá del mercado laboral: una sociedad incapaz de pensar críticamente y de verificar hechos es una sociedad fácil de manipular, un rebaño que entrega su autonomía por igual al algoritmo y al discurso político. Esa misma incapacidad tiene, además, una traducción técnica muy concreta.
Por qué esto importa más, no menos, con la inteligencia artificial
Alguien dirá que la IA vendrá a compensar el hueco. Ocurre exactamente lo contrario. La automatización se come primero la tarea rutinaria: el cálculo estándar, el informe repetitivo, el protocolo aplicado sin pensar. Justo lo que el sistema sigue premiando. Y deja intacto —de hecho, encarece— lo demás: el juicio profesional, la capacidad de detectar que el resultado que devuelve la máquina es absurdo, la decisión en el caso que no encaja en el manual. Eso es el nivel 5 y 6 de PISA. Es el 4%.
En una consulta de siete minutos, el médico que sigue el protocolo lo hará razonablemente bien; el que tiene que salirse de él porque el paciente no encaja necesita otra cosa. En una sala de media tensión o en un centro de datos, un operador capaz de ejecutar la maniobra es útil; uno capaz de advertir que la maniobra prescrita está mal es imprescindible, porque ahí no hay segunda oportunidad. Quien no sabe verificar no puede supervisar una máquina: solo puede obedecerla. El sector no necesita más titulados. Necesita gente que sepa por qué hace lo que hace.
Extremadura, con más motivo
Extremadura queda por debajo de la media española en tres de las cuatro competencias evaluadas: 454 puntos en matemáticas frente a 457, 473 en ciencias frente a 477 y 494 en resolución computacional de problemas frente a 499. Iguala la media en lectura, con 451, que es empatar en un suelo histórico. En matemáticas la región ha perdido quince puntos desde 2022.
Y es la comunidad que tiene probablemente la mejor combinación de suelo, radiación, agua, capacidad de red y voluntad administrativa de España para acoger la nueva industria eléctrica e intensiva en cómputo. Esa ventaja es real, pero replicable: otras regiones y otros países pueden ofrecer lo mismo. Lo que no se replica en cinco años es una base de técnicos con criterio. Si los proyectos aterrizan y la operación se cubre trayendo gente de fuera, Extremadura habrá alquilado su territorio en lugar de transformar su economía.
Lo que sí depende de nosotros
Primero, dejar de maquillar: una evaluación que aprueba al 97% no informa a nadie, y menos al alumno, que es el único que paga la factura años después. Segundo, fundamentos: lectura comprensiva y matemáticas antes que cualquier plan de innovación, porque sin las dos primeras las demás son decorado. Tercero, los profesores: no hay refuerzo posible de matemáticas mientras en los grados de Educación esa materia y las TIC ocupen entre el 10% y el 12% de los créditos, ni mientras falten especialistas de Informática, Electrónica y FP técnica. Cuarto, decidir para qué entra cada herramienta en el aula, que es precisamente lo que no se ha hecho. Y quinto, formación profesional pegada a proyectos reales: las empresas que van a operar esa infraestructura saben qué perfiles necesitarán en 2029 y con qué nivel exacto, y basta con preguntárselo.
Conviene ser justo con el diagnóstico: la caída es general en la OCDE, hay factores compartidos y Castilla-La Mancha demuestra que se puede mejorar dentro del mismo marco legal, con diez puntos más en ciencias. PISA no es un destino. Es un termómetro, y lo que mide no es cuántos vamos a ser: es de qué vamos a ser capaces.
Un megavatio pesa en acero, en cobre, en hormigón y en capital. Pero no lo sostiene quien tiene el título para operarlo, sino quien entiende lo que ocurre dentro. Y eso no se importa, no se financia y no se tramita: se educa. Ahora, o llega tarde.
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