Hay debates que nacen mal planteados y se enquistan durante largo tiempo porque obligan a elegir entre extremos que nunca debieron mostrarse como incompatibles porque en realidad no lo son. La presa del Golondrón, proyectada sobre el río Guadámez (96 km de longitud y una cuenca de 1.002 km²), afluente del Guadiana por su margen izquierda, es uno de ellos. Durante más de treinta años se ha oscilado entre quienes consideran imprescindible regular sus aguas para ampliar el regadío paliando avenidas y quienes entienden que una presa supondría un daño inaceptable sobre un ecosistema protegido. La pregunta relevante debería ser otra: ¿somos capaces, en pleno siglo XXI, de generar desarrollo aprovechando los recursos naturales sin esquilmarlos?
Ésa es una de las funciones esenciales de la ordenación del territorio. Ordenar no consiste en impedir cualquier transformación del espacio ni en autorizar cualquier actuación que produzca rentabilidad económica. Consiste en conciliar usos, corregir incompatibilidades y encontrar soluciones que preserven el patrimonio natural sin convertirlo en una pieza de museo que impida vivir y progresar a quienes habitan el territorio.
Dicho proyecto no es reciente, pues arranca en los años 80 y en 1992 el Gobierno de España encargó redactar el proyecto, así que es una infraestructura que lleva más de treinta años circulando por despachos de diferentes administraciones. La iniciativa ha cobrado un nuevo impulso, por parte del ayuntamiento de Don Benito, tras las inundaciones registradas hace unos meses, que dejaron imágenes tan llamativas e infrecuentes como la cascada de Santa Natalia convertida en un gran torrente.
El diseño histórico de la presa contemplaba aproximadamente 45 metros de altura, 308 metros de coronación y una capacidad cercana a 93 hm³, además de un canal de unos 20 kilómetros que conectaría Golondrón con el Canal del Zújar.
¿Por qué nunca se construyó? Conviene aclararlo porque alrededor de Golondrón se ha creado cierta mitología. Existió oposición de asociaciones conservacionistas, pero el problema real fue administrativo y ambiental. La construcción de una presa en el entonces Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) Río Guadámez recibió varios informes negativos del órgano ambiental de la Junta de Extremadura, al considerarse que provocaba afecciones incompatibles con un espacio integrado en Red Natura 2000. Por esas razones, en 2019, se descartó la realización del estudio de impacto ambiental.
Es evidente que el río Guadámez como tantos otros, alberga dos especies de peces amenazadas como el jarabugo y el fraile. En el caso de este último, su reproducción depende, entre otros factores, de piedras y cantos rodados del lecho donde realiza las puestas o freza.
Quienes se oponen argumentan con criterio que la construcción del embalse transformaría algunos kilómetros en un ecosistema lacustre, fragmentaría longitudinalmente el río, alteraría caudales, sedimentos, temperatura y oxigenación, y podría afectar a los movimientos de los peces y a sus lugares de reproducción.
Ahora bien, vamos a esbozar si desde la óptica territorial se puede «construir sin destruir» y compatibilizar el crecimiento económico con una utilización racional de los recursos, como siempre defiendo, con el fin de no llegar al extremo opuesto donde por falta de desarrollo Extremadura siga condenada al ostracismo permanente con una sangría demográfica irreversible.
Centrándonos en el aspecto socioeconómico, se estima que unas 8.000 hectáreas podrían transformarse en regadío, vinculadas al sistema del Canal del Zújar, que se agregarían a las aproximadamente 285.000 hectáreas ya regadas en Extremadura. En conjunto, la agricultura de regadío y la industria agroalimentaria asociada representan en torno al 15 % del PIB regional y unos 22.000 empleos. Es decir, la presa del Golondrón generaría unos 650 empleos, directos e indirectos.
Además, el coste de las infraestructuras se concentra en los años de construcción mientras que la actividad productiva, por importe que puede oscilar, dependiendo de los cultivos y la evolución de los mercados, entre 35 y 55 millones de euros anuales, se extenderá sobre varias generaciones.
A ello habría que sumar la capacidad de laminación de crecidas (se evitan daños y costes financieros) debido a la irregularidad hidrológica del Guadámez y su alternancia entre escasez y episodios de fuertes caudales. No toda transformación geográfica implica una agresión ambiental, ya hemos visto como Orellana es un ejemplo conocido de compatiblidad entre los usos hídricos y la distinción ecológica, al formar parte de la Lista Ramsar (humedal con valores ambientales) de la Unesco. Ese es el desafío del Golondrón, modificar sin trastornar.
La evolución lógica es otra. Los regadíos del siglo XX transformaron el territorio aprovechando el agua para la economía. La planificación del siglo XXI debe aprender a modificar el territorio aprovechando el agua simultáneamente con la preservación de los ecosistemas que la contienen.
Creo que durante tres décadas hemos estado repitiendo la pregunta equivocada. La nueva presa que se edifique no tiene que seguir las prescripciones de la prevista para 1990, puesto que ha cambiado la normativa, el conocimiento científico, la tecnología hidráulica, las exigencias ambientales, los cultivos con menor consumo, el coste energético y la variabilidad climática. La pregunta correcta no es si debemos construir la presa imaginada hace treinta años, sino qué infraestructura necesitamos hoy para obtener agua, empleo y seguridad hidráulica sin deteriorar el Guadámez.
La tecnología hidráulica y los instrumentos para el conocimiento territorial actual permiten estudiar soluciones que inicialmente no se preveían. Podría analizarse un embalse lateral, fuera del cauce principal, que almacenase parte de las aportaciones sin convertir necesariamente el Guadámez en un gran lago artificial. Y, si la regulación exigiera actuar sobre el propio río, habría que concebir un proyecto diferente, acompañado de un corredor fluvial naturalizado que garantizase la continuidad ecológica. No se trataría de colocar una escala de peces junto al muro, sino de reconstruir funcionalmente un río: meandros, rápidos, remansos, cantos rodados, vegetación de ribera y charcones capaces de mantener refugios durante los meses de estiaje.
La solución tampoco puede reducirse a dejar pasar una cantidad fija de agua. Un río mediterráneo no funciona con un caudal uniforme, sino mediante pulsos, crecidas, descensos estacionales y refugios estivales. El reto consiste precisamente en reproducir ese comportamiento de manera compatible con el jarabugo, el fraile y el resto de la comunidad fluvial. Para ello se necesitan estudios estudios hídricos e ictiológicos que tendentes a concretar un régimen de caudales ecológicos y una morfología del cauce para conservar la funcionalidad del Guadámez. Sería un modelo replicable en el futuro para muchos lugares.
Llegados a este punto, cabe preguntarse nuevamente: ¿Cuánto cuesta conservar? Pues depende lo que indiquen las medidas preventivas, correctoras y compensatorias, tanto para evitar el daño como para minimizarlo y excepcionalmente compensarlo. Ése debería ser el orden para aplicar en el proyecto que se retome. El coste de preservar jarabugo, fraile, vegetación de ribera y conectividad fluvial debe incorporarse al coste real de la infraestructura, exactamente igual que una carretera de reposición o las expropiaciones. La conservación también cuesta dinero, y no deben escatimarse recursos para asumirlo. Si este coste adicional permite compatibilizar durante decenas de años miles de hectáreas productivas con la preservación de un ecosistema singular, no estamos frente a un sobrecoste sino ante una inversión destinada a hacer viable territorialmente una actuación que Extremadura necesita desde una perspectiva holística e integradora.
El enfoque debería superar el falso dilema entre santuario intocable y un territorio sacrificable. Esa debería ser la filosofía. El Guadámez no debe convertirse en un espacio alterado por una oportunidad económica, pero tampoco parece razonable considerarlo un territorio congelado donde cualquier actuación humana quede excluida de antemano. La propia experiencia extremeña demuestra que ambas dimensiones pueden coexistir. Incluso en anteriores transformaciones de regadío se han modificado perímetros, excluido superficies y establecido condicionantes ambientales. La zona regable Centro de Extremadura es un antecedente claro: su declaración de impacto ambiental obligó a excluir unidades de riego y modificar el proyecto.
La reciente iniciativa del pasado mes de mayo en el Congreso de los Diputados podría servir para cambiar de perspectiva si se orienta en la dirección que planteamos en este texto. La proposición parlamentaria sugiere realizar nuevos estudios técnicos, ambientales, hidrológicos y económicos, y contempla expresamente medidas compensatorias y alternativas a la obra original. Aprovechemos esa oportunidad. Estudiemos cuánta agua puede regularse y qué superficie puede regarse de manera razonable, excluyendo cada área crítica del jarabugo y cada tramo relevante para el pez fraile. Analicemos la ubicación de una presa lateral que permita un cauce naturalizado. Y, finalmente, pongamos euros a esa alternativa, decidiendo siempre desde la ciencia, la ingeniería, la economía y la planificación espacial, no desde posiciones previamente enfrentadas.
Porque entre conservar el curso de una parte del río Guadámez y desarrollar usos agrarios no acontece una frontera infranqueable. Existe un espacio de encuentro que debe construirse desde la ciencia, la ordenación territorial y el interés general.
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