A lo largo de mi trayectoria he analizado de forma transversal muchas de las carencias fundamentales de nuestro país, tanto en foros académicos como profesionales, abordando un tema que verdaderamente me inquieta: el destino de una juventud que está siendo sacrificada sistemáticamente. No es una cuestión de siglas, sino de supervivencia generacional.
Me he animado a redactar este texto tras leer el atrevido y punzante artículo en El País de Estefanía Molina que, por ser periodista joven, refleja muy bien el error supino de denominar despectivamente "fachapobres" a los jóvenes que votan a la derecha o ultraderecha (cada vez más) como reacción a un escenario sin expectativas donde son los grandes damnificados. El uso de ese insulto es, en sí mismo, una barrera que aleja a los partidos autodenominados progresistas de la clase trabajadora joven. Es el "desprecio de las élites intelectuales y acomodadas" hacia quienes sufren la precariedad y votan por hartazgo a otras corrientes políticas.
En realidad, muchos de estos jóvenes son hijos de obreros cuyos padres y abuelos, votantes tradicionales de izquierda, se ven hoy beneficiados por un sistema que protege a los mayores a costa de los nuevos trabajadores. El cambio pendular del voto joven de un extremo a otro en sólo una década es un síntoma político que merece una lectura más profunda: el malestar de una generación joven que no solo vota con el bolsillo, sino también con la conciencia de haber sido excluida de un pacto social que les condena al ostracismo y el empobrecimiento. Lo que algunos definen como contradicción ideológica es, en realidad, la expresión política de una anomalía económica y demográfica.
España ha consolidado un modelo invertido en el que los mayores de 75 años (tras haber agotado lo que cotizaron) siguen recibiendo generosas pensiones durante una década más, dado que la esperanza de vida media son 85 años (por el aumento imprevisto de la longevidad en casi 20 años respecto a cuando se instauró el modelo), financiadas por los impuestos de sus nietos. Estos jóvenes, más cualificados y productivos, paradójicamente perciben salarios inferiores, sufren precariedad laboral y enfrentan una "inaccesibilidad institucionalizada" a la vivienda (principalmente en las grandes ciudades) que sus padres no conocieron.
Mientras tanto, las políticas públicas recientes han blindado las pensiones ligándolas al IPC y con aumentos incesantes, sin ofrecer una estrategia equivalente para garantizar el bienestar de los nuevos grupos vulnerables a los que se les está robando el futuro.
Esta situación amplía injustamente la brecha intergeneracional. No se trata de una pugna entre edades, sino de una fractura entre quienes reciben garantías y quienes sólo acumulan incertidumbres.
El modelo actual redistribuye hacia atrás, consolidando un sistema que protege el pasado, pero excluye el futuro. La juventud no está votando a la "ultraderecha" por capricho, sino por reacción, al dejar de sentirse representada por los partidos supuestamente de izquierdas, cuyos líderes hacen ostentación de riqueza: mansiones inexpugnables o inalcanzables para el 99´9% de los españoles, ingresos públicos que multiplican diez o doce veces al salario mínimo interprofesional, colegios de lujo para sus hijos, universidades de pago, sanidad privada, enchufes en el sector público, etc. Además de comportamientos y hábitos que nada tienen en común con su ideología tradicional ni con lo que predican en la actualidad debido a esas incoherencias manifiestas y sin pudor.
El fenómeno de los jóvenes desencantados no es una paradoja, sino una respuesta política a un rechazo u omisión persistente. Si en 2011 el 15-M llenaba las plazas con esperanza de cambio, hoy la frustración se canaliza por otras vías, menos idealistas, pero más urgentes, de hecho, muchos de esos antiguos votantes son los que están reorientando hacia posiciones más radicales sus intenciones para futuras elecciones nacionales y autonómicas. Tiene su explicación sociológica, España se sitúa como el segundo país de la Unión Europea con más jóvenes en riesgo de pobreza o exclusión social (30%), y sin una reforma estructural que reconozca esta realidad (casi todos los menores de 35 años piensan que ni tendrán casa ni cobrarán pensión, y con razón en el escenario actual si nadie lo cambia), el voto seguirá desplazándose hacia opciones que prometen romper el statu quo, aunque incomoden a quienes lo diseñaron.
Es evidente que el próximo gobierno de España, gane quien gane, debe repensar el sistema de pensiones, garantizar el acceso a la vivienda, dignificar el empleo y reconocer que el bienestar no puede seguir siendo un privilegio legal heredado en exclusiva para ciertos grupos cada vez más amplios en número y en votos. Sólo así podrá evitarse que el descontento se convierta en ruptura.
La brecha intergeneracional no es solamente una teoría económica: es una cuestión de legitimidad democrática. Un pacto social será justo si protege el presente sin hipotecar el mañana, pues ninguna sociedad puede prosperar convirtiendo las ventajas en un privilegio estanco para unos y una quimera para otros. Si no se corrige este desequilibrio, estaremos aceptando el síntoma más grave de una política miope que, por salvaguardar sólo el pasado, ha decidido ignorar el futuro.
Es el momento, antes que sea imposible (ya vamos tarde), de mirar hacia adelante para asegurar que el mapa del mañana no dibuje más intersticios y desigualdades, sino un bienestar realmente compartido, recordando que la dignidad de nuestros mayores sólo será sostenible si garantizamos la esperanza de nuestros hijos.
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