Extremadura lleva medio siglo produciendo energía para que la consuman otros. Los embalses del Tajo anegaron pueblos enteros para alimentar a Madrid. Almaraz se levantó en el Campo Arañuelo entre 1972 y 1983, con una oposición social considerable, y hoy la defiende todo el mundo. Después llegó la fotovoltaica: somos una de las comunidades que más electricidad limpia exporta al resto de España. Y en todo ese tiempo, la industria —la de verdad, la que emplea y tributa— siempre acabó instalándose en otro sitio.
Es el agravio fundacional de esta tierra, y lo hemos repetido en cada tribuna disponible: producimos y no consumimos. Ponemos el territorio, el agua y el paisaje, y el valor añadido se lo lleva quien está al final del cable.
Pues bien: por primera vez en cincuenta años llega una industria que no puede elegir. Los centros de datos de inteligencia artificial tienen que instalarse donde hay energía abundante, barata y con capacidad de red. No pueden llevarse la fábrica a Cataluña y dejarnos los paneles. Y justo ahora, cuando por fin viene el consumo detrás de la generación, hemos abierto un debate sobre si conviene dejarlo entrar.
Merece la pena tomarse en serio las objeciones, porque algunas son razonables. Otras no.
El empleo. Es cierto que un centro de datos no es una fábrica de automóviles. En explotación emplea a menos gente por euro invertido que una central nuclear: Almaraz declara más de cuatro mil empleos directos e indirectos, y ningún campus de datos se acerca a esa cifra. Pero la comparación honesta no es contra Almaraz, sino contra la alternativa real, que en la mayoría de estos emplazamientos es dehesa sin uso y despoblación. Y hay tres partidas que se despachan demasiado rápido. La primera es la construcción. Un campus de esta escala no se levanta en una temporada: son seis años de obra ininterrumpida, por fases, movilizando de forma sostenida a cientos de personas en obra civil, media tensión, climatización y montaje electromecánico. Oficios que aquí existen y que hoy emigran. Seis años son media carrera profesional: tiempo suficiente para que se formen cuadrillas, se asienten proveedores locales y se cree escuela.
La segunda es la recaudación. El ICIO y el IBI de una inversión de esta magnitud transforman el presupuesto de un municipio pequeño de una manera que ninguna otra actividad puede igualar.
La tercera es la que más me importa a largo plazo: el efecto tractor. La capacidad de cómputo atrae a quien la usa. Las empresas de aplicaciones de inteligencia artificial buscan proximidad a la infraestructura, latencias bajas y un ecosistema técnico alrededor. No es automático, y sería deshonesto venderlo como si lo fuera: depende de que la comunidad acompañe con formación profesional, universidad y suelo terciario. Pero es la única vía realista que tiene Extremadura para dejar de exportar electrones y empezar a retener conocimiento.
Seguimos evaluando el éxito industrial por el número de operarios, que es el criterio de 1975. Ningún país avanzado juzga así una fábrica de semiconductores
Conviene, además, revisar la vara de medir. Seguimos evaluando el éxito industrial por el número de operarios, que es el criterio de 1975. Ningún país avanzado juzga así una fábrica de semiconductores, un centro de I+D o una planta automatizada: los mide por valor añadido, por cualificación exigida y por lo que arrastran a su alrededor. No se trata de que el trabajo manual valga menos —los seis años de obra son empleo real y bien pagado, y lo he defendido dos párrafos más arriba—, sino de que la pregunta pertinente para Extremadura ya no es cuántos peones habrá, sino cuántos de nuestros ingenieros dejarán de hacer la maleta. La despoblación de esta tierra nunca la causó la falta de empleo no cualificado. La causó la falta del otro.
El agua. Aquí conviene ser precisos, porque la crítica está justificada en abstracto y es evitable en concreto. Un centro de datos refrigerado por evaporación consume agua en cantidades relevantes. Uno refrigerado en circuito cerrado con aerorrefrigeradores no consume prácticamente ninguna: el agua circula y se recupera. La diferencia no es de tecnología disponible, es de decisión de diseño. Extremadura tiene todo el derecho a exigir la segunda opción como condición de licencia y ninguna razón para renunciar al proyecto entero por un problema que se resuelve en la fase de ingeniería básica.
La red. Esta es la objeción que casi nadie plantea y que sí debería preocuparnos. El pasado 22 de julio, una falta en una línea del norte de Virginia provocó que unos tres gigavatios de carga de centros de datos se desconectaran simultáneamente, generando una perturbación de tensión perceptible a cientos de kilómetros. No es la primera vez: en julio de 2024 un episodio idéntico dejó al sistema con mil quinientos megavatios de carga desaparecidos en ochenta segundos. Los sistemas de protección de estas instalaciones están diseñados para salvar los servidores, no para sostener la red.
Digo esto siendo parte interesada, y precisamente por eso. Los códigos de red han tratado históricamente a las grandes cargas como elementos pasivos, sin obligación de aguantar un hueco de tensión. Eso ya está cambiando: los operadores de Francia, Irlanda, Dinamarca y Texas están imponiendo requisitos de soporte a las cargas grandes. Un centro de datos con baterías operando en modo formador de red no solo aguanta el hueco: inyecta reactiva y ayuda a recuperar la tensión. Es el único tipo de gran consumidor que puede hacerlo.
Pero eso no ocurre por generación espontánea. Ocurre si se exige en el permiso de acceso. La conclusión correcta del episodio de Virginia no es "que no vengan", sino "que vengan con obligación de soporte dinámico", que es exactamente lo que un sistema como el nuestro, catorce meses después del 28 de abril, tiene todo el derecho a reclamar.
Entre enero y junio de este año, España ha vertido 2,5 teravatios hora de generación renovable que la red no pudo absorber
Y queda el argumento que rara vez se menciona. Entre enero y junio de este año, España ha vertido 2,5 teravatios hora de generación renovable que la red no pudo absorber: un cincuenta por ciento más que en todo 2024, con un récord de 1,2 teravatios hora solo en junio. Energía limpia, ya generada, tirada. Buena parte de ella producida aquí, en paneles instalados en nuestro suelo, que sus promotores no cobran y que nuestros vecinos no aprovechan. Una demanda industrial de varios cientos de megavatios funcionando las veinticuatro horas junto a los puntos de generación es, hoy por hoy, el remedio más directo contra ese desperdicio.
De modo que el debate real no es si queremos centros de datos. Es con qué condiciones: refrigeración seca, soporte dinámico de red, compromiso fiscal local y contratación de proveedores regionales. Esas condiciones se negocian desde la posición de quien tiene lo que el otro necesita, y por una vez en la historia esa posición es la nuestra.
Decir que no, en cambio, no evita que se construyan. Solo garantiza que se construyan en Aragón.
* El autor es accionista minoritario de IREN y promotor de infraestructura de centros de datos, incluida la provincia de Badajoz.
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