La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, abrió este viernes la 'caja de las esencias' del nuevo sistema de financiación autonómica al anunciar una inyección adicional de 20.975 millones de euros anuales. Sobre el papel, una buena noticia. Más recursos para las comunidades debería traducirse en mejores servicios públicos, más cohesión territorial y mayor igualdad entre ciudadanos. Sin embargo, cuando se baja al detalle, el nuevo modelo vuelve a dejar a Extremadura en el vagón de cola.
El reparto revela un desequilibrio difícil de justificar. Cataluña recibirá 4.686 millones de euros más al año y Andalucía 4.846 millones. Extremadura, en cambio, no recibirá ni un solo euro por la vía principal del sistema al considerarse una comunidad “sobrefinanciada” según los criterios del nuevo modelo. Para sostener el discurso de que “todas las comunidades ganan”, el Ministerio recurre a un Fondo de Compensación Interterritorial reformulado, por el que Extremadura obtendría 216 millones adicionales. No es financiación estructural: es un parche. Una solución coyuntural que no corrige el problema de fondo ni garantiza estabilidad a medio plazo.
Pero el problema no es solo técnico, es también político. El nuevo sistema nace marcado por una negociación bilateral entre el Gobierno de Pedro Sánchez y los partidos independentistas catalanes, con Oriol Junqueras como interlocutor clave. En la práctica, la reforma se percibe como un pago por apoyo parlamentario, un precio político asumido para garantizar la gobernabilidad del Estado. Y cuando la financiación autonómica se utiliza como moneda de cambio, siempre hay territorios que pierden. Extremadura es uno de ellos.
La comparación por habitante resulta aún más reveladora. Cada ciudadano catalán contará con 577 euros más; cada andaluz, con 559. En Extremadura, la cifra se queda en 205 euros por persona. Castilla y León apenas alcanza los 113 euros, y comunidades como Cantabria o La Rioja ni siquiera llegan a los 100 euros. ¿De verdad este reparto responde al principio constitucional de igualdad entre españoles vivan donde vivan?
Extremadura no es una comunidad rica ni sobrada de recursos. Tiene menor renta media, mayor envejecimiento, más dispersión territorial y una de las tasas de despoblación más altas del país. Prestar servicios públicos aquí es objetivamente más caro: más kilómetros para llegar a un centro de salud, menos alumnos por aula, más esfuerzo para mantener infraestructuras básicas. Ignorar estas variables y concluir que Extremadura está “sobrefinanciada” no solo resulta discutible; es profundamente injusto.
Este modelo vuelve a premiar a los territorios con mayor capacidad de presión política y mayor peso institucional, mientras relega a las comunidades que no condicionan mayorías en el Congreso. No se trata de enfrentar a unas regiones con otras, ni de negar singularidades. Se trata de recordar que la solidaridad interterritorial no puede convertirse en una transacción política ni en una negociación a puerta cerrada entre dos actores, dejando al resto como espectadores pasivos.
Del mismo modo, esta situación no debería servir para sacar tajada política o utilizar Extremadura como ariete contra el Gobierno central. Aquí no va de siglas ni de rédito electoral. Va de justicia territorial. Va de exigir, gobierne quien gobierne, PSOE o PP o quien sea, un sistema de financiación equitativo, transparente y basado en criterios objetivos.
Extremadura no pide privilegios. Pide equidad. Pide un sistema que tenga en cuenta su realidad social, demográfica y económica, y que le permita garantizar servicios públicos de calidad sin depender de fondos compensatorios que hoy están y mañana pueden desaparecer. Pide ser tratada como lo que es: una parte esencial de este país, no una comunidad condenada a recibir siempre menos.
Si el nuevo modelo de financiación no corrige las desigualdades históricas y, además, consolida nuevas brechas al dictado de intereses parlamentarios, no estaremos ante una reforma valiente, sino ante una oportunidad perdida. Y Extremadura, una vez más, no puede ni debe quedarse callada.
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