EDITORIAL
La prórroga hasta 2030 responde a razones de seguridad energética, viabilidad y peso económico. La decisión rompe por primera vez el calendario de cierre y deja abierto un debate mucho más importante: qué hacer después
El Gobierno ha decidido prolongar la vida de la Central Nuclear de Almaraz hasta junio de 2030. Lo ha hecho de una manera poco habitual para una decisión de semejante trascendencia: en agosto, a través del BOE y sin grandes anuncios.
La forma puede resultar llamativa, pero lo verdaderamente importante está en el fondo. Por primera vez se modifica un calendario de cierre nuclear que durante años había sido presentado como prácticamente inamovible.
Almaraz debía iniciar su despedida en 2027 y culminarla en 2028. Ya no será así.
La decisión adoptada permite ganar tiempo y, sobre todo, adaptar la política energética a una realidad que ha cambiado considerablemente desde que se diseñó aquel calendario.
El escenario internacional es diferente, la seguridad energética ha recuperado protagonismo y Europa ha reconsiderado en buena medida el papel que puede desempeñar la energía nuclear en la transición hacia un modelo descarbonizado.
A ello se suma un elemento fundamental: el Consejo de Seguridad Nuclear ha avalado que Almaraz reúne las condiciones necesarias para continuar funcionando durante el periodo autorizado.
También las empresas propietarias han defendido que la central se encuentra preparada técnica y económicamente para seguir operando.
Y Extremadura lleva años poniendo sobre la mesa una tercera dimensión que no puede ignorarse: el enorme impacto económico, laboral y territorial de Almaraz.
Estamos hablando de una instalación que aporta más del 7% de la electricidad consumida en España y alrededor de la cual trabajan miles de personas, directa o indirectamente.
La prórroga hasta 2030 parece una decisión razonable y difícilmente puede entenderse como un simple aplazamiento administrativo
Con estos elementos sobre la mesa, la prórroga hasta 2030 parece una decisión razonable y difícilmente puede entenderse como un simple aplazamiento administrativo.
Tiene una consecuencia política mucho mayor.
El calendario nuclear español ha dejado de ser intocable. Eso no significa que Almaraz vaya a continuar indefinidamente, ni permite anticipar cuál será la decisión que corresponda adoptar dentro de cuatro años.Pero sí establece algo importante: las fechas pueden revisarse cuando las circunstancias energéticas, económicas y técnicas aconsejan hacerlo.
Y ahí comienza realmente el debate interesante.
Porque llegar hasta 2030 es relativamente sencillo comparado con decidir qué sucederá después.
Una nueva ampliación obligaría probablemente a abordar una revisión más profunda de la política energética del Gobierno y del calendario de cierre del conjunto del parque nuclear español. Será entonces cuando haya que valorar cómo ha evolucionado el sistema eléctrico, qué capacidad de almacenamiento existe, cuál es el peso real alcanzado por las renovables y qué necesidades de generación estable mantiene España.
También habrá que preguntarse qué alternativa económica existe para el Campo Arañuelo si finalmente llega el cierre.
La transición energética no debería construirse alrededor de fechas convertidas en dogmas, sino mediante decisiones que puedan revisarse a la luz de la seguridad, la tecnología, los costes y las necesidades del país.
El Gobierno no ha renunciado formalmente a su política nuclear, pero ha aceptado introducir una excepción relevante
Almaraz ha demostrado precisamente eso. El Gobierno no ha renunciado formalmente a su política nuclear, pero ha aceptado introducir una excepción relevante cuando las circunstancias lo han aconsejado.
Es un cambio que conviene no exagerar, pero tampoco minimizar.
La prórroga hasta 2030 no resuelve el futuro de Almaraz. Lo que hace es evitar cerrarlo antes de tiempo.
Y quizá esa sea la consecuencia más importante de la decisión adoptada: después de años hablando de cuándo debía cerrar la central, desde hoy vuelve a ser posible hablar de cuánto tiempo puede seguir abierta.
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