Desde hace años vengo sosteniendo, tanto en publicaciones académicas como en tribunas de opinión (regionales y nacionales), que la transición energética y la revolución digital constituyen dos de las grandes transformaciones económicas y geopolíticas del siglo XXI. Ambas deberían avanzar al unísono, porque una economía crecientemente digitalizada difícilmente puede prosperar sobre un sistema energético incapaz de garantizar sus necesidades de suministro.
No obstante, España antepone la apresurada transición sin acompasarla para su encaje en la cuarta revolución industrial, también denominada industria 4.0. Así se evidencia con el recién publicado Real Decreto 1032/2026, que no altera prácticamente nada el borrador tramitado el pasado 26 de octubre que ya criticamos en algunos foros, mediante el que regula los requisitos energéticos de los centros de datos, intorduciendo contradicciones sin justificación desde la óptica de la racionalidad energética y la cohesión territorial.
Ahora bien, ¿con esta normativa puede España, a pesar de sus indudables potenciales, liderar la nueva economía digital al condicionar su desarrollo a exigencias que debilitan su competitividad internacional y agravan los desequilibrios territoriales entre comunidades autónomas?
El citado decreto exige que los grandes centros de datos acrediten un 80 % de cobertura renovable, con correspondencia entre generación y consumo en cada hora del día. El objetivo de descarbonización pudiera ser aceptable, pero su aplicación debería ajustarse a las posibilidades tecnológicas y la dispoinibilidad real de infraestructuras en cada autonomía, pues no todas mantienen un cierto equilibrio entre hidráulica, fotovoltaica y eólica. Aragón, por ejemplo, es muy diferente a Extremadura, que se vería perjudicada porque la eólica es insignificante en su paquete renovable y no se contempla la nuclear.
Los centros de datos necesitan electricidad durante las veinticuatro horas, los 365 días del año. Sus servidores y sistemas de refirgeración no pueden depender exclusivamente de cuándo luce el sol, sopla el viento o las reservas hidráulicas permiten turbinar (en épocas de sequía se desconecta). Las baterías, aún insuficientes, no pueden cubrir periodos prolongados de escasa generación lo que provoca incertidumbres y retraimiento en la puesta en marcha de los nuevos equipamientos previstos.
El propio Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), muy cuestionado por muchos especialistas por las distorsiones y los perversos efectos infligidos al sistema eléctrico (económicos y reputacionales), prevé alcanzar 22,5 GW de almacenamiento en 2030, pero a fecha de hoy España solamente dispone de 8,1 GW de capacidad operativa, mediante bombeo puro (6,4 GW), térmico (0,8) y baterías (0,9). O sea, tendría que conseguir en apenas 4 años triplicar su capacidad.
Y mientras España intenta colocar palos a la rueda energética, la competencia internacional por dominar la inteligencia artificial se intensifica. La cumbre trilateral de Jinping, Donald Trump y Vladímir Putin del pasado jueves en China no establece las restricciones de Moncloa. Estados Unidos afirma que está acelerando el desarrollo de infraestructuras digitales y promoviendo el aprovechamiento de distintas fuentes energéticas, incliudas la nuclear y el gas natural. Mientras China, sin descuidar las renovables, apuesta por una planificación que integra generación eléctrica, redes y grandes polos de computación. Son tácticas diferentes, pero comparten una prioridad: garantizar la energía necesaria para sostener el crecimiento tecnológico.
La electricidad ha dejado de ser exclusivamente un factor de producción para convertirse en un instrumento de poder geopolítico. En este contexto, la regulación española incrementa los costes de suministro e introduce vacilaciones sobre la viabilidad de las inversiones, lo que se va a convertir en una desventaja competitiva, inclusive frente a otros países europeos.
Paradójicamente, la propia Unión Europea ha dado un giro reciente sobre el papel de la energía nuclear, ampliando los plazos de las centrales en funcionamiento y apoyando nuevas instalaciones. A principios del presente año, la Comisión Europea presentó su guía para impulsar los pequeños reactores modulares, reconociendo expresamente su contribución a la descarbonización, la seguridad energética y el aprovisionamiento estable de grandes consumidores, entre los que se hallan los centros de datos.
¿Por qué, entonces, España continúa excluyendo la generación nuclear del porcentaje renovable exigido a estas instalaciones? La nuclear no es renovable, pero produce electricidad sin emisiones directas de CO₂, ofrece elevadísima disponibilidad y contribuye a la frirmeza del sistema. Su aportación al “cambio climático”, que es quien condiciona todas estas políticas (Agenda 2030 y Pacto Verde), no desaparece por una mera clasificación administrativa.
