Los incendios: Cuando “sólo el pueblo salva al pueblo”

Cada vez que España arde se reproduce un ritual perfectamente reconocible. Primero aparecen las llamas; después, las evacuaciones, las imágenes dramáticas y las declaraciones institucionales; finalmente, cuando el fuego ha sido controlado , o la meteorología lo permite por su cuenta, comienza la búsqueda de una explicación suficientemente amplia como para que nadie tenga que asumir una responsabilidad concreta.

En los últimos años, esa explicación parece encontrarse siempre disponible: ¡el cambio climático! Es tan socorrido que nunca falla. Se invoca antes incluso de conocer aquello que causó el incendio, las condiciones del bosque, si hubo o no actuaciones preventivas, el estado de los caminos, las características de la masa arbórea o la disposción de los medios de extinción. Así, un fenómeno complejo, en el que interactúan factores humanos, geográficos, forestales, económicos, administrativos y meteorológicos, queda reducido a una causa universal contra la que aparentemente nadie puede responder, y si alguien argumenta en contrario es estigmatizado por ecotalibanismo rampante.

Sin embargo, el rigor académcio exige diferenciar la causa de la ignición de las condiciones que favorecen la propagación. El calor no es la mecha que enciende por sí solo un monte, como tampoco lo hace una sequía o una racha de viento. Estos factores pueden resecar la vegetación, ampliar la temporada de riesgo y transformar un pequeño foco en un siniestro forestal de incalculables dimensiones, pero para que exista fuego tiene que producirse una deflgración.

Según la Comisión Europea, el 96 % de los incendios registrados en la Unión Europea está causado por las personas. Esto no significa que todos sean intencionados. Entre ellos se encuentran también las negligencias, los accidentes, las quemas que escapan al control, determinadas actividades agrícolas, la maquinaria, las infraestructuras eléctricas y otras intervenciones vinculadas al ser humano. Pero el dato obliga a recordar una evidencia elemental: una cosa es quién o qué genera el siniestro y otra muy distinta cuáles son las circunstancias que facilitan su expansión.

Las temperaturas elevadas (propias de los veranos en climas mediterráneos) y la escasa humedad agravan el comportamiento de las llamas (por eso no suelen darse en invierno), pero no deben utilizarse como una coartada capaz de eximir automáticamente a los responsables de la planificación y la gestión territorial. Si toda emergencia incendiaria se atribuye de antemano a una alteración climática de escala planetaria, se esfuman las responsabilidades concretas (frotándose las manos los dirigentes y muchas organizaciones ambientalistas). De tal manera que nadie tiene que explicar por qué no se desbrozó, por qué no se mantuvieron los cortafuegos, por qué los accesos resultaban intransitables, por qué se habían abandonado los aprovechamientos tradicionales o por qué determinadas actuaciones preventivas se encontraban paralizadas por trámites administrativos.

Los grandes desastres no comienzan el día en que aparece la primera columna de humo. Empiezan muchos años antes

Los grandes desastres no comienzan el día en que aparece la primera columna de humo. Empiezan muchos años antes, con el éxodo rural, se abandona la agricultura, retrocede la ganadería extensiva, dejan de aprovecharse la leña, se cierran las pistas y el matorral ocupa los antiguos cultivos y pastizales. Se preparan lentamente mediante la acumulación de combustible y la pérdida de los mosaicos agrarios que durante siglos introdujeron discontinuidades en la fisiografía.

Cabe reseñar que en los últimos 25 años la cabaña ganadera en extensivo de España se ha reducido ostensiblemente: el ovino ha pasado de 24 millones de cabezas a 13 (casi la mitad); el caprino, pasó de 3 millones a unos 2 millones, también el vacuno ha caído, aunque con menor intensidad. Al tiempo que la superficie forestal ha aumentado en España, entre 1992 y 2020, casi un 40%, lo que supone unos 5 millones más de hectáreas. Y, por supuesto, unos 500 millones de árboles más que en 1900. Lo que viene a incrementar espectacularmente el riesgo de incendios fuera de control.

