La llegada de los fondos europeos Next Generation fue presentada por el gobierno central (julio de 2020) como una oportunidad histórica para modernizar la economía española y corregir algunos de los desequilibrios territoriales que históricamente han condicionado el desarrollo homogéneo de España, con lo que ello supuestamente implicaba para el fomento de la igualdad de oportunidades.
La pandemia del Covid 19 justificó una movilización financiera sin precedentes en la Unión Europea (750.000 millones de euros), de la que España, tras Italia, fue la gran beneficiada, con unos 145.000 millones de euros. Desde Moncloa insistieron en que estos recursos servirían para impulsar la transformación digital, la transición energética, la cohesión territorial y el reto demográfico. Sin embargo, trasncurrido un lustro, cabe preguntarnos si realmente han contribuido a reducir las diferencias regionales o si, por el contrario, han terminado reforzando las ventajas de los territorios que ya partían con una posición más favorable.
Ciertamente, las tres regiones que más han recibido (42% del total) han sido Madrid, Cataluña y Andalucía, pero también son las más pobladas. Por ello, el análisis comparado lo voy a realizar entre Aragón, Castilla-La Mancha y Extremadura que poseen amplias superficies y densidades demográficas similares, lo que a mi entender ofrece algunas respuestas reveladoras. De un primer vistazo al reparto , la distribución de las cantidades europieas parece razonablemente equilibrada. Las grandes comunidades concentran una parte importante del volumen total recibido (en coherencia con su peso económico) y regiones del interior como Castilla-La Mancha y Aragón se sitúan en un nivel intermedio; mientras Extremadura nuevamente queda perjudicada.
Para entender el verdadero impacto es necesario analizar la inversión por habitante y, sobre todo, la naturaleza de los proyectos financiados. Es aquí donde aparecen las diferencias más acuciantes. Aragón se ha situado entre las regiones con mayor intensidad de actuaciones por habitante, mientras que Castilla-La Mancha ocupa también posiciones relativamente favorables. Extremadura, en cambio, se mantiene en niveles medios o ligeramente inferiores, sin destacar de forma significativa. La diferencia puede parecer moderada en términos porcentuales, pero adquiere una enorme relevancia cuando se proyecta a largo plazo: Aragón (unos 700 € por habitante) llega a recibir en torno a un 35 % más por habitante que Extremadura (sobre 475 € per cápita), y Castilla-La Mancha (unos 600 €), aproximadamente un 20 % más.
Sin embargo, el elemento decisivo no es únicamente cuánto dinero se recibe, sino en qué áreas se invierte. La experiencia demuestra que no todo el capital destinado tiene el mismo impacto. Un euro destinado a sectores estratégicos vinculados a la innovación o la transformación industrial genera retornos muy distintos a otro destinado a infraestructuras convencionales o a cubrir déficits básicos. Ambos son necesarios, pero su capacidad para alterar el tejido productivo de las áreas geográficas es desigual.
Así, en este contexto, se observa que las trayectorias de las tres comunidades divergen claramente. Aragón ha logrado posicionarse con notable éxito en algunos de los vectores clave de la nueva economía. Proyectos vinculados al hidrógeno verde, las energías renovables avanzadas, la logística y la industria tecnológica han permitido atraer actividades con un elevado potencial multiplicador. Su participación en proyectos estratégicos nacionales ha reforzado una dinámica que ya venía consolidándose en la última década.
Castilla-La Mancha presenta una situación intermedia. La región ha aprovechado esas partidas para modernizar su sector agroalimentario, mejorar infraestructuras y avanzar en la transición energética. Aunque su presencia en sectores de alta tecnología es más limitada, ha mostrado una capacidad razonable para absorber recursos y transformarlos para la mejora de su estructura productiva.
Si abordamos el caso de Extremadura, comprobamos que es sustancialmente diferente. Una parte importante de los dineros se ha orientado hacia actuaciones relacionadas con el desarrollo rural, las infraestructuras tradicionales y la mejora de servicios públicos. Nadie cuestiona que son actuaciones necesarias y socialmente apreciadas (algunas de poca utilidad), pero presentan una menor capacidad para provocar en el futuro cambios estructurales o atraer nuevas actividades económicas de alto valor añadido.
La paradoja resulta aún más llamativa si se tiene en cuenta el papel estratégico de Extremadura en el sistema energético nacional. La región es una de las principales exportadoras de energía del país (siete veces más de lo que consume), especialmente en el ámbito de las renovables. Pero esa posición ventajosa no se ha traducido en una captación proporcional de inversiones transformadoras vinculadas a la transición energética. Es decir, Extremadura produce energía, pero no está capturando en la misma medida los beneficios industriales, tecnológicos y empresariales asociados a ese proceso, por lo que seguirá anclada en un modelo periférico que le impide salir de la “carrera de la rata” o especialización subordinada.