No tratamos de ignorar sus costes, residuos o exigencias de seguridad, sino de reconocer que nuclear y renovables desempeñan funciones de complementariedad. Prescindir prematuramente, por pura ideología, de la generación nuclear existente, sin alternativas equivalentes va a acabar incrementando las necesidades de respaldo fósil (ya está pasando con el consumo de gas), almacenamiento y nuevas infraestructuras, para evitar nuevos apagones.
El caso de Almaraz representa una cuestión especialmente sensible para Extremadura. Su continuidad hasta mediados de 2030 mantiene una importante capacidad de generación fija y descarbonizada (7% del total nacional), además de empleo cualificado y experiencia industrial acumulada, por lo que es una fuente clave para atraer capital en sectores electrointensivos. Así que clausurarla será un tremendo error (ya pasó en Alemania y ahora, arrepentidos, se plantean volver atrás) y restará ventajas competitivas a nuestra comunidad autónoma.
Consecuentemente, la decisión sobre el futuro de la central extremeña debería fundamentarse en evaluaciones rigurosas de seguridad, viabilidad económica y necesidades del sistema eléctrico regional y nacional, añadiendo también sus consecuencias territoriales. No resulta coherente renunciar a esta capacidad para nutrir a los centros de datos e iniciativas vinculadas a la inteligencia artificial.
Existe, además, un riesgo económico que merece muchísima atención. Los grandes operadores tecnológicos comparan países según sus costes energéticos, disponibilidad eléctrica, capacidad de conexión y seguridad jurídica. Esta “avanzada” regulación de marras, que altera las reglas del juego a mitad de partido, genera perplejidad y desconcierto al aumentar los costos, motivo por el que la patronal del sector va a recurrir al Tribunal Supremo, solicitando su suspensión cautelar.
España dispone de extraordinarios recursos energéticos, pero esa ventaja no garantiza automáticamente competitividad. Sería chocante que termináramos exportando electricidad mientras importamos los servicios tecnológicos y las capacidades de computación que podrían haberse desarrollado aprovechando nuestros propios recursos.
Dicha contradicción adquiere una dimensión todavía más profunda desde la geografía económica. Extremadura constituye una de las pirncipales regiones productoras y exportadoras de electricidad de España. Durante décadas ha contribuido al abastecimiento de los grandes núcleos urbanos e industriales, sin transformar proporcionalmente esa cuota (12% del global) en un tejido productivo avanzado.
No arremetemos contra la solidaridad energética entre espacios geográficos ni el funcionamiento de un sistema eléctrico integrado. La electricidad debe circular allí donde se necesita. Lo aberrante es que las regiones productoras soporten los impactos territoriales mientras las actividades de mayor valor añadido continúan concentrándose en las áreas metropolitanas más desarrolladas que actúan como una aspiradora también demográfica de la “España Vaciada”.
La transición ecológica no debería reporducir una nueva división territorial del trabajo, donde unas regiones contribuyen energéticamente y otras concentran la computación, la innovación y la riqueza.
Por ello, el decreto debería rematarse con una estrategia basada en cuatro principios: reconocer adecuadamente la contribución de las tecnologías de bajas emisiones y su firmeza eléctrica (centrales nucleares); articular las exigencias de correlación renovable al despliegue efectivo del almacenamiento; proporcionar estabilidad regulatoria y costes competitivos; e incorporar objetivos verificables de cohesión territorial en la planificación de las redes.
En particular, convendría anticipar capacidad de conexión en las regiones productoras, facilitar contratos eléctricos estables y favorecer proyectos industriales que acrediten creación de empleo, innovación y efectos multiplicadores sobre las economías locales, sin establecer privilegios incompatibles con el mercado eléctrico.
La verdadera transición energética no se limita a sustituir tecnologías de generación, sino que ha de contribuir también a transformar la geografía de la dispar industrialización española.
Nuestro país corre el riesgo de desaprovechar parte de sus ventajas energéticas en la nueva economía mundial. Extremadura afronta una disyuntiva todavía más profunda: continuar exportando recursos o convertir su extraordinario potencial eléctrico en una auténtica palanca de desarrollo.
Ciertamente que la soberanía digital comienza por la seguridad energética, pero la justicia territorial exige que las regiones que producen la electricidad necesaria para construir el futuro participen también de la riqueza que esa transformación genera. Extremadura no puede perder, como ya le sucedió durante la industrialización del siglo XIX, otra oportunidad histórica de desarrollo por una nueva cacicada del Gobierno central. De lo contrario, seguirá sempiternamente siendo la Cenicienta del desarrollo español.
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