Por eso, los incendios forestales son, ante todo, un problema de ordenación del territorio, como he referido en otras ocasiones. No implican a un bosque aislado del resto de la sociedad, sino a un espacio en el que interactúan población, explotaciones agrarias, asentamientos humanos, infraestructuras, espacios protegidos, propiedades públicas y privadas y actividades económicas. Analizar el fenómeno prescindiendo de estas relaciones equivale a estudiar la inundación sin considerar la cuenca hidrográfica.

El escenario mediterráneo no es una naturaleza prístina y ajena a la participación humana, todo lo contrario, ha sido diseñado y modelado por nuestros antepasados. Es el resultado de siglos de aprovechamientos agrícolas, ganaderos y silvícolas. Los rebaños consumían pastos y matorral; la extracción de leña reducía biomasa; los cultivos separaban a modo de barrera las manchas vegetales; la red de vías pecuarias permitía acceder al monte; y la presencia cotidiana de agricultores, ganaderos y habitantes facilitaba la detección temprana de cualquier incidencia.

Cuando todo esto desaparece, el monte no regresa a un supuesto estado original de equilibrio (como afirman los ecologistas y sentencian los tribunales llevados por ese mantra) sino que se transforma. La vegetación coloniza las tierras abandonadas, aumentando la mancha horizontal y vertical de lo que será material inflamable, al tiempo que se dificulta el acceso de los medios de extinción. El resultado puede ser una superficie aparentemente más verde, pero también mucho más vulnerable cuando se inicie un conato.

De ese modo emerge una de las mayores contradicciones de determinadas políticas ambientales. Bajo la bucólica pretensión de proteger el hábitat, se ha extendido en ocasiones una concepción estática de la conservación, elaborada desde Bruselas o Madrid que desconocen las dinámicas reales del medio rural. Se ha confundido salvaguardar con prohibir y conservar con impedir cualquier acción antrópica y, esto ya es en sí mismo, un atentado contra el monte, cuyos perjuicios habrá que reclamar en el futuro a burócratas, Ongs y políticos que, por interés o pusilanimidad, se afanan en la destrucción desde el desconocimiento (ni preguntan a la gente del campo, a la que desprecian por su “ignorancia” para custodiar la naturaleza, aunque lleven miles de años haciéndolo).

No toda la normativa ambiental es mala per se, pero no puede negarse que determinadas regulaciones, interpretaciones restrictivas y procedimientos burocráticos dificultan o retrasan el mantenimiento de la biodiversidad cuyos tiempos no son los de la administración. La paradoja resulta evidente: se impiden o dificultan muchas intervenciones orientadas a proteger la flora y, posteriormente, esa misma vegetación acumulada (a veces 30 toneladas o más de árboles muertos, ramas y fusca por hectárea) se erige en un polvorín que la devora a través de un incendio que se vuelve incontrolable.

La verdadera política ambiental no debería consistir en impedir la planificación, sino en garantizar que esta se realice de forma técnicamente adecuada. La propia Comisión Europea reconoce la necesidad de atender las masas boscosas para evitar la acumulación y continuidad del combustible. Por tanto, la discusión no se sitúa entre conservar o destruir, sino entre administrar racionalmente el paisaje o abandonarlo hasta que sea el fuego quien lo imponga de la manera más dramática posible como estamos observando en estos momentos en Avila, Extremadura y la comunidad de Madrid.

En este contexto ha reaparecido con fuerza la expresión «sólo el pueblo salva al pueblo». Se pronuncia cuando los vecinos contemplan cómo agricultores, ganaderos, tractoristas, voluntarios y residentes de las localidades afectadas movilizan sus medios para defender casas, explotaciones y núcleos. Son quienes conocen los itinerarios, las vaguadas, los cortafuegos, las fuentes, las mudanzas en la orientación e intensidad del viento y el comportamiento histórico del fuego en cada lugar.

