El demorado y esperado acuerdo de gobierno entre el PP y Vox para Extremadura merece un análisis desde una perspectiva académica, dado que va a ser un referente para el resto de acuerdos en comunidades como Aragón y Castilla y León. El caso de Andalucía, en cambio, dependerá de los resultados de los comicios que se celebrarán dentro de un mes.
El pacto de Extremadura lo percibo más como un giro de carácter programático y de enfoque que como una transformación total administrativa o jurídica, pues algunas de las materias abordadas dependen, además, de competencias de escala superior, nacional o europea.
En cualquier caso, sí se aprecia un cambio notable en la estrategia política respecto a etapas precedentes, aunque sin que ello suponga una alteración del modelo institucional. A mi entender, se trata de un viraje programático y de perspectiva que, en muchos aspectos, pretende corregir el estancamiento burocrático que todos sufrimos y que consume recursos, tiempo y dinero.
También observo una mayor concreción de prioridades. Durante mucho tiempo en Extremadura hemos estado más sometidos al albur de ocurrencias y de corrientes “modernas” poco consolidadas y de impacto social escaso o nulo. La introducción de plazos, una orientación explícita hacia la simplificación normativa, la eficiencia del gasto y la revisión del marco regulatorio existente me parecen elementos plausibles frente a décadas de expansión de políticas públicas y ocupación de espacios que quizá deberían permanecer en el ámbito privado para favorecer una estructura más competitiva y menos dependiente de la administración.
Ahora bien, desde una perspectiva técnica, el documento es criticable por su ambigüedad competencial. No debemos olvidar que, en ámbitos como el medio ambiente, la energía o la relación con la normativa europea, el margen de actuación autonómico es limitado, como es lógico en un Estado descentralizado e integrado en la UE.
Asimismo, la alianza de gobierno, adolece de una escasa evaluación económica y regulatoria previa, si bien esto puede abordarse a partir de la toma de posesión de los nuevos responsables del ejecutivo, junto con la determinación detallada de mecanismos de seguimiento y cumplimiento que conviertan el acuerdo en una herramienta de gobernanza evaluable y adaptable a las nuevas circunstancias que vayan surgiendo durante la legislatura.
Incidiendo en algunos aspectos del acuerdo se constata una orientación productiva y realista, al referirse a dos cuestiones estructurales para Extremadura: la continuidad de la central nuclear y el desarrollo del regadío de Tierra de Barros. Ambas tienen un impacto directo en empleo, renta, competitividad agraria y estabilidad territorial. En el supuesto de la central de Almaraz, más allá de debates ideológicos, se trata de una infraestructura con efectos evidentes sobre el suministro energético, la seguridad del sistema (ya lo hemos comprobado en el gran apagón de España) y la economía regional, cuyo tratamiento requiere rigor técnico, planificación y diálogo dadas las competencias estatales y europeas en la materia.
En cuanto al regadío de Tierra de Barros, aunque viene de largo, su inclusión conecta con una visión de política agraria orientada a la productividad, al valor añadido y a la fijación de población en el medio rural. No obstante, su viabilidad exige una actualización desde el punto de vista económico y jurídico, para su compatibilidad con la normativa europea, pues el recurso hídrico, al que culpaban de todo, está garantizado para el futuro, salvo algún episodio eventual de larga sequía, como para el resto del regadío tradicional de las Vegas del Guadiana.
En ambos casos, el acierto del acuerdo no radicará tanto en la declaración política como en la capacidad posterior para traducir estos objetivos en proyectos técnicamente solventes, evaluables y compatibles con el marco competencial existente.
En lo relativo a las ayudas públicas, incluida la vivienda de promoción social, que es el que parece que más cuestionable, si se lee con atención el texto, se observa que se ha evitado introducir criterios de nacionalidad, lo cual es correcto. Lo que se prioriza es el grado de arraigo en el territorio, no se habla de procedencia porque eso sí sería discriminatorio. Este criterio (basado en la residencia efectiva y la vinculación con Extremadura, independientemente de donde se haya nacido) me parece legítimo, habitual en políticas comparadas con otros países y razonable, siempre que se aplique como regla de prioridad y no de exclusión. El eventual beneficio diferencial hacia nacionales sería indirecto, no normativo.
La inmigración es necesaria, pero debe ser ordenada y regulada para facilitar la integración y evitar dinámicas de exclusión y conflicto
En cuanto al uso del burka, me parece una posición marcada por la sensatez, máxime, teniendo en cuenta que está prohibido en diversos países de Europa (Suiza, Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Austria, Portugal, Francia, etc.).
La inmigración es necesaria, pero debe ser ordenada y regulada para facilitar la integración y evitar dinámicas de exclusión y conflicto. Lo digo como hijo de emigrante, no de "migrante" (sólo cuando alguien está en tránsito). Quede claro el concepto, quien se establece en otro país, procedente de fuera de la UE, para trabajar, vivir y compartir es un inmigrante, sin connotaciones peyorativas. Y todos los inmigrantes deben tener las mismas oportunidades cuando han venido con intención de prosperar y de integrarse social y culturalmente.
Por último, he analizado el acuerdo como documento firmado, sin entrar en consideraciones ideológicas, dado que ambos grupos representan en este momento a una mayoría significativa del electorado extremeño (61% de los votos emitidos).
Otra cuestión distinta serán los posibles desencuentros, personalismos o incumplimientos que pudieran dar al traste con el pacto. Eso sí sería criticable, pues la falta de compromiso político genera fallos institucionales y erosiona la previsibilidad de la acción pública, debilitando también futuros acuerdos entre distintos actores. A mi entender, los pactos deben cumplirse de forma leal y estable durante la legislatura, pues esa buena fe es la que otorga credibilidad institucional a todos los partidos, en todas las escalas de la administración del Estado.
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