El desplante del vicepresidente Óscar Fernández Calle en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia y el posterior rifirrafe entre la ministra Sira Rego y la presidenta María Guardiola han vuelto a dejar al descubierto una cuestión que el Gobierno extremeño tendrá que resolver más pronto que tarde: la sensación de que bajo un mismo techo conviven dos familias. O, al menos, dos posiciones políticas perfectamente diferenciadas que no siempre encuentran un punto común cuando llega el momento de ejercer la responsabilidad institucional.
Que se hable con naturalidad del “vicepresidente de Vox” o del “consejero de Vox” demuestra hasta qué punto las costuras de la coalición continúan visibles. Fernández Calle es vicepresidente de la Junta de Extremadura y, como tal, representa a un Gobierno y a una comunidad autónoma, no únicamente a los votantes de su partido. Porque una cosa es hacer oposición, donde las posiciones ideológicas pueden llevarse hasta sus últimas consecuencias, y otra gobernar. Alcanzado el poder, la responsabilidad obliga a administrar también para quienes nunca depositaron una papeleta con tus siglas.
El episodio de Ceuta resulta especialmente significativo. Convertir el rechazo a las políticas migratorias del Gobierno central en una negativa prácticamente automática a cualquier iniciativa relacionada con la inmigración conduce a contradicciones difíciles de explicar. Una cosa es discrepar del reparto de menores entre comunidades y otra muy distinta rechazar que Ceuta reciba 25 millones de euros para atenderlos. Catorce autonomías (incluidas muchas del PP) respaldaron esa financiación; Extremadura, Aragón y Castilla y León quedaron fuera del acuerdo. Y las posteriores palabras de Guardiola dejan entrever que, al menos en este punto, el PP extremeño no parece encontrarse cómodo con la posición adoptada.
PP y Vox tendrán que perfilar su convivencia y asumir que gobernar exige algo más que trasladar al Consejo de Gobierno los frentes ideológicos de cada partido
Las costuras de un Gobierno no son únicamente un problema interno. Cuando empiezan a verse desde fuera se convierten inevitablemente en un espacio que la oposición tratará de aprovechar. PSOE y Unidas por Extremadura tienen ahí un frente evidente para erosionar al Ejecutivo, subrayando cada discrepancia y obligando a PP y Vox a explicar una y otra vez quién marca la posición de la Junta. En política, las diferencias entre socios pueden asumirse; lo que resulta mucho más difícil de gestionar es la apariencia de descoordinación. Si esa imagen se repite, la oposición ni siquiera necesitará abrir nuevas brechas: le bastará con ensanchar las que encuentre.
Las diferencias entre PP y Vox eran conocidas antes de formar Gobierno y seguirán existiendo. El reto ahora es otro: determinar hasta dónde llegan dentro del Ejecutivo. Extremadura necesita saber quién fija la posición de la Junta cuando los socios discrepan. PP y Vox tendrán que perfilar su convivencia y asumir que gobernar exige algo más que trasladar al Consejo de Gobierno los frentes ideológicos de cada partido. La estabilidad de la coalición dependerá de entender que los principios pueden mantenerse sin convertir cada discrepancia en una batalla. Gobernar obliga a elegir, pactar y, en ocasiones, ceder. Y, sobre todo, exige no perder de vista que por encima de las siglas está la responsabilidad asumida con todos los extremeños.
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