La frase contiene una verdad incómoda. Evidencia la distancia creciente entre quienes elaboran las normas y quienes padecen sus terribles consecuencias sobre el terreno. Mientras los políticos legislan mediante categorías genéricas, otros viven en enclaves concretos, con orografías diferenciadas, con caminos destrozados por la maleza que no dejan cortar, parcelas que no pueden limpiarse, explotaciones amenazadas y montes cuya evolución conocen desde hace generaciones.

Cuando una persona comprueba que necesita autorizaciones, informes y trámites para realizar determinadas labores preventivas (a veces nimiedades como cortar una rama), pero después debe arriesgar su tractor, su maquinaria y, en ocasiones, su propia vida para frenar las llamas, es comprensible que perciba a la Administración no como una garantía, sino como una institución lejana que se convierte en un lastre para su modo de vida.

Pero «sólo el pueblo salva al pueblo» también es un lema peligroso. Puede expresar solidaridad y capacidad de respuesta comunitaria, pero no debe convertirse en la aceptación de que el Estado puede abdicar de sus responsabilidades. Una sociedad organizada no puede depender del heroísmo improvisado y arriesgado de sus habitantes cada vez que se ocasiona una catástrofe.

Los vecinos pueden colaborar, ayudar y aportar su conocimiento del entorno, pero no debería tener que sustituir a las instituciones. Tiene derecho a disponer de administraciones que precaven durante el invierno, planifiquen durante todo el año y actúen eficazmente durante el verano. La movilización ciudadana debe complementar la respuesta pública, no compensar su ausencia o su insuficiencia.

El problema, por tanto, no es que exista demasiado Estado (gobierno central, autonómico, diputaciones, municipios, mancomunidades…), sino que se evidencia un Estado alejado del territorio: muy encima para restringir o sancionar, pero ausente para limpiar, mantener y prevenir. Un Estado que regula desde la distancia y actúa únicamente cuando los fogonazos son visibles termina perdiendo la confianza de quienes viven cotidianamente en esos espacios.

La solución no consiste en enfrentar a la comunidad con las instituciones, sino en devolver las instituciones a su medio geográfico. Hay que incorporar a los actores del mundo rural en la planificación previsora. Es necesario recuperar los aprovechamientos, favorecer el pastoreo extensivo, mantener los accesos, establecer mosaicos agroforestales y crear discontinuidades capaces de reducir la propagación.

También debe abandonarse la idea de que la prevención consiste únicamente en disponer de más aviones (algunos ni funcionan en estas fechas), helicópteros y brigadas durante los meses de verano. Todos esos medios son necesarios, pero actúan una vez el incendio ya está en marcha. La extinción combate las llamaradas; la ordenación territorial combate las condiciones que permiten que esos fuegos se conviertan en una catástrofe.

No se trata de negar la variabilidad climática, inherente a la propia dinámica terrestre. Se trata de sortear que su invocación sustituya al análisis de las causas inmediatas y de las responsabilidades. Las altas temperaturas y la sequedad pueden explicar que el frente ígneo avance con mayor rapidez o alcance una intensidad extraordinaria; no explica por sí solo quién lo inició, por qué encontró un acopio continuo de combustible ni por qué no se habían adoptado previamente las medidas necesarias.

Utilizar el argumento del “cambio climático”, cuando la variabilidad climática ha sido una constante en la historia del planeta y de la humanidad, para justificar cualquier fatalidad, no deja de ser una forma torticera de hallar una coartada política. Y las excusas no apagan ni limpian los montes ni devuelven la actividad económica a los municipios.

El fuego es, tal vez la variable que mejor resume el abandono del ámbito rural, las contradicciones de las políticas ambientales y la distancia existente entre la Administración y la realidad que pretende y no sabe gestionar.

Los ciudadanos del rural no deberían ni plantear eso de salvarse solos. Pero cuando quienes habitan el territorio llegan a esa conclusión, ya no estamos únicamente ante un incendio forestal. Nos enfrentamos a una chispa institucional que puede prender con consecuencias imprevisibles.