El necesario cuidado de los derechos conseguidos

Tribuna 8 de Septiembre

nuñez bn ok

(Presidente de Fundación Triángulo)

06 de septiembre de 2026 a las 23:30h
Actualizado: 07 de septiembre de 2026 a las 16:27h

Acabamos de saber que el partido ultraderechista AfD roza la mayoría absoluta en el estado alemán de Sajonia-Anhalt, y parece que si recibe el apoyo del partido de la izquierda nacionalista BSW podría llegar a liderar un gobierno regional en Alemania por primera vez en este siglo. Pudiera parecer inviable el apoyo mutuo, pero les une la xenofobia, que no es mal pegamento.

Y todo esto, con un ideario y programa político de la AfD absolutamente homófobo, machista y fundamental y esencialmente xenófobo, con el curioso liderazgo de Alice Weidel, que aunque defiende posturas contrarias a homosexuales y transexuales, ella es lesbiana, que aunque es contraria a la inmigración mantiene una relación con una mujer inmigrante, que aunque es contraria a la adopción de niños por homosexuales, cría cada día a dos hijas adoptadas con su esposa, y que defiende ser más patriota que nadie, pero vive en Suiza por lo que sea. Realmente curiosas las incoherencias que tiene muchas veces la ultraderecha en estos asuntos, y no solo en Alemania.

Ni Russell T. Davies, guionista de la serie “Years and Years” podría haber imaginado que los escenarios que anticipaba la serie que escribió, cuya protagonista pareciera inspirada en Weidel, pudieran irse anticipando tanto, con un crecimiento sostenido y constante de los partidos antiderechos. Y que por el momento parece ser la tendencia en nuestro país, y también en Extremadura, aunque aquí hace tiempo que el cordón sanitario se tiró por el desagüe.

Esto, y que no se atisba en el horizonte erosión social hasta la fecha para los de Abascal, que al igual que la AfD y partidos similares en países como Francia, Italia o la vecina Portugal, defienden argumentarios claramente contra la igualdad de género, los derechos de las personas migrantes o la diversidad LGBTI, pareciera dibujar un aciago panorama para los derechos conquistados en términos de igualdad entre hombres y mujeres, diversidad sexual y de género, y otros derechos de ciudadanía logrados en las últimas décadas. Y no están faltos de razón quienes defienden esta hipótesis.

Y mirar esta cuestión a nivel global no lleva sino a potenciar el pesimismo en este análisis, a la luz de los hechos, con países como Senegal o Ghana endureciendo las consecuencias penales de ser lesbiana, gay, bisexual o trans tras la incidencia política internacional de grandes entidades pro familia de EEUU, frente a la que debería ser que cada vez más países fueran decriminalizando la identidad sexual y la orientación del deseo. Pero tras varias décadas de avances a nivel global, el péndulo hace tiempo que está moviéndose a favor de la regresión en derechos.

La pregunta seria es cómo revertir este cambio de sentido y devolverlo a la senda de las dos décadas previas de avances globales. La respuesta pasa inevitablemente porque la ultraderecha no controle o condiciones las instituciones europeas, cosa nada segura a medio y largo plazo, y que el gobierno estadounidense pudiera cambiar, o al menos debilitarse el actual. Incertidumbre plena.

Y en lo particular de nuestra realidad, la cuestión sería vislumbrar en qué medida estas tendencias impactarán en lo que nos afecta directamente a nivel estatal y regional, y si habría retrocesos en materia de derechos de ciudadanía que afecten a los logros de años atrás, como las aprobaciones de leyes antidiscriminatorias como la Ley LGBTI extremeña, que por el momento ha salvado el intento de derogación por parte de Vox en la pasada legislatura y no se prevé para esta, o el propio matrimonio igualitario entre otras múltiples cuestiones. Eso, y que sigan avanzando discursos contrarios a la diversidad o al diferente, claramente crecientes tras la institucionalización y consolidación de la extrema derecha en nuestro país, y en las comunidades autónomas.

