Vaya por delante, y para evitar suspicacias en este tema tan "sensible", que cuando me jubile (si es que para entonces aún persiste la deuda pública destinada a mantener el sistema de pensiones) obtendré una pensión superior a los 47.000 euros anuales (es la que ahora existe).
He comentado muchas veces que hay algo profundamente injusto en una sociedad donde una parte creciente de los jubilados (cada vez serán más) percibe pensiones que duplican el salario de muchos jóvenes que las financian (todos los pensionistas con más de 77 años, que son millones agotaron lo que les correspondía por sus cotizaciones), es decir, viven de las transfereencias de quienes están trabajando y viviendo en condiciones de percariedad laboral y sin vivienda (algo que no parece preocupar a los gobiernos).
No pretendo cuestionar el derecho a una jubilación digna, sino denunciar un modelo que ha acabado convirtiendo la solidaridad intergeneracional en una transferencia cada vez más desequilibrada e injusta de la riqueza (los datos matan el relato). Un joven trabajador puede cobrar 1.300 o 1.600 euros mensuales, pagar alquiler (en realidad un piso compartido, a modo de patera residencial), soportar una elevada presión fiscal, afrontar la incertidumbre laboral y carecer de patrimonio de cualquier tipo, mientars costea pensiones de más de 3.000 euros para personas que tienen la "vida hecha", como es la vivienda pagada, ahorros acumulados y una estabilidad económica inalcanzable para las nuevas generaciones.
Quienes sostienen el sistema viven peor que la mayor parte de quienes ya han dejado de trabarjar
La paradoja es tan evidente como incómoda: quienes sostienen el sistema viven peor que la mayor parte de quienes ya han dejado de trabarjar.
El problema se agrava porque el sistema fue diseñado para una realidad demográfica que ya no existe. Las generaciones hoy jubiladas cotizaron en una España donde la longevidad tras la jubilación era muy inferior (unos 7 u 8 años más de vida) , pero ahora percibirán prestaciones durante dos décadas o más gracias al extraordinario aumento de la esperanza de vida.
La noticia aparecida en la prensa hace tres días no es nada novedosa para mí, pues ya vengo anunciando este escenario hace muchísimo tiempo (veo que se va cumpliendo paulatinamente), y aunque es aparentemente buena desde el punto de vista humano tiene enormes consecuencias económicas. Las cotizaciones realizadas durante su vida laboral no fueron calculadas para financiar periodos tan prolongados de cobro (más de dos décadas tras pasar al retiro), por lo que la diferencia recae sobre trabajadores que cada vez son menos numerosos (la pirámide demográfica no miente) y el futuro es dramático (con unas tasas de natalidad por debajo de 1 hijo por mujer, ya estamos casi en esas cifras), tienen peores perspectivas de acceso a la vivienda, salarios relativamente más bajos y una carga fiscal creciente.
La ironía del destino es que una generación que acumula menos riqueza debe financiar a otra que, en términos patrimoniales, es la más acomodada toda la historia de España. Además, tienen la paga blindada porque la pensión está indexada al IPC, lo que les beneficia inexorablemente al quedar al margen de la inflación.
Lo más preocupante es que este debate sigue siendo tratado como una cuestión política cuando es, sobre todo, un problema de justicia intergeneracional. Cada euro adicional destinado a mantener intacto este esquema es un euro que deja de invertirse en vivienda asequible, educación, investigación, productividad o apoyo a las familias jóvenes. Así, mientras el gasto en pensiones absorbe casi el 40% del presupuesto público (unos 230.000 millones de euros anuales), las generaciones que deberían impulsar el crecimiento económico no pueden cumplir sus proyectos vitales, su capacidad de ahorro y la formación de nuevas familias.
Se está consolidando así una sociedad en la que la edad se ha convertido en uno de los principales factores de desigualdad: quienes ya han acumulado patrimonio reciben una protección cada vez más generosa (electoralmente son mayoría); entre tanto, quienes están creando riqueza, cotizando y financiando el sistema soportan como Sísifo una carga cada vez más pesada. En reallidad el sistema ha quebrado y se recurre para mantenerlo de manera artificial a la deuda pública, cada vez más elevada.
Ningún contrato social puede sostenerse indefiinidamente sobre una asimetría e injusticia semejante. Si una generación cobra más, posee más patrimonio, vive más años tras la jubilación y además traslada una parte creciente de su coste a trabajadores que ganan menos y tienen menos oportunidades, el problema deja de ser exclusivamente financiero. Pasa a ser un problema moral y político. La verdadera amenaza para el sistema no es que falten recursos, sino que las generaciones jóvenes acaben percibiéndolo como un mecanismo estructural de saqueo de sus rentas en beneficio de quienes llegaron antes. Y cuando desaparece la percepción de justicia, también empieza a desaparecer la legitimidad del propio sistema.
Es la pirmera vez en la historia que una generación vive peor que sus padres y abuelos. En esas andamos, aunque tiene el recorrido corto.
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