Esta diferencia se acentúa en ámbitos clave como la investigación, la innovación y la digitalización. La mayor parte de los recursos destinados a estos sectores se concentra en regiones donde ya existe un tejido empresarial y tecnológico consolidado. Como consecuencia, Extremadura, participa de forma limitada en aquellos ámbitos que previsiblemente determinarán el crecimiento económico de las próximas décadas.
Las razones de este resultado no responden necesariamente a una discriminación explícita, sino a factores estructurales bien conocidos. Las regiones con mayor densidad empresarial disponen de más capacidad para diseñar proyectos competitivos, acceder a convocatorias complejas y liderar consorcios. Cuentan además con ecosistemas más desarrollados, mejores conexiones entre universidades y empresas y una mayor experiencia en la gestión de los europeos. A ello se suma el conocido «efecto sede», por el cual muchas ayudas se asignan donde se ubican las matrices empresariales, aunque la actividad se desarrolle parcialmente en otros territorios.
El resultado de este conjunto de factores es que pequeñas diferencias iniciales terminan produciendo efectos acumulativos significativos. Las inversiones vinculadas a sectores innovadores generan retornos superiores y activan dinámicas de crecimiento sostenido. Allí donde se concentran estos proyectos surgen nuevas empresas, aumenta la innovación y se atrae capital privado adicional. Por el contrario, los territorios que quedan al margen avanzan a un ritmo más lento y tienen más dificultades para integrarse en estos circuitos.
Desde esa perspectiva, los fondos Next Generation han funcionado con mayor eficacia como instrumento de modernización general que como herramienta de convergencia territorial. Han acelerado procesos de transformación allí donde ya existían capacidades para aprovecharlos, pero han mostrado una capacidad mucho más limitada para modificar las jerarquías económicas preexistentes.
En ese sentido, Aragón emerge como uno de los grandes beneficiarios relativos del nuevo ciclo inversor. Castilla-La Mancha ocupa una posición intermedia relativamente favorable. Extremadura, en cambio, corre el riesgo de reproducir un patrón histórico: participar en el reparto sin conseguir alterar significativamente su posición relativa.
La cuestión crucial no es cuánto dinero ha llegado a Extremadura, que ha llegado menos por habitante que a las regiones citadas, sino si ese dinero está contribuyendo a construir los sectores que definirán la economía del futuro. Porque en el siglo XXI las diferencias territoriales no se medirán únicamente por infraestructuras o gasto público, sino por la capacidad para integrarse en los grandes circuitos de innovación, tecnología y acciones estratégicas. Y es precisamente en ese terreno donde se dirime si los fondos europeos están sirviendo para cerrar brechas históricas o, simplemente, para consolidarlas bajo una apariencia de convergencia.
No quiisiera concluir sin hacer una referencia, ahora que están tan en boga, los Centros de Datos que, si bien no suelen recibir ayudas directas de los Next Generation por el mero hecho de construirse, sí pueden beneficiarse indirectamente a través de programas vinculados a la digitalización, la inteligencia artificial, la computación en la nube, la eficiencia energética o los proyectos estratégicos (PERTE). Esto significa que una parte importante de los recursos europeos destinados a la transformación digital acaba favoreciendo los ecosistemas tecnológicos capaces de albergar este tipo de infraestructuras. Conseucentemente, los territorios que cuentan con un tejido empresarial más desarrollado, una mayor capacidad institucional y una mejor integración en las cadenas tecnológicas parten con ventaja a la hora de captar inciativas de alto valor añadido.
Extremadura, habiendo sido pionera en el tema de los Data Centers, con la iniciativa de CCGreen para Cáceres (aún pendiente del suelo industrial), por cuestiones burocráticas ha perdido posiciones en los últimos años dirigiendo la financiación a servicios públicos e infraestructuras convencionales. Si bien, últimamente se han acelerado los procesos con los Centros de Datos como el de Nostrum Evergreen en Badajoz, ya iniciando las obras, y otros avanzando en Navalmoral de la Mata y Valdecaballeros. Mientras Aragón constituye un ejemplo paradigmático de esta dinámica meteórica. Logrando atraer grandes proyectos tecnológicos vinculados a centros de datos, energías renovables e inteligencia artificial, generando un potente efecto tractor sobre los recursos y el empleo cualificado.
El resultado es que, aunque Extremadura no queda excluida del reparto de recursos europeos, participa en menor medida de aquellos sectores que previsiblemente liderarán el crecimiento económico de las próximas décadas, reforzándose así el riesgo de divergencia territorial a medio y largo plazo.
Por ende, como tantas veces hemos reiterado, si Extremadura dispone de energía, suelo, recursos naturales y una posición geográfica cada vez más estratégica, parece claro que no necesita tutela del Estado, sino actuaciones realmente transformadoras que permitan convertir esas ventajas en tejido productivo, innovación y empleo. Si el gobierno central no redobla sus esfuerzos esta región seguirá reproduciendo un modelo de dependencia en el que genera recursos para otros territorios sin ni siquiera apropiarse de una parte proporcional del valor añadido que éstos producen. De lo contrario, la convergencia seguirá siendo un discurso fácil más que un escenario obligatorio.
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