Extremadura no está esperando un milagro, está esperando algo mucho más sencillo y, a la vez, más difícil: un gobierno. Tras el 21D, la región entró en un nuevo ciclo político que debía servir para “empezar el viaje nuevamente”, para retomar proyectos, presupuestos, prioridades. Sin embargo, lo que hoy domina la escena no es la política útil, sino la política performativa: mensajes cruzados en redes sociales, reproches estratégicos y un bloqueo que se alarga mientras el calendario institucional avanza sin contemplaciones.
El 10 de febrero no es una fecha simbólica: es un límite. Manuel Naharro, presidente de la Asamblea, debe proponer candidato o candidata a la Presidencia de la Junta, y todo apunta a que será María Guardiola. Lo llamativo no es eso —es lo previsible—, sino que pueda llegar sin un acuerdo cerrado de gobierno. Es decir, con el reloj corriendo y la región sin una mayoría sólida detrás del Ejecutivo que se pretende formar.
Aquí empieza la paradoja extremeña: todos saben que el único camino aritméticamente posible es PP + Vox, pero nadie quiere asumir del todo el coste político de recorrerlo. El PSOE, debilitado tras pasar de 28 a 18 escaños, ha sido claro: votará en contra. Así que el socio imprescindible es Vox. Y Vox, lejos de comportarse como un actor regional responsable, está jugando una partida nacional con las piezas extremeñas.
La estrategia de la formación de Santiago Abascal no se decide en Mérida, sino en función del calendario electoral de Aragón y Castilla y León. Es decir: Extremadura espera, mientras Vox calcula. Espera inversiones, presupuestos, planificación. Vox espera solo encuestas. Y en medio, una región entera convertida en variable secundaria de una táctica nacional.
Desde el punto de vista institucional, esto es grave. Porque el autogobierno no puede funcionar como una sucursal estratégica de intereses externos. Cuando una comunidad tiene que retrasar su Gobierno porque un partido teme “debilitar su mensaje” en otra campaña, lo que se debilita no es el mensaje: es la credibilidad del sistema.
Pero tampoco el Partido Popular sale indemne. El PP ganó, sí. Pero ganar no es gobernar. Y gobernar no es solo sumar votos: es construir estabilidad. Guardiola y su equipo han pasado semanas atrapados entre dos discursos incompatibles: el de la responsabilidad institucional y el del miedo a ceder demasiado a un socio incómodo y a la vez imprescindible. Resultado: una negociación sin relato claro y una sensación de improvisación que Vox ha aprovechado para marcar el ritmo.
El choque en redes sociales entre los portavoces de ambos partidos, Óscar Fernández y José Ángel Sánchez Juliá, es el síntoma más visible de todo esto. En lugar de negociación discreta, hay exhibición pública. En lugar de acuerdos, hay tuits. En lugar de política, hay marketing.
La región no está en pausa por falta de recursos, sino por exceso de cálculo
Que dos partidos que aspiran a gobernar Extremadura trasladen su pulso a las redes sociales no es comunicación: es reducción de la política a mero espectáculo. La ciudadanía no necesita ver a sus representantes compitiendo por el mejor zasca, sino resolviendo el mejor acuerdo.
Mientras tanto, Extremadura sigue sin Ejecutivo efectivo, sin presupuestos nuevos y con proyectos en suspenso. La región no está en pausa por falta de recursos, sino por exceso de cálculo.
Hay otro elemento inquietante: la normalización del bloqueo. Se habla con ligereza de alargar la investidura hasta marzo o abril, incluso de repetir elecciones, como si el coste no fuera real. Pero lo es: institucional, económico y social. Cada mes sin gobierno es un mes sin planificación, sin ejecución y sin avances.
Esta Extremadura nuestra no puede permitirse seguir esperando mientras sus representantes compiten por el control del relato. El viaje que debía comenzar tras el 21D sigue parado en el arcén, con el motor encendido y los políticos discutiendo a ver quién lleva el volante.
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