El cisne negro del 29N

La Trastienda

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01 de noviembre de 2026 a las 12:01h
Actualizado: 01 de noviembre de 2026 a las 12:14h

Hay semanas que cambian una campaña antes de que empiece. Esta ha sido una de ellas. Pero antes de cualquier consideración electoral están las 69 personas que han perdido la vida en Urda, los heridos y las familias que todavía afrontan la identificación y despedida de los suyos. Esa es la dimensión de lo ocurrido. Todo lo demás, incluida la suerte de un Gobierno, viene después.

En política se habla del cisne negro para describir un acontecimiento inesperado que altera los cálculos electorales. Los partidos preparan sus mensajes, estudian las debilidades del adversario y ensayan sus gestos. De pronto, algo desplaza todo cuanto habían previsto. Urda ha colocado al Gobierno ante una crisis cuya gravedad desborda cualquier estrategia de comunicación.

La campaña del 29N discurría por otros carriles. Pedro Sánchez buscaba una posición favorable en la parrilla de salida con una imagen amable, desenfadada y optimista: el candidato del amor y de la felicidad de la izquierda frente a la seriedad de la derecha y la rotundidad de Vox. Una propuesta pensada para movilizar a los propios y atraer a quienes todavía dudan.

Ese planteamiento ha quedado fuera de lugar. Los mensajes y los gestos que hace una semana podían funcionar hoy resultan difíciles de sostener. Cuando cambia el ánimo de un país, también cambia lo que sus ciudadanos están dispuestos a escuchar. Sánchez afronta una tarea más difícil que recuperar la iniciativa: convencer de que su Gobierno merece conservar la confianza.

Y en el centro de esa dificultad está Óscar Puente.

La responsabilidad judicial y la política tienen tiempos y exigencias diferentes. La investigación deberá determinar qué ocurrió, qué falló y qué conductas pudieron contribuir al accidente. Exigir responsabilidades políticas no autoriza a anticipar sus conclusiones. Pero la espera de una resolución judicial tampoco puede servir de refugio para aplazar cualquier decisión sobre quienes dirigen un servicio público.

Con más de cien fallecidos en dos grandes accidentes ferroviarios en un mismo año, la continuidad del ministro exige una explicación que va más allá de su disposición a comparecer. Puente defiende que debe seguir para esclarecer lo sucedido y ofrecer soluciones. La cuestión es si conserva la autoridad y la confianza necesarias para hacerlo.

El ministro puso su cargo a disposición de Sánchez y este decidió mantenerlo. Dejar la continuidad en manos de quien le nombró no cierra el debate: Puente permanece con el respaldo del presidente y ambos comparten, desde ese momento, el coste político de esa decisión.

La disyuntiva del responsble último de los transportes públicos del país es incómoda. Marcharse se interpretaría como el reconocimiento de una responsabilidad política que sus adversarios llevarían inmediatamente al terreno electoral. Permanecer le expone a que parte de la ciudadanía vea su resistencia como una falta de sensibilidad ante la tragedia. Una dimisión no demuestra culpabilidad penal; seguir en el cargo tampoco acredita que se hayan asumido responsabilidades.

Sánchez ha optado por sostenerlo. Probablemente busca evitar que la salida de un ministro, a las puertas de las urnas, se convierta en la admisión de un fracaso del Gobierno. El riesgo es que esa decisión prolongue la crisis durante toda la campaña y convierta al presidente en destinatario de unas explicaciones que ya no podrá delegar.

Todavía no sabemos cuánto pesará Urda en el resultado del 29N. Dar por seguro un desastre del PSOE sería sustituir el análisis por una intuición o un deseo. Sí cabe prever una campaña condicionada por la tragedia, las novedades de la investigación y la respuesta del Ejecutivo. El margen para recuperar el relato anterior se ha convertido en una tarea imposible.

El problema alcanza también a la izquierda de la izquierda. Sus candidaturas tendrán que decidir hasta dónde acompañan al Gobierno, qué responsabilidades reclaman y cómo explican su posición a un electorado que también les exige respuestas. La indignación no sigue las instrucciones de los partidos ni garantiza que el voto perdido por uno termine en otro de su mismo bloque. Normalmente es al revés, genera trasbase hacia bloques contrapuestos.

Imagino a los estrategas de ambos bandos revisando sus planes. Unos, buscando cómo afrontar las elecciones bajo una presión extraordinaria. Otros, calculando hasta dónde apretar sin pasarse de frenada. Tampoco la oposición de Feijóo tiene asegurado el acierto: puede exigir explicaciones con firmeza y perder credibilidad si transmite impaciencia por convertir el duelo en una ventaja electoral.

Existe un riesgo evidente de que la campaña derive hacia el fango, las acusaciones sin demostrar y el insulto fácil. Un electorado dolido, indignado y preocupado por la seguridad de los trenes exige seriedad tanto a quienes gobiernan como a quienes aspiran a hacerlo.

El cisne negro ha roto el guion de las urnas. Todos los partidos afrontan ahora una campaña que ninguno había previsto. Tendrán que medir sus palabras y sus decisiones ante una ciudadanía que, después de esta semana, tampoco escuchará de la misma manera.

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Antonio Cid de Rivera
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