¿La acogida una forma de desarraigo? El dilema de los menores marroquíes

Existe una idea instalada en una parte del debate público que parece haber adquirido la categoría de verdad indiscutible: que la llegada de menores extranjeros no acompañados (MENA) a los países desarrollados constituye, por sí misma, una respuesta humanitaria. Se habla de acogida, oportunidades, educación o futuro, conceptos todos ellos respetables. Sin embargo, quizá convendría formular previamente una pregunta mucho más elemental: ¿dónde debe crecer un niño?

La respuesta debería ser relativamente sencilla. Siempre que no ocurra una guerra, persecución, abandono o cualquier circunstancia que amenace su integridad, un menor debe permanecer con sus padres, sus hermanos, sus abuelos y dentro de la comunidad a la que se adscribe. Una cosa es proteger inmediatamente a un muchacho que ha llegado solo y otra, muy diferente, considerar que su separación familiar constituye la solución óptima.

No debemos olvidar que la infancia y la adolescencia no son solamente una etapa biológica ni un período previo a la incorporación al mercado laboral. Es el momento en el que se construyen la personalidad, los afectos, la memoria y la identidad. Y esa identidad se forma en una familia, pero también en un espacio geográfico: su barrio, municipio, región y país.

El territorio no es únicamente una superficie delimitada sobre un mapa. Es paisaje, relaciones sociales, lengua, costumbres, recuerdos, pertenencia y cultura. Somos, en buena medida, resultado de las personas con las que vivimos y de los lugares en los que aprendemos a convivir.

En la Unión Europea defendemos la identidad de los pueblos, protegemos lenguas minoritarias, reivindicamos culturas locales, conservamos tradiciones y lamentamos el vaciamiento demográfico de nuestros municipios y regiones. Simultánea e incomprensiblemente, algunos parecen aceptar como natural que un menor abandone precisamente todo aquello que decimos valorar para progresar institucionalizado a cientos o miles de kilómetros de su familia.

Surge aquí una primera contradicción. La pobreza, tantas veces invocada como explicación, no constituye ninguna novedad histórica (ha sido lo habitual en todo el mundo hasta hace relativamente poco tiempo). La España de 1960 era un país extraordinariamente más pobre que el actual. Lo eran también Portugal, amplias zonas de Italia o Yugoslavia. Se daban importantes carencias de vivienda, saneamiento, educación, sanidad e infraestructuras. Centenares de miles de españoles, y millones de europeos, como mi padre, mis tíos y muchos parientes de mis amigos de la infancia, emigraron durante aquellos años hacia Francia, Alemania o Suiza buscando mejores salarios y oportunidades. El fenómeno tuvo tal dimensión que el propio INE recuerda la gran corriente migratoria española hacia la Europa occidental durante los años sesenta.

Pero emigraban fundamentalmente los adultos. En numerosas ocasiones marchaba primero el padre; otras veces emigraban posteriormente ambos progenitores y podía producirse la reunificación familiar. Los hijos permanecían habitualmente con su madre o con los abuelos. Eran situaciones muy difíciles, pero prevalecía un principio que prácticamente nadie discutía: la penuria de una familia no convertía la separación de sus hijos en un paradigma de progreso, al revés.

Imaginemos por un momento lo contrario. Supongamos que durante la década de los 60 millares de infantes y adolescentes españoles hubiesen cruzado solos los Pirineos para instalarse en centros franceses con el argumento de que Francia ofrecía mejores servicios y oportunidades. O que los meninos portugueses fuesen trasladados a Alemania por idéntica razón. O que bambinos del sur de Italia o Grecia llegasen a Suiza bajo la excusa oficial de que allí tendrían un futuro econónmico más boyante.

La sociedad europea habría considerado semejante fenómeno una anomalía social, motivo de denuncia, y no un avance humanitario. Nadie habría sostenido seriamente que un crío extremeño, alentejano o siciliano debía separarse de sus padres simplemente porque otros paíes europeos tenían una renta superior.

Por tanto, no parece razonable que aquello que habría resultado socialmente inaceptable para un niño europeo en 1960 pueda convertirse en admisible para un chaval africano seis décadas después.

El caso de Marruecos, tan candente, resulta particularmente revelador por no tratarse de un país en guerra ni de un Estado fallido. Marruecos dispone actualmente de grandes ciudades, universidades, hospitales, autopistas, ferrocarril de alta velocidad, grandes puertos e importantes sectores industriales, sobresaliendo el automovilístico. Tanger Med constituye una de sus grandes infraestructuras portuarias y el país dispone de la primera línea ferroviaria de alta velocidad de África; sus exportaciones industriales y agrícolas transitan a un ritmo acelerado compitiendo con Europa.

Ciertamente, el reino alauita mantiene disparidades sociales, desempleo y bolsas de indigencia (aunque mejores condiciones que la Europa del sur de hace sólo dos generaciones). El Marruecos actual presenta unos niveles de vida que habrían resultado inimaginables para buena parte de la población española, portuguesa o yugoslava de 1960. Si comparamos algunos indicadores básicos con la España de entonces, la esperanza de vida marroquí es hoy unos seis años mayor y la mortalidad infantil aproximadamente tres veces inferior, a lo que se añaden el acceso prácticamente universal a la electricidad y unas comunicaciones y servicios que ni siquiera aparecían hace seis décadas.

El debate no puede reducirse a la idea de que la existencia de mejores prestaciones económicas convierte en razonable la separación de un menor de su familia

Consiguientemente, el debate no puede reducirse a la idea de que la existencia de mejores prestaciones económicas convierte en razonable la separación de un menor de su familia. Si utilizáramos exclusivamente ese criterio llegaríamos a una conclusión absurda: cualquier criatura del mundo debería abandonar su familia para instalarse en el Estado que ofreciera mayor renta, mejores centros de enseñanza o servicios sanitarios más evolucionados. Y entonces aparecería otra derivada: ¿por qué quedarse en España, Portugal, Italia o Grecia? ¿Por qué no trasladarlos directamente a Suiza, Noruega o Luxemburgo?

El ser humano no puede ordenarse territorialmente mediante una clasificación de rentas per cápita. Una cosa es ser conscientes de que las oprotunidades materiales importan y otra muy distinta convertirlas en un valor superior a los vínculos familiares y al espacio geográfico.

Una casa por modesta que sea sigue siendo un hogar. Un padre con pocos recursos continúa siendo un padre. Una madre que vive en un pequeño pueblo desempeña una función que ninguna institución estatal u ONG puede sustituir plenamente. Y una comunidad relativamente desfavorecida no deja por ello de constituir el espacio humano y territorial en el que un niño reconoce su mundo y construye su identidad (como las ramas y hojas de un árbol).

El error reside en que sabemos medir mucho mejor aquello que tiene precio que aquello que posee valor. Como escribió Machado, «sólo el necio confunde valor y precio». Podemos cuantificar el gasto educativo, el coste de una plaza residencial, la renta familiar o las prestaciones sociales. Resulta imposible calcular el valor de crecer junto a los hermanos, escuchar las historias de los abuelos, hablar la lengua materna o continuar formando parte del paisaje humano donde comenzó nuestra vida. Pero lo que no puede contabilizarse no implica que deje de existir.

Naturalmente, caben excepciones: una guerra, una persecución política o religiosa, la violencia familiar, la trata, el abandono o cualquier amenaza seria contra la integridad del menor obligan a anteponer su seguridad. Nadie razonable defendería lo contrario.

Pero una cosa es defender al menor cuando su familia o su contexto representan un peligro y otra convertir la diferencia económica entre dos países en argumento suficiente para respaldar su desarraigo. Cuando la familia constituye un hábitat seguro, la lógica humanitaria debería orientarse a preservar esa unidad, no a considerar normal su ruptura.

La pobreza debería conllevar una cooperación eficaz y sometida a evaluación periódica: más inversiones, educación, creación de empleo, infraestructuras y políticas de desarrollo. Lo que difícilmente puede justificar por sí sola es la separación familiar, como se arguye.

Y, tal vez, llegados a este punto debamos revisar también nuestra concepción de la solidaridad. Ayudar no consiste necesariamente en trasladar personas desde las zonas con dificultades hacia aquellas que disponen de mayores recursos. Puede consistir preciasamente en contribuir a que esas personas construyan allí su futuro, porque ningún territorio prospera indefinidamente perdiendo a sus generaciones jóvenes.

En Europa lo saben perfectamente. España, Portugal o Francia llevan años preocupados por la despoblación, el envejecimiento y la pérdida de población juvenil de amplias áreas rurales. Consideramos un problema vital para varias regiones que nuestros jóvenes no abandonen centenares de municipios por falta de oportunidades. Resultaría paradójico lamentar ese fenómeno dentro de nuestras fronteras (hasta dedicar políticas y fondos específicos al Reto Demográfico) y asumirlo como una solución cuando vacía otros países.

La verdadera colaboración debería perseguir justamente lo contrario: que emigrar sea una opción para adultos y no una necesidad para nadie, quedando los menores no acompañados excluidos de ese proceso.

Un adulto puede decidir libremente abandonar su país, desarrollar una carrera profesional en otras geografías lejanas y construir allí un nuevo proyecto vital. Pero asumir como normal que un chiquillo deba separarse de sus padres para acceder a un futuro mejor resulta difícilmente compatible con el derecho de protección de la infancia.

Quizá por eso convendría recuperar una idea básica en medio de un debate excesivamente ideologizado: antes que inmigrante, extranjero o beneficiario de cualquier política pública, un menor es un hijo. Y si realmente creemos en la familia, en la identidad, en el acervo cultural, en la diversidad y en el arraigo territorial, deberíamos defender esos principios también cuando la familia, la cultura y el territorio se encuentran al otro lado del Mediterráneo.

Quienes hemos padecido en carne propia lo que significó la emigración sabemos que marcharse puede constituir una decisión legítima y libre, como lo fue en el caso de mi padre. Pero difícilmente puede elevarse a modelo replicable que un adolescente tenga que emprender esa misma diáspora en soledad para encontrar un futuro.

El verdadero progreso no debería medirse por cuántos menores consiguen abandonar los lugares donde nacieron para encontrar un futuro mejor, sino por cuántos pueden construirlo dignamente junto a los suyos, sin necesidad de abandonar su hogar y su entorno. Porque el desarrollo no consiste en facilitar la salida de quienes no encuentran oportunidades, sino en conseguir que puedan encontrarlas allí donde geográficamente pertenecen.