A los portugueses les están sometiendo desde esta semana al mismo martirio que sufrimos los españoles durante la década anterior, hasta que se publicó la Ley 21/2021 de 28 de diciembre, que garantiza el poder adquisitivo de las pensiones. Una comisión de expertos, presidida por Jorge Bravo, auditor de cuentas, examinó la Caja General de Aportaciones y la Seguridad Social, llegando a la conclusión de que el Estado soporta un agujero de 1’9 mil millones de euros, según el saldo negativo de 2025 y sus proyecciones para 2042 avanzan que el déficit podría llegar a quince mil millones. Bravo derriba la idea generalizada de que existía un superávit de 6’7 millones: “Un truco contable -para el Bloque de Izquierdas, comunistas y socialistas- donde los autores del informe proponen abrir el camino de la privatización en las partes importantes del sistema público”. El único diputado del Bloque, Fabián Figueredo, afirmó que “la Seguridad Social portuguesa nunca estuvo tan sólida” y señaló que se hubiese difundido en agosto, con seis meses de retraso “una contabilidad creativa que pretende asustar al país, que tortura los números para defender las cuentas individualizadas”.
El diputado socialista, Miguel Cabrita, sostiene que “el documento busca crear una imagen de insostenibilidad de la Seguridad Social pública para justificar una transferencia creciente del ahorro de los trabajadores al sector privado; defiende un cambio estructural en el modelo de protección social, con mayor peso en los fondos privados de pensiones”. Los socialistas defienden sistemas complementarios de ahorro desde una decisión individual: “No aceptamos el automatismo” -señaló Cabrita, quien se niega a que el Fondo de Reserva (de Estabilización Financiera, en Portugal) de la Seguridad Social soporte las obligaciones en las aportaciones de Estado, a través de los impuestos. Los liberales, por contra, repiten que el sistema “no es sostenible con el diseño actual, una ilusión que los sucesivos gobiernos presentaban como excedentes”. Defienden desde ya la inscripción automática de los jóvenes a una cuenta de ahorro individual, deshaciendo cualquier nexo de solidaridad íntergeneracional, que arrastra desde el salazarismo. Y enfrentan -como en España- a funcionarios contra el sector privado, con los autónomos, para justificar así una bajada masiva de impuestos: “Ninguno quedará satisfecho si el Gobierno no aprovecha esta oportunidad”, aconsejan.
El Gobierno se limita a calificar el estudio como “un claro conflicto de intereses”. La ministra Palma Ramalho recordaba el sólido bagaje de Jorge Bravo quien, desde 2015, mantiene que el sistema conduce a un agujero antes que a un excedente. La ultraderecha Chega exige conocer cuántas pensiones sobrepasan los cinco, ocho y hasta quince mil euros, y si se pagan a través de suplementos, en su guerra particular contra las pensiones vitalicias que ex parlamentarios y ministros mantienen, pese a su eliminación hace una década, como derecho así reconocido por el Tribunal Constitucional. André Ventura disparó contra el antiguo responsable de Salud, António Correia de Campos y a la Fiscalía General de la República le exigió una investigación dada la urgencia. De cumplirse el cálculo de Jorge Bravo, el déficit supondría el 4’4% del PIB real en 2042, que encendió las alarmas en el Tribunal luso de Cuentas.
El líder del Partido Socialista, José Luis Carneiro, ya ha amenazado al Gobierno de que tumbarán el presupuesto para el próximo año, si el Presidente Luis Montenegro no les garantiza la viabilidad de las pensiones presentes y futuras, apoyado en los peritos de Bruselas que alejan escenarios dramáticos. Hay expertos que proponen desgravar más de un 8% para planes de pensiones privados; y hay quienes, como en España, proponen aumentos iguales para todas las pensiones según el mismo nivel que la inflación. El Presidente de la Confederación de Turismo de Portugal, Francisco Calheiros, aprovechó su invitación a la Universidad de Verano que este año organizaron los conservadores del PSD en Castelo da Vide (Portalegre) para estremecer a los más jóvenes sobre las pensiones en el futuro: Los trabajadores se jubilarán en Portugal con una pensión del 82’8% líquidos que se reducirán al 70’3% en 2065, según los cálculos del informe.
