La Audiencia Provincial de Badajoz es escenario de un juicio de gran relevancia política y judicial, centrado en la controvertida contratación de David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, en la Diputación de Badajoz en el año 2017. La acusación popular, ejercida por el partido Vox y representada por la abogada Marta Castro, ha puesto el foco en la presunta influencia política que, según su argumentación, habría permeado todo el proceso. Castro ha señalado directamente al presidente Pedro Sánchez, describiéndolo como "el fantasma que está en la sala", una figura que, a su juicio, trasciende la presencia del propio acusado.
Durante su informe final, la letrada de Vox enfatizó que "el fantasma de la ópera" no es el hermano del presidente, sino "don Pedro Sánchez Pérez-Castejón", sugiriendo una conexión directa con el impulso y las decisiones clave que, según la Unidad Central Operativa (UCO), se gestaron en la Diputación. Esta afirmación se apoya en el testimonio del teniente coronel Balas, quien "tajantemente" explicó en sala que el origen de la trama residía en la "capacidad política" y desde allí se extendió a todos los niveles necesarios para cumplir un objetivo claro: "crear un puesto a medida del máximo beneficiario David Sánchez, adaptarlo a sus preferencias profesionales y personales, incluyendo incluso una nueva contratación mediante un procedimiento similar".
Irregularidades en la contratación y el "traje a medida"
La abogada de Vox profundizó en la idea de que el procedimiento de contratación se activó "sin que hubiera justificación ni necesidad de ello y tampoco la urgencia necesaria, más que para acomodo del máximo beneficiario". Esta conclusión, plasmada en el escrito de acusación de Vox, se sustenta en "pruebas que son irrebatibles, porque no ha habido, principalmente, ninguna prueba de descargo que puedan desvirtuarla", y que además "son contundentes". Castro argumentó que, aunque los procedimientos se presenten como correctos, "obvian" que la legalidad exige el cumplimiento tanto del fondo como de la forma. En este caso, "aquí ha fallado todo" y el fondo "se encuentra viciado desde el principio, con lo que ya vicia el resto", afectando también la forma.
La letrada describió una "secuencia acreditada de autos" que revela una "decisión política anterior a cualquier estudio", seguida de una justificación funcional construida "a posteriori". La tramitación, "comprimida en un mes, en otros casos en 23 días", y las entrevistas calificadas en correos internos como un trámite "residual", junto con las transformaciones posteriores del puesto, configuran "una cadena de resoluciones que convirtieron el procedimiento administrativo en un mero instrumento de camuflaje" o un "traje a medida" para el beneficiario.
El papel de la Fiscalía y la UCO en el proceso
Un punto crucial de la intervención de Castro fue la ausencia de acusación por parte de la Fiscalía, un pilar fundamental en la búsqueda de la verdad judicial. "Tendría órdenes de sus superiores, que todos sabemos de quién depende, y que actualmente se le conoce por sus siglas PS, efectivamente, Pedro Sánchez", afirmó, recriminando que "ya no es porque tuviera un correo electrónico en su buzón que no contestó" o que "ante unas pruebas tan irrefutables como las que estamos analizando, fiscalía no acusó". Esta omisión, según Vox, subraya la presunta influencia política en el caso.
La investigación de la UCO fue calificada de "demoledora" por la letrada, quien afirmó que "los políticos que están sentados en el banquillo han sido, sin duda alguna, los que han arrastrado a los demás funcionarios". Además, destacó que Vox ha presentado una modificación de conclusiones provisionales, elevando la pena y manteniendo que los hechos no han sufrido alteración, sino que se han concretado con mayor precisión. La dificultad habitual en este tipo de delitos, según Castro, "aquí les ha fallado, precisamente, la forma y la cronología" porque "están constatados en los correos que se han analizado" y "ha quedado acreditado lo que todos sabían y no tan pocos verbalizaban".
Delito de prevaricación y responsabilidades políticas
La abogada de Vox subrayó que la decisión de crear y luego "reconvertir" un puesto de alta dirección "no respondió a ninguna necesidad real de los conservatorios, sino a la voluntad política preconcebida de acomodar a una persona determinada". Esto, a su juicio, constituye "un abuso de una posición" que el tipo penal de prevaricación debe sancionar. Citando la definición legal, explicó que "el delito de prevaricación no trata de sustituir a la jurisdicción contencioso-administrativa en su labor genérica de control del sometimiento de la actuación administrativa, sino de sancionar supuestos límites, como este, añado yo, en los que la posición de superioridad que proporciona el ejercicio de la función, se utiliza para imponer arbitrariamente el mero capricho de la autoridad o funcionario, perjudicando al ciudadano".
Alejándose de "rumores, charlas de café", la letrada citó como "evidencias" el testimonio de Evaristo Valentí, director del Conservatorio Superior en 2017, quien había escuchado el rumor de la inminente llegada de David Sánchez. Esto, junto con la confirmación de que "el núcleo de decisión fue político" y que "el procedimiento administrativo ha sido un medio delictivo", sustenta la petición de un concurso medial de tráfico de influencias y prevaricación. Finalmente, se recalcó la implicación de Miguel Ángel Gallardo, identificado como "el principal impulsor" de la trama, cuya motivación sería "congraciarse, buscar apoyo, la entrega al líder, al uno".
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