Tras el fallido intento de investidura de María Guardiola, Extremadura ha entrado oficialmente en modo cuenta atrás. Hay menos de dos meses para formar gobierno. El 4 de mayo es el límite. Si para entonces no hay acuerdo, la región irá de nuevo a elecciones. Serían las terceras autonómicas en apenas tres años. Una frecuencia electoral que empieza a parecer más un hábito que una excepción.
En medio del bloqueo, Vox ha decidido aclarar algo importante: el problema, dicen ahora, no es María Guardiola. El problema es Génova. Así lo ha defendido el líder regional del partido, Óscar Fernández Calle, quien ha venido a decir —con bastante diplomacia— que creer a Guardiola es fácil; lo difícil es creer a quienes están por encima de ella, en Madrid o en Bruselas. Es decir, que el tablero no está en Mérida, sino bastante más lejos.
La afirmación tiene, sin embargo, un pequeño inconveniente: hasta hace muy poco el obstáculo era precisamente Guardiola. Vox la responsabilizó durante semanas del desencuentro y de la imposibilidad de un acuerdo. Ahora que la presidenta ha asumido buena parte de los planteamientos del partido —algunos de ellos incluso incómodos para su propio espacio político— el problema ha cambiado de dirección. Ya no está en Mérida, sino en Madrid. Ese giro deja a Vox en una posición delicada. Porque si el problema ya no es la candidata extremeña, sino la dirección nacional del Partido Popular, la conclusión inevitable es otra: que las decisiones no se toman realmente en Extremadura.
Y ahí aparece la sensación, cada vez más extendida, de que Vox en la región actúa menos como un actor político autónomo y más como una delegación de una estrategia diseñada en Madrid, cuyos tiempos y movimientos marca Santiago Abascal.
La estrategia nacional ha aterrizado en la política extremeña con la delicadeza de un elefante en una cacharrería. El resultado es el que es: un acuerdo que parecía posible y que, de repente, deja de serlo. Y entonces llega la pregunta inevitable: ¿de quién es la culpa? ¿De Guardiola por convocar unas elecciones anticipadas para acabar con un reparto de escaños endemoniado —peor casi que el anterior— o de Vox por decidir que Extremadura puede esperar mientras se resuelven otras partidas nacionales?
Lo cierto es que la política española ha convertido las instituciones en un peculiar pim-pam-pum en el que los ciudadanos observan, con cierta perplejidad, cómo se discute mucho sobre poder y bastante menos sobre gobierno.
En cualquier democracia parlamentaria hay una regla no escrita bastante sencilla: quien gana las elecciones debe gobernar. Máxime si lo hace, como en este caso, con el 43% de los votos. A veces hay que acudir a la coalición, a veces gobernar en solitario y en minoría, y a veces hacerlo con la oposición vigilando cada movimiento muy de cerca. Todo eso es política.
Lo que resulta más difícil de explicar es el bloqueo cuando todos admiten que el acuerdo es posible. Ahí es donde empiezan las sospechas. No sobre si se pactará —porque seguramente se llegará a un acuerdo— sino sobre cuándo conviene pactar y, sobre todo, a quién conviene hacerlo.
Quizá el acuerdo llegue cuando desaparezca la presión de las urnas. O quizá cuando la estrategia nacional haya terminado de ajustar sus propios calendarios: generales, andaluzas o lo que toque. Lo único seguro es que Extremadura no debería convertirse en moneda de cambio ni en campo de pruebas de nadie.
Porque mientras tanto la administración sigue avanzando a un ritmo que podría describirse, siendo generosos, como contemplativo. Desde octubre el engranaje institucional funciona con la parsimonia de quien sabe que todo está pendiente de una negociación.
Óscar Fernández Calle lo resumía en la Asamblea con una frase que suena bastante sensata: primero el qué, el cómo y el cuándo; y después el quién. No parece una mala hoja de ruta. Aunque, viendo el panorama, cabe preguntarse si todos están jugando a la misma partida.
En lo que respecta a María Guardiola, el desgaste es más que evidente. Pero también lo es algo más: no parece tener intención de echarse a un lado. Su cabeza no está en la mesa de negociación ni parece que vaya a estarlo como han sugerido malintencionadamente los partidos de la izquierda. Así que seguirán adelante. No tanto aguardando un acuerdo —que llegará tarde o temprano— como confiando en que alguien recuerde que las elecciones no se ganan para jugar partidas nacionales, sino para gobernar donde se celebran.
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