Batalla ideológica: Pensiones entre todos o que se las avíe cada uno
En Portugal, la prestación por el retiro no sube automáticamente según el IPC como aquí. Para este año, las comprendidas entre 1.074 y 3.222 € lo harán en un 2’27%. El salario mínimo, establecido en 1.073. En España, 1.221 en 14 pagas. Ambas economías han cerrado la inflación anual por encima del 3% (2’8% subyacente). Una habitación para un estudiante en Lisboa ronda los 500€ al mes. En España, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social contaba con 15.267 millones de euros en marzo de este año. Llegó a acumular 66.815 millones (el 6´5% del PIB) en la primera década de este siglo. Durante los gobiernos de Mariano Rajoy, que coincidieron con la crisis que le llevó a cinco millones de parados y sólo 15´5 millones de afiliados al sistema, el fondo se redujo a poco más de 2.150 millones de euros. El Gobierno español, como ocurre ahora en Lisboa, abrió varios foros de debate y análisis acerca de pensiones y sostenibilidad del sistema, con subidas anuales ridículas del 0’25% y la inflación muy por encima, que se cerraría con el cambio de gobierno y la puesta en marcha del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). Prevé una recuperación total a largo plazo a través de las aportaciones y rendimientos de la propia inversión en deuda pública.
Este mes, el gasto de las pensiones en España aumentó un 6’2% respecto al año pasado: 14.470 millones de €, con una revalorización para 2026 del 2’7% y una pensión media en el país de 1.575€ al mes, un aumento del 4´5%. En el caso de Extremadura se eleva al 5’74% pese a una media más baja, de 1.173’7 € para un total de 249.697 pensionistas. España goza de una afiliación histórica, respecto a aquellos años oscuros de la pasada década: 22’5 millones de cotizaciones y un paro de 2’31 millones de personas. Pese a ello, tampoco en España faltan escenarios que ponen en duda la idoneidad del sistema. El Instituto Valenciano de Estudios Económicos y la Fundación BBVA a finales de 2025 se atrevieron a afirmar que los jubilados españoles eran un 6’4% más ricos que los europeos y les enfrentaba a los menores de 65 años que -según ambas entidades- eran más pobres que en Europa, proponiendo acabar con revalorizaciones según el IPC.
El ex ministro del PSD Silva Peneda ya ha asegurado en el Parlamento portugués que el informe sobre las pensiones “obliga a un debate” en un país donde tanto la sanidad como los seguros privados van ganado terreno entre la clase media frente al deterioro de los servicios públicos. La serpiente de la xenofobia recorre Europa, pese a que coincidan que sin la mano de obra inmigrante, y sus hijos, el envejecido continente pierde peso. Un ataque a principios de la justicia social, que aceptaba la democracia cristiana como una obligación de Estado hasta ahora. En Lisboa se ha constituido el “Instituto Progresso”, un nuevo think-tank, presidido por el socialista Miguel Costa Matos, y con la participación de Mário Centeno, Duarte Cordeiro, Isaltino Moráis (Alcalde de Oeiras) y dirigentes de Livre (el gemelo a Sumar) con la idea de agrupar a quienes llevaron a António José Seguro a la Presidencia de la Republica. El Bloco de Esquerdas se negó. La batalla ideológica se está armando ya en Lisboa, a tres años los próximos comicios, salvo desastre gubernamental. Y los intereses contrapuestos parecen iguales que en Madrid, Barcelona o París, donde también proponen limitar las pensiones máximas, que de eso se encarguen las empresas; si puedes pagarla, claro.
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