Resulta difícil predecir qué puede ocurrir a nivel estatal con un hipotético gobierno del PP y Vox, aunque a la luz de las declaraciones y las acciones previas de representantes del PP pudieran imaginarse cuestiones como la desaparición de algunos ministerios o direcciones generales especializadas, o el recorte de algunas disposiciones de la Ley Trans y LGBTI estatal, de la que claramente peligra el reconocimiento de la autodeterminación de género de las personas Trans, a pesar de que tras varios años la ley aprobada no se hayan cumplido ninguno de los negros presagios que sobre la mesa ponían los sectores feministas antitrans, o más concretamente, anti mujeres trans.

Pero, no parece nada razonable pensar que, aunque se recurriese en su momento por el PP ante el Constitucional, ante un hipotético planteamiento de Vox de derogación del matrimonio civil igualitario este saliera adelante. El tiempo no pasa en valde, y en este caso ha jugado a favor de consolidar este derecho de ciudadanía, además de que los niveles de aceptación social de las familias diversas son sensiblemente mayoritarios, y tanto PP como Vox lo saben.

Si el análisis lo hacemos a nivel regional, en este momento los hechos respaldarían la idea de que en nuestra comunidad y con este gobierno no ha habido recortes de políticas públicas en materia de igualdad y diversidad, como demuestran los presupuestos autonómicos y un mayor desarrollo de la propia Ley LGBTI regional, con cuestiones como que el pasado mes de julio el IMEx aprobara que las mujeres Trans sean atendidas en las Casas de la Mujer de Cáceres y Badajoz, por ejemplo. Los únicos recortes reales son en materia de Cooperación Internacional, lamentablemente cancelada en su totalidad tras el acuerdo de gobierno como condición de Vox.

Podríamos hipotetizar sobre posibles situaciones futuras con mayor peso proporcional de Vox en gobiernos conservadores compartidos con el PP, que parece ser el camino a transitar en España dada la imposibilidad de acuerdos de coalición que moderen posturas entre PP y PSOE, como podríamos pensar en lo diferente que actúa el Partido Popular en diferentes comunidades autónomas, como le ocurre al PSOE, con posturas más conservadoras en Castilla y León, por ejemplo, o en Madrid, frente a otros territorios como Canarias o Extremadura. Pero sería demasiado hipotetizar.

La cuestión clave a mi juicio es otra, y es el nivel de consolidación social de los derechos de ciudadanía que en materia de diversidad se han logrado, y si uno analiza la realidad social con un mínimo de objetividad parece razonable concluir que la mayor parte de los derechos sociales logrados en materia de diversidad sexual y de género gozan de un alto nivel de respaldo social en nuestra comunidad autónoma y nuestro país, y cualquier partido político que se plantee un recorte de estos se encontraría frente a una mayoría social contraria sensible, y esta es probablemente la mayor garantía que puede tener una legislación para continuar vigente.

Pero sería un sensible error pensar que esto no puede cambiar con el tiempo, como sería iluso no reconocer que existe un repunte de discursos y delitos de odio, y en ese sentido no es inocuo cómo actúan las fuerzas antiderechos a nivel global, que tienen perfectamente localizada a España en su mapamundi particular, y hace tiempo que se apoyan en las organizaciones sociales y políticas de nuestro país como nodo difusor para todos los países hispanohablantes. No en vano un grupo de análisis del nivel de calidad democrática del planeta y el grado de inclusividad de esta para las diferentes realidades sociales tiene a la ultraderecha española como una de sus cinco líneas de trabajo a medio y largo plazo.

En qué medida esto puede afectar o tener impacto mediante políticas involucionistas en nuestra comunidad autónoma es otra cuestión, y solo el tiempo nos dirá si este impacto puede ser mayor o menor, pero la realidad es que la comunidad autónoma a lo largo de los últimos 30 años ha tenido un cambio radical en cuanto a esos temas, pasando de ser una comunidad que ni contaba con asociacionismo LGBTI ni con políticas públicas de diversidad en 1996 a ser una de las cuatro comunidades autónomas mejor situadas tanto en políticas públicas como de diversidad asociativa. No es mal sustrato para defender la idea de que muy fuerte debería ser la ultraderecha para poder lograr que aquí la involución fuera un hecho a medio plazo, pero aún así parece razonable que la mejor postura posible sea la vigilancia continua preventiva. Nada está garantizado, nada es imposible. Y si no, miren los resultados políticos de ayer en Alemania.

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Sobre el autor

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José María Núñez Blanco

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