España ha construido en las últimas décadas un sistema universitario sólido en su dimensión pública, vertebrador del territorio (aunque insuficiente en algunos casos) y garante (en términos formales) de la igualdad de oportunidades. Sin embargo, como ocurre con frecuencia en estructuras consolidadas, la fortaleza institucional ha ido acompañada de prácticas arraigadas, rigideces y ciertas disfunciones que hoy afloran con mayor nitidez. En este contexto, como ya he publicado en otras ocasiones, la expansión de la universidad privada no puede entenderse únicamente como una anomalía o una amenaza, sino como un síntoma: el reflejo de un sistema institucional que, aun siendo robusto, presenta fisuras que otros actores están sabiendo aprovechar.
La universidad pública española destaca, sin discusión, en el ámbito de la investigación (al menos en publicaciones indexadas). Es el principal soporte del sistema científico nacional, concentrando el 80 por ciento de la producción académica y sosteniendo infraestructuras imprescindibles para el avance del conocimiento. Dicha orientación investigadora está reforzada por mecanismos como los Sexenios de Investigación (premian económicamente al funcionario dedicado a ella, aunque no todos los consiguen) y por un sistema de evaluación que ha permitido situar a España en posiciones punteras en determinados campos. No obstante, genéricamente, seguimos sin colocar ninguna universidad entre las 100 primeras del mundo (Ranking de Shanghái, 2026), teniendo 50 millones de habitantes y 96 universidades.
Ahora bien, toda fortaleza de la pública respecto a la privada encierra su reverso. La primacía de la investigación en la carrera académica ha relegado, en ocasiones, la función docente a un segundo plano. No porque falte vocación o capacidad, sino porque los incentivos están desalineados. El profesor universitario, sometido a exigencias de publicación y evaluación continua, se halla más desmotivado para las aulas.
A estas ineficiencias se añade otra de carácter estructural: la proliferación de titulaciones con una demanda ínfima (224 Grados y Másteres cuentan con menos de cinco inscritos). Mientras los alumnos por cuestiones demográficas disminuyen, la contratación del profesorado aumenta. Se ha pasado de una ratio de 20 alumnos por profesor en 2002 a 13 en la actualidad, una cifra alarmante que responde a un problema de planificación caracterizado por decisiones fragmentadas y desorientadas.
Asimismo, la universidad estatal aporta cada año unos 160.000 egresados, pero se desconoce su trayectoria posterior o su grado de inserción laboral, no es habitual monitorizar ni encuestar a los titulados de manera sistemática para comprobar su situación profesional y responsabilidades, si las tuviera, algunas llevan pocos años haciéndolo y otras acaban de inaugurar sus programas “Alumni”. Sin esta información, la universidad navega a ciegas, incapaz de ajustar su oferta a la realidad del mercado o de evaluar el impacto real de su función formativa.
En este escenario es donde la privada ha encontrado su intersticio de oportunidades. No tanto como alternativa ideológica, sino como respuesta práctica a determinadas demandas insatisfechas. Su crecimiento es el resultado de factores concretos: mayor adaptación organizativa, elasticidad horaria, programas orientados a la empleabilidad y una relación más estrecha con el tejido empresarial. Frente a la burocracia de la estructura pública, la privada ofrece agilidad; frente al distanciamiento institucional, proximidad al estudiante.
El argumento económico, habitualmente esgrimido para descalificar este modelo privado, merece una reflexión más matizada. Es cierto que las matrículas son más elevadas, pero no siempre se considera el coste real de educarse en la pública cuando implica desplazamiento. Para muchos alumnos, especialmente de espacios periféricos, a pesar de las becas, acceder a determinadas titulaciones exige trasladarse a otras ciudades, con el consiguiente gasto en alojamiento, manutención y transporte. En estos casos, la opción privada, si existe en el entorno cercano, puede parecer no sólo viable, sino incluso racional desde la óptica del ahorro.
Además, la flexibilidad en el cronograma de la universidad privada introduce un elemento que el sistema público apenas ha desarrollado: la posibilidad de compatibilizar estudios con actividad profesional o familiar. No son pocos los matriculados que necesitan trabajar, colaborar en negocios familiares o mantener una presencia activa en su entorno social y cultural, así como una formación de postgrado para ejecutivos. Para estos colectivos, la universidad privada no es un lujo, sino una vía de acceso a la formación superior que el modelo convencional no proporciona.
Y, sin embargo, pese a cubrir estos vacíos de marginalidad territorial, la universidad privada sigue generando un notable rechazo en determinados sectores. La explicación no reside únicamente en sus características, sino en lo que simboliza. Para una parte del espectro político y sindical, su expansión se interpreta como un avance de la lógica de mercado en un ámbito que consideran exclusivo de la Administración.
Sin embargo, esta lectura puede resultar incompleta. La presencia de la universidad privada introduce un elemento en el sistema tradicional que no había entrado en competición. Y la competencia, cuando se realiza dentro de un marco normativo, es positiva porque obliga a revisar prácticas, a cuestionar inercias y a introducir mejoras.
El verdadero problema, por tanto, no es la coexistencia de ambos modelos, sino la falta de adaptación del sistema en su conjunto. La universidad pública dispone de recursos, acervo y capacidad para liderar este proceso de transformación, pero necesita revisar sus estructuras, alinear sus incentivos y reforzar su conexión con la realidad social y productiva. En cualquier caso, no parece que la nueva legislación (LOSU, 2023) contribuya a ejecutar los cambios necesarios para posicionarla en la vanguardia de la liga académica internacional, por lo que se necesita abundar en la corrección de las grietas.
La privada, por su parte, si quiere sostenerse en el tiempo debe consolidar su crecimiento sobre bases sólidas y de rigor, respetando los criterios de la Agencia Nacional de la Evaluación de la Calidad, a fin de evitar convertirse en garajes expendedores de títulos y que la expansión cuantitativa comprometa su credibilidad y muera de éxito en un contexto que le ha sido favorecido por las lagunas educativas del sistema superior de enseñanza española.
Consiguientemente, la universidad española se enfrenta a un dilema que trasciende la dicotomía público-privado: la cuestión no es quién ha de prevalecer, sino cómo asegurar que este organismo, en cualquiera de sus formas y en coexistencia, cumpla eficazmente su función: formar ciudadanos, generar conocimiento y contribuir al desarrollo de la sociedad.
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