El Ayuntamiento de Mérida y las entidades locales han reclamado el refuerzo de los medios de la Guardia Civil para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. La petición figura en una declaración institucional aprobada en el pleno municipal a propuesta de Vox, y que fue leída este jueves, 18 de junio, por el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna.
La medida, suscrita por todos los grupos políticos representados en el consistorio, pide más recursos, seguridad jurídica, amparo legal y capacidad operativa para el cuerpo. Según explicó Osuna en la sesión, la Guardia Civil ha demostrado a lo largo de su trayectoria "un amor y entrega sin límites al servicio de España".
El texto también alude a lo ocurrido en la mañana del 8 de mayo de 2026, en torno a las 11.00 horas, cuando dos embarcaciones del Servicio Marítimo Provincial de la Comandancia de Huelva iniciaron una persecución en alta mar contra una narcolancha que terminó con la muerte de un capitán y un guardia civil, y con un tercer agente herido.
"Una actuación que evidencia la extraordinaria peligrosidad de la labor de la Guardia Civil frente al narcotráfico, el contrabando y las organizaciones criminales que operan en este ámbito", añadió el alcalde durante la lectura de la declaración.
La propuesta denuncia la falta de medios suficientes para hacer frente a organizaciones criminales con recursos "más potentes, violentos y agresivos", y sostiene que la Guardia Civil debe contar con efectivos suficientes, vehículos, embarcaciones, equipos de protección, medios tecnológicos, sistemas de comunicación y recursos operativos adecuados a la gravedad de las amenazas.
Además, reclama que todas las unidades dispongan de material táctico y operativo, armamento reglamentario y la munición necesaria "para actuar con eficacia y seguridad", evitando que "los agentes se encuentren en inferioridad de medios frente a organizaciones criminales cada vez más violentas".
La declaración también solicita una reforma legal para dar cobertura jurídica a agentes de unidades especiales, de manera que reciban respaldo institucional y, cuando proceda, el reconocimiento público que merecen.
Asimismo, subraya la igualdad salarial entre los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, especialmente de la Guardia Civil, y otros cuerpos que desempeñan "funciones equivalentes", con el fin de "asegurar una retribución plena, estable y permanente acorde con la responsabilidad, peligrosidad y el sacrificio al servicio".
Política de cierre o abandono
Por otra parte, rechaza cualquier política de cierre o abandono de las casas-cuartel de la Guardia Civil en la España rural, al considerar que "han contribuido a fijar población, favorecer el arraigo de los agentes y sus familias y garantizar una presencia real y visible en los municipios".
"Es imprescindible conservar y dignificar las casas-cuartel necesarias para asegurar un alojamiento adecuado, proximidad institucional, capacidad operativa y una respuesta eficaz frente a la inseguridad, evitando que su cierre agrave la despoblación, la sensación de abandono y la pérdida de servicios esenciales en la España rural", añade el texto.
Finalmente, la declaración plantea un reconocimiento institucional al servicio de la Guardia Civil, con un homenaje a quienes han perdido la vida o han resultado heridos en acto de servicio, y al Servicio Marítimo del cuerpo por su labor en la lucha contra el narcotráfico.
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