El falso diagnóstico del “mercado tensionado” de la vivienda en Cáceres

Resulta una paradoja sociológica que los sectores que sistemáticamente se oponen a los vectores de crecimiento en Cáceres (el turismo de calidad, los proyectos industriales o las iniciativas extractivas de alto valor añadido relacionadas con el litio) sean prácticamente los mismos que en la actualidad encabezan las protestas contra el precio de la vivienda.

Existe una conexión directa que estos grupos parecen o quieren ignorar: la ciudad de Cáceres, al igual que la de Badajoz, goza de uno de los mercados inmobiliarios más baratos de España precisamente como consecuencia de la falta de oportunidades que su propio inmovilismo promueve con el bloqueo al desarrollo que acaba por plasmarse en un estancamiento con tendencia a la regresión, tal y como escribí en este mismo periódico hace unos meses en la tribuna titulada: “Cáceres frente al espejo: el riesgo de no arriesgar”.

Esta resistencia al progreso suele estar liderada por colectivos que, tras haber consolidado y blindado su situación económica (especialmente perfiles con rentas garantizadas de por vida como funcionarios públicos o jubilados), asedian indirectamente el relevo generacional. Al oponerse a la creación de tejido productivo, condenan a los jóvenes extremeños a la emigración forzosa. Nuestros jóvenes, he conversado mucho con ellos una vez han finalizado su carrera y alguno viene con el tiempo a saludarme al despacho, me cuentan que no abandonan por unos precios de vivienda elevados en su tierra, puesto que no lo son comparativamente; huyen de la inexistencia de un entorno laboral que les permita pagar incluso esos bajos costos. Emigran a Madrid, Barcelona o el extranjero, donde un piso es significativamente más caro, pero donde al menos el dinamismo económico les permite subsistir y proyectar una vida.

Así que, vamos a refutar ese discurso falaz de la “presión inmobiliaria” utilizando con datos. La realidad empírica desmiente la narrativa del caos inmobiliario en la región. Según distintos portales inmobiliarios consultados, en línea con estimaciones del Ministerio de Vivienda, las últimas series estadísticas sobre el valor de adquisición, Cáceres y Badajoz se consolidan en los diez últimos puestos del país, con valores que oscilan entre los 1.370 y 1.400 €/m², respectivamente, frente a una media nacional de unos 2.300 euros. Es decir, en Cáceres capital, es un 40% inferior al resto de España.

Para poner estas cifras en perspectiva, basta mirar hacia las urbes genuinamente caras, debido a su alta demanda: San Sebastián, Madrid o Barcelona, tienen valías que fluctúan entre los 4.500 y más de 6.000 €/m², multiplicando por dos o tres veces el montante de las capitales extremeñas, con una brecha superior a los 4.000 €/m². 

Esta distancia abismal excluye técnicamente a Cáceres de cualquier categoría de "tensión habitacional" por el lado de la oferta del suelo edificado. Incluso si ajustamos el análisis al diferencial de rentas entre regiones (comparando el poder adquisitivo de Madrid o País Vasco frente a Extremadura), la conclusión es idéntica. Aunque los salarios medios en Extremadura sean menores, la diferencia residencial es mucho más pronunciada que la de los ingresos: mientras que la renta no llega a ser la mitad, el coste en las zonas ricas cuadruplica al extremeño. Consecuentemente, el esfuerzo relativo para acceder a la propiedad en Cáceres es menor, requiriendo un endeudamiento más bajo y una exposición mínima a los riesgos hipotecarios que hoy asfixian a las familias en otras comunidades

Consiguientemente, aplicar la etiqueta de “burbuja inmobiliaria” a la capital cacereña supone un profundo desconocimiento de la estadística y una peligrosa confusión analítica, no sé si por desconocimiento o por intereses espurios. Lo que experimentan ciertos hogares extremeños no es un problema inmobiliario derivado de un mercado encarecido, sino un problema de renta estructural, pues la dificultad de acceso no deriva del importe del inmueble, sino de la debilidad de los salarios, las tasas de desempleo, entre otras cuestiones por oposición a cualquier iniciativa de desarrollo que implique alguna “molestia” hacia el bienestar de los citados estamentos privilegiados.

En definitiva, parece claro que repetir el mantra del "mercado tensionado" no sólo es un error de diagnóstico; es una irresponsabilidad política por parte de quienes abanderan esas proclamas. Pretender con ello introducir regulaciones o normativas diseñadas para Barcelona en el contexto de una pequeña ciudad como Cáceres (96.598 habitantes) corre el riesgo de paralizar un sector que lo que realmente necesita es inversión en nuevos proyectos, dinamismo empresarial y, especialmente, una base laboral joven con salarios dignos que únicamente se consiguen permitiendo que la ciudad crezca, produzca y evolucione económicamente para garantizar su futuro.