El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha anunciado un plan de tres medidas para ofertar precios asequibles en la ciudad, fomentar la construcción de viviendas baratas y ayudar a las familias trabajadoras a pagar su alquiler. Es su respuesta política a la demanda que se ha despertado en las últimas semanas en la opinión pública.
Para abaratar los alquileres ha decidido crear una bolsa de mediación entre inquilinos y propietarios. Funcionará igual que una inmobiliaria. El Ayuntamiento atenderá a interesados que buscan un sitio donde vivir y les pedirá garantías de que pueden afrontar las rentas mensuales. Y en paralelo negociará con propietarios que tengan inmuebles para arrendar.
La gestión municipal se hará bajo una premisa: el alquiler se pondrá a un precio no especulativo y más barato de lo que estaría en el catálogo de cualquier inmobiliaria de la ciudad. A cambio, se compromete el gobierno local a pagar si deja de hacerlo el inquilino. De esta forma, al propietario se le ofrece alquilar con seguridad sabiendo que va percibir su renta, pero renunciará a especular.
La otra iniciativa pasa por abrir una nueva línea de ayudas al alquiler a familias trabajadoras. Falta por definir la cuantía, tramos y duración, pero la idea del alcalde es que cualquier trabajador con un sueldo medio en la ciudad pueda acogerse.
Y el tercer punto contempla también comprar suelo residencial de promociones fallidas en Mérida. Solares con canalizaciones de agua y suministros ya incluidos. El suelo se cederá a constructoras que quieran levantar allí viviendas a un precio tasado. Explica el alcalde que si las promotoras tienen el suelo gratis podrán construir y sacar las promociones al mercado a un precio más asequible.
Según su percepción, el encarecimiento de la vivienda viene por el aumento de costes de los materiales que ha provocado la guerra de Irán. Al poner suelo disponible, las promotoras ajustarán mejor sus costes y esa reducción de gastos se repercutirá en el abaratamiento. No detalló mucho más el alcalde sobre cómo será estos acuerdos con las constructoras, pero sí mostró su interés en empezar a comprar suelo como primera medida, para luego atraer a constructoras interesadas en construir viviendas baratas.
Incidir en la política de vivienda de la ciudad
Con estas medidas espera Osuna incidir directamente en la política de vivienda de la ciudad. Insiste en que la situación de Mérida poco tiene que ver con la especulación de grandes ciudades que capitalizan el debate estos días.
En Mérida se alquila ahora a 7,7 euros el metro cuadrado y la media nacional se sitúa en quince. La mitad prácticamente. Un piso tipo de 80 m² se arrienda por 616 euros mensuales y ese mismo inmueble usando la media nacional cuesta 1.200.
La venta se mueve en los 1.236 euros el metro cuadrado, mientras que a nivel nacional la referencia se va a 2.930. Usando el mismo ejemplo y siguiendo los datos que maneja el Ayuntamiento. En Mérida se puede comprar un piso de ochenta metros por menos de 99.000 euros, cuando las referencias nacionales lo llevan hasta los 230.000.
Estos datos le sirven al alcalde para insistir que Mérida está lejos del problema al que se enfrentan los vecinos de otras ciudades. Hasta tres veces dijo durante su comparecencia que no niega el problema porque siempre que haya una familia trabajadora en la ciudad que no pueda pagarse un sitio donde vivir es un problema real, pero pidió no generalizar.
Niega también la incidencia de los grandes propietarios y de los pisos turísticos. Para justificar lo primero aclaró que el 84% de los inmuebles de la ciudad pertenece a titulares con uno o dos unidades. Y para lo segundo comparó que hoy operan en la ciudad 270 pisos turísticos que ofrecen 1.112 plazas. Según sus estimaciones, no alcanzan ni al 1% del parque total. Sí reconoció que la mayoría operan en el centro de la ciudad, pero negó que hayan provocado un efecto expulsión de residentes.
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