Durante muchos años, las campañas electorales se ganaban en los mítines, en los debates televisados o en las páginas de los periódicos. Después llegaron las redes sociales y comenzamos a decir que las elecciones también se disputaban en internet. Hoy esa idea se ha quedado corta. En el nuevo escenario político, los dirigentes convertidos en influencers —capaces de generar visibilidad, conversación y comunidad en las redes— cotizan al alza, y el número de seguidores empieza a pesar más que la solidez de los avales a la hora de ascender dentro de una formación política.
Hemos empezado a bailar al ritmo del algoritmo. Las elecciones que aparentemente se disputan en las redes sociales, realmente se deciden dentro de sistemas automáticos que deciden qué vemos, con qué frecuencia y en qué momento llega cada mensaje hasta nosotros.
En España se han celebrado varias elecciones generales desde que las redes sociales se convirtieron en un espacio muy relevante de la competición política. En 2015, el algoritmo era un intermediario poderoso de la campaña. En 2027 puede convertirse en su director invisible: seleccionará al público, adaptará el mensaje y medirá su efecto casi en tiempo real.
El algoritmo no vota ni decide por sí solo. Lo que hace es seleccionar qué mensajes vemos, con qué frecuencia y en qué contexto emocional. Eso puede amplificar a determinados candidatos, reforzar prejuicios, polarizar el debate y convertir la atención en una ventaja electoral.
A eso podríamos llamarlo algoritmo político. No porque el algoritmo tenga ideología, programa electoral o derecho a voto. Tampoco porque una máquina haya sustituido a los partidos. El algoritmo es político porque interviene en la distribución de la visibilidad. Decide qué mensajes circulan con facilidad y cuáles quedan enterrados. Premia determinados formatos, acelera algunos debates y convierte otros en irrelevantes. En una sociedad saturada de información, controlar la atención es una forma de poder.
Conviene no caer en una explicación demasiado cómoda. El algoritmo no es un ser autónomo que conspira contra una formación política u otra desde una habitación oscura. Ha sido diseñado por empresas, responde a modelos de negocio y busca mantenernos conectados el mayor tiempo posible. Su lógica principal no es democrática ni antidemocrática: es económica.
Las plataformas saben que la indignación retiene, que el miedo moviliza y que el conflicto genera más interacción que la duda. Una explicación compleja exige tiempo; una acusación simple puede compartirse en segundos. Un argumento lleno de matices tiene dificultades para competir con una consigna rotunda. Por eso, los mensajes más visibles no siempre son los más rigurosos, sino los que provocan una reacción inmediata. No gana necesariamente quien explica mejor, sino quien consigue activar con mayor eficacia una emoción.
Este cambio tiene consecuencias profundas. La primera es la fragmentación del espacio público. Antes, con todos sus defectos, buena parte de la ciudadanía compartía unas referencias informativas comunes. Hoy, cada persona recibe una secuencia distinta de noticias, opiniones y anuncios. Dos vecinos pueden vivir en el mismo bloque y habitar realidades políticas completamente diferentes.
La segunda consecuencia es la opacidad. Sabemos que el contenido que vemos ha sido seleccionado, pero rara vez conocemos con claridad por qué. Ignoramos qué datos se han utilizado, qué comportamientos han sido interpretados y qué intereses económicos están detrás de cada recomendación. La persuasión política siempre ha existido. La novedad es que ahora puede ser personalizada, invisible y difícil de fiscalizar.
La tercera consecuencia afecta a los propios partidos. Las redes les permiten dirigirse directamente a sus seguidores, sin periodistas que pregunten, contrasten o señalen contradicciones. Esta comunicación directa puede parecer más democrática, pero también reduce los controles. El político deja de rendir cuentas ante un espacio común y comienza a producir mensajes distintos para públicos diferentes.
Sin embargo, sería un error atribuir al algoritmo un poder absoluto. Las personas no somos marionetas digitales. Votamos también desde nuestra experiencia, nuestra situación económica, nuestros vínculos, nuestros miedos y nuestras expectativas. Los algoritmos no inventan todos los conflictos, pero sí pueden intensificarlos. No crean por sí solos la desconfianza, pero saben aprovecharla. No fabrican desde cero la polarización, aunque pueden convertirla en un negocio rentable.
El verdadero peligro no consiste en que una máquina decida nuestro voto de manera directa. Consiste en que determine, poco a poco, el paisaje dentro del cual tomamos esa decisión: qué problemas parecen urgentes, qué candidatos aparecen como viables, qué grupos son presentados como peligrosos y qué asuntos desaparecen de nuestra pantalla y, con ellos, de nuestra preocupación.
Quizá las próximas elecciones no las gane literalmente un algoritmo. Pero será difícil ganarlas sin comprenderlo, alimentarlo o pagar por su atención. Esa es la cuestión política de fondo: no quién controla una cuenta en una red social, sino quién controla las condiciones emocionales en las que una sociedad ve, piensa y decide.
El algoritmo político ya existe. Lo que todavía está por decidir es si seguirá operando como un poder invisible o si seremos capaces de someterlo a reglas democráticas.
No sabemos si una plataforma penalizaría de manera invisible a cualquier formación política que amenazara su poder. Lo preocupante es que tiene la capacidad para hacerlo, motivos para intentarlo y muy poca obligación de demostrar que no lo hace.
Los medios tradicionales decidían la portada; el algoritmo puede decidir una portada distinta para cada ciudadano y no rendir cuentas a nadie. El sesgo de un medio podía discutirse públicamente; el criterio algorítmico suele ser invisible y cambiante.
Es el algoritmo el que elige al alcalde, pero ¿es el alcalde el que quiere que sea el algoritmo el que elija al alcalde?
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