Es evidente que en el caso de Begoña Gómez no hay ciudadano en España que no tenga opinión propia. Opiniones casi siempre paralelas al color político de cada cual. Absuelta o condenada de antemano, sean cuáles sean las pruebas. Lo que suceda en la vista no dejará de ser el telón de fondo donde cada cuál encajará la decisión que traerá tomada de casa; antes incluso de ser nombrado miembro del jurado. Yo mismo tengo mi opinión sobre el asunto… ¿sería yo capaz de sobreponerme al peso de mis propia opinión a la hora de dictar veredicto?
Los habrá más firmes, más ecuánimes -más simples algunos- que crean que sí. Yo lo dudo también de todos ellos. Es el sempiterno problema que anida en todo jurado: su contaminación. No le tengo simpatía a la institución. A diferencia de quienes la consideran paradigma de la democratización de la justicia yo, más bien, la veo como una institución de filiación extranjera contraria al orden jurídico español. Contraria y, además, inferior.
El problema de la contaminación de un miembro del jurado o, incluso, de todos ellos, está siempre presente. Es más, en un caso como el que nos ocupa no hay modo eficaz para combatirla; de nada valdrán las advertencias del juez por severas que éstas sean ni las recusaciones que, por supuesto, las habrá. Y una vez perdida la imparcialidad, el derecho a un proceso judicial justo decae sin remedio. Me temo que la política sobrepujará a la justicia. Alguno dirá que también los jueces tienen eso que ahora se ha dado en llamar sesgo. Sesgo político. Sesgo de cualquier otro tipo. No deja de ser cierto, pero un juez acaba sometiendo sus propias opiniones a la letra de la ley, a los cauces procesales y, quizá lo que aquí es más importante, al sentido del deber. Los más. Yo, de ser juzgado preferiría someterme a un juez y no a un jurado. Yo que no soy nadie. Habrá otros que por las circunstancias de sus delitos y de sus personas prefieran un jurado. ¿Begoña? Conociendo su tendencia al lado oscuro -la suya y la de su marido- me temo lo peor, o sea, el enredo político en grado extremo. ¿En qué medida serán capaces de colocar a sus partidarios en el tribunal? Esa va a ser la batalla; jurídica sí, en parte, pero sobre todo política.
Se lo he dicho en otras ocasiones y se lo repito ahora: no es algo que aplauda ni que me agrade, antes bien al contrario, es algo que deploro, pero en la ciénaga de la política no deja de haber un espacio, una rendija, al divertimento; va a ser un espectáculo entretenidísimo contemplar las maniobras del Gobierno para vapulear a los jueces que osen aplicarles las leyes y para mangonear las oficinas judiciales. Si a todo lo anterior sumamos las elecciones que en los próximos meses nos asolarán esto no deja de ser un caso para el inefable Iván Redondo y sus sabuesos. Tomen asiento.
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