Bien pudiera ser que el presidente del Gobierno fuera un tipo ejemplar. Pudiera ser y debiera ser. ¿A qué ciudadano no le gustaría tener a una persona virtuosa en tan alta magistratura de la patria? Lo contrario, el que sea vicioso, no creo que sea de recibo. No, no debería serlo, fundamentalmente, porque su carcoma moral daña gravemente la convivencia entre españoles, porque de España hablo. Y de un tal Sánchez. Un tipo para el que la verdad y la moral son categorías subalternas a sus propios intereses. Un tipo peligroso para las libertades. Un tipo que no repara en medios y que, para desgracia de todos, siempre tiene un conejo en la chistera.
No hablaré de las trapacerías anteriores, voy solo a señalar la última y, a mi juicio, una de las más infamantes. Me refiero a eso de intentar colar por la puerta de atrás los decretos derogados por el Congreso el pasado viernes. Es cierto que han cometido delitos, presuntos o condenados, pero, si yo no recuerdo mal, tratando siempre de ocultarlos. Es lo normal entre delincuentes, tratar de evitar que se sepa de sus delitos. Por citar algunos, ni Ávalos cuenta en público lo de sus sobrinas, ni Zapatero lo de sus joyas. Luego, vaya a usted a saber cómo, se descubre alguno de los pasteles ocultos. En definitiva, lo normal es que el propio delincuente tenga reparo en que se sepa que lo es.
Lo de los decretos, a la trapacería, añade el despropósito de cometerla a los ojos de todos los que lean o puedan leer el Boletín Oficial del Estado. ¿Hasta qué extremo se siente impune o está necesitado de prolongar la polémica sobre vivienda para perpetrar semejante fraude de ley a la vista de todos?
El fraude de ley es una institución jurídica que siempre ha llamado mi atención. Tratar de violar una ley al amparo de otra ley tiene su misterio. Cuando empiezas a estudiar Derecho sorprende que pueda ocurrir y, sin embargo, pronto descubres que el legislador no puede regular todos los modos de incumplir la ley por los facinerosos. En el fraude de ley hay una apariencia de legalidad, de hecho el presidente es exactamente eso, una mera apariencia de legalidad. Parece una cosa y resulta ser la contraria.
Tratar de colar los susodichos decretos cambiándole poco más que las comas es una aberración jurídica. El legislador no podía prever que la Diputación Permanente del Congreso no respondiera a las mismas mayorías que el propio Congreso. En este caso las mayorías son, en contra de la voluntad del legislador, otras. Pero, no olvidemos, la función de la Diputación Permanente del Congreso es velar por los poderes del Congreso cuando no está reunido, como es el caso presente. Velar, no aprobar lo que aquel ha derogado por mayoría cuatro días antes. Y de ese fraude de ley no solo será culpable el Gobierno que, contumaz, vuelve a aprobar lo derogado, sino también los miembros de la Diputación Permanente que voten a favor con manifiesto desprecio de la voluntad ya expresada por un órgano superior. La Diputación Permanente no es una segunda instancia ni una segunda vuelta legislativa.
De forma literal, el artículo 6.4 del Código Civil dice que “Los actos realizados al amparo del texto de una norma jurídica que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiera tratado de eludir”. Es evidente que se trata de violar la ya expresada decisión parlamentaria. Quizá la poesía sea capaz de resumirlo mejor: ¿Qué es fraude de ley? ¿Y tú me lo preguntas? Fraude de ley... eres tú, Pedro.
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