La pasada semana, el Alcalde de Lisboa, Carlos Moedas, se vio obligado a exonerar de sus funciones como vocal en el Consejo de Administración de los Servicios Sociales a Mafalda Livermore, después de que una investigación periodística del canal público de televisión RTP revelara que Livermore, militante del partido ultraderechista Chega y nombrada por el propio Moedas en esas funciones, demostrara que poseía varios inmuebles que alquilaba de forma clandestina a inmigrantes, algunos de ellos en situación irregular. La exoneración de Mafalda Livermore se ha convertido en pocos días en uno de los episodios más definitorios de la contradicción con la que conviven los intentos de conciliar el centro derecha luso con el partido hermano de Vox en las instituciones.
El reportaje “A Prova dos Factos” descubrió que las rentas de los alquileres ocultos se pagaban a una amiga de la propietaria, también militante del mismo partido que ha forzado al Gobierno a una reforma de la Ley de Nacionalidad y de la Ley de Extranjería en Portugal que endurece, tanto los criterios para adquirir la residencia en el país, como ha dado píe a uno de los vectores ideológicos que definen a Chega para su nacionalismo radical: Portugal, primero para los portugueses. André Ventura ha encabezado varias manifestaciones contra la inmigración irregular y algunos de los cuadros de Chega están relacionados con las peñas radicales y nacionalsocialistas que ocuparon la plaza de Martim Moniz contra pakistaníes y la comunidad musulmana, que habían protagonizado varios incidentes violentos en Lisboa.
Livermore está siendo investigada por el Ministerio Público porque, aunque posee formación en Criminología, sospechan que ha usurpado funciones y habría abierto una empresa de asesoría jurídica y ha ejercido funciones asociadas al Derecho, recibiendo el Colegio de Abogados varias denuncias por esa actuación. Al día siguiente de la emisión, puso el cargo a disposición del Vicepresidente de la Câmara Municipal, Gonzalo Reis, y el mismo líder de la formación populista Chega, André Ventura, afirmó que su salida habría sido “voluntaria”, motivada por la “transparencia y la integridad” para poder así defenderse de las acusaciones en los tribunales. La oposición le recordó a Moedas que esa “quiebra de confianza institucional” la habría evitado si, antes de nombrarla en diciembre de 2025 hubiese atendido a las alertas que, tanto por falta de experiencia como por un potencial conflicto de intereses, le habían dirigido desde las bancadas de la oposición: “Yo soy un ingeniero, no soy político” -se atrevió a decir esta semana. Moedas se defendió afirmando que su elección se había basado exclusivamente en su competencia técnica, obviando motivaciones partidarias. Pese a ello, el currículum de Mafalda incluía una militancia activa en Chega, actividad como influyente digital del partido en las redes sociales, ocupó un puesto reserva en las elecciones municipales y una participación activa en la campaña del ahora concejal de Lisboa de Chega, Bruno Mascarenhas. El PSD de Carlos Moedas gobierna sin mayoría absoluta en Lisboa.
Independientemente de la legalidad de ese nombramiento, la percepción pública de este conjunto de relaciones levanta sospechas de la separación entre política y administración. La práctica de los nombramientos políticos para cargos de confianza y transversales entre varios partidos reside, no ya en la necesidad de esos cargos, si no en la ausencia de criterios públicos, verificables y uniformes, que permitan evaluar con objetividad la adecuación de los nombrados, aunque ello implique aceptar la militancia, simpatía o una ideología determinada, sea la que sea. Y a la que tienen derecho en una democracia. Si a eso le añadimos la dimensión económica y social que tiene en la península el triángulo: Vivienda, Inmigración y Vulnerabilidad, la denuncia en la RTP de que Livermore buscaba trabajadores extranjeros en los que aumentar los alquileres informales, el desprestigio en la política se multiplica.
Según la televisión católica SIC el pasado 11 de marzo el precio para una vivienda en Lisboa sobrepasó por primera vez en la historia los cinco mil euros por metro cuadrado. Ese mismo día, el Ministerio de Asuntos Exteriores español había completado la mayor repatriación de la historia en Oriente Medio, repatriando entre a siete mil españoles sin víctimas desde los distintos países de la zona. Sólo el conflicto vigente en Irán ha supuesto en dos semanas el desplazamiento de 3’2 millones de personas. Sumen las guerras en el África subsahariana durante la última década, Siria, Libia, Afganistán, el terrorismo en Timor, la población en navíos mercantes que con la pandemia del Covid se quedó en tierra continental… Y Lisboa, ciudad con un puerto internacional, ha asistido paralelamente a la atracción de inversores con el Visto Gold y altas rentas que están rehabilitando la ciudad, a prácticas de explotación inmobiliaria de una persona relevante en la capacidad de movilización digital, en el dominio de la comunicación online, capaz de ascender y de hundir a no pocos cuadros del partido Chega en sus carreras políticas. Según la revista Sábado, Mafalda Livermore fue la persona designada para garantizar el apoyo de Chega, y del concejal Bruno Mascarenhas en particular, al alcalde de Lisboa tanto para los presupuestos municipales, como para las reformas en los reglamentos y ordenanzas.
Los flujos migratorios forzados por estos conflictos bélicos y la miseria que acarrea están devolviendo a las normativas sobre Salud Pública al concepto de Sanidad Universal, extender el derecho a la protección de la salud y la eficiencia sanitaria a cargo de los fondos públicos a personas extranjeras, y los familiares que les acompañen, aún sin disponer de los documentos que les acrediten una residencia legal. La pandemia de 2019 supuso una falla en la tendencia de limitar este coste, tal y como se adoptó en España por el gobierno de Mariano Rajoy en 2012, que regulaba la condición del asegurado. En este aspecto, la gestión sanitaria se divide entre quienes consideran que estas revisiones legislativas, como la española en el Real Decreto 180/2026, de 11 de marzo, provoca un efecto llamada y picaresca de las vacaciones sanitarias a costa de quienes aquí pagamos los impuestos; y quienes, sabiendo la posición geoestratégica de la que goza la península ibérica, prefieren costear la prevención para quienes llegan por cualquier medio a Europa, con discriminaciones positivas a la infancia, menores, mujeres víctimas de violencia y el refugiado político. El debate en este nivel está abierto como un abanico, y es objeto de un artículo posterior.
Lo que la opinión pública rechaza mayoritariamente, tanto en España como en Portugal, son las prácticas como la denunciada por la televisión pública portuguesa. Que alguien con responsabilidades públicas, y aún más quienes llevan años difundiendo juicios de valor desde las instituciones que adquirieron -algunos- hasta antes de terminar su formación universitaria, amasen cualquier patrimonio mientras las parejas en Lisboa, Badajoz o Madrid retrasan sus proyectos de vida por los precios abusivos de la vivienda, bien sea por alquilar habitaciones a quienes dicen rechazar en sus discursos xenófobos, bien por su sagaz inteligencia inversora con un capital que viene de emolumentos asignados desde esa contribución colectiva. Y obliga, tanto a las instituciones en sus puestos públicos, como a los partidos políticos en sus cuadros directivos a ser mucho más exigentes, pulcros y expeditivos porque la marea de las contradicciones, como les ha enseñado el caso de Mafalda, llega a todas las orillas.
El coste de la electricidad pasó esta semana de 0 a 170€ en cuatro horas. El gas ha subido un 6%. En Portugal, llenar el depósito de un coche cuesta 14€ más en ese periodo… ¡Y lo que viene, si el barril de petróleo se va a 200€ y se recorta la oferta diaria en 8 millones de barriles, según advierte la Agencia Internacional de la Energía, aunque España se nutra sólo en un 5% del crudo llegado del estrecho de Ormuz! Y ahora llegas tú, que estás todo el día predicando en las redes sociales, y te lucras con ello, con inmigrantes o con inversiones especulativas, mientras tus hijos no pueden independizarse del hogar familiar…. ¡Ufff, y luego dicen que la gente desprecia